Columnas
2007-04-13
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Manuel Riesco
especial para G-80

Nueva Ley General de Educación

Según lo prometido, el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha propuesto una nueva Ley General de Educación en reemplazo de la actual Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE. Aunque insuficiente, el proyecto constituye un paso adelante, puesto que eleva el compromiso del Estado en cuanto a garantizar a todos el derecho a una educación de calidad, y mejora en parte su capacidad de regular la educación privada. Sin embargo, aún está por verse lo principal: Como se propone abordar a reconstrucción del sistema nacional de educación pública, cuyo desmantelamiento por la LOCE constituye la causa principal de la crisis actual. Según establece el mismo proyecto, próximamente, el Consejo de Ministros hará entrega de recomendaciones y propuestas de financiamiento y gestión de la educación pública y municipal, así como de reforma de la educación superior, y un nuevo proyecto de ley abordará la creación de una Superintendencia de Educación. En estas materias deben haber soluciones efectivas.

El proyecto de Ley General de Educación se propone objetivos loables, principalmente, asegurar la calidad y equidad de la misma. Garantiza la libertad de enseñanza, entendida como la posibilidad de elegir colegios y fundarlos, pero muy especialmente, enfatiza el refuerzo al derecho a la educación. Reconoce el derecho a una educación de calidad en condiciones de equidad, y hace un poco más explícito el deber del Estado de velar por ésta en condiciones de gratuidad, desde el nivel parvulario hasta el medio, elevando los estándares de reconocimiento oficial de la educación privada. Lo que ha sacado más roncha en la derecha es que extiende a toda ésta, cuando es financiada por el Estado, el razonable requisito que debe ser impartida por instituciones sin fines de lucro, el mismo que actualmente existe en la educación superior. Promueve asimismo la participación y establece un Consejo Nacional de Educación.

Sin embargo, el proyecto presenta insuficiencias importantes. La más significativa es que si bien establece que el Estado “debe financiar un sistema gratuito y asegurar el acceso a ella de toda la población", y actualmente sólo la educación municipal es gratuita, no explicita claramente que la reconstrucción y desarrollo del sistema nacional de educación pública constituye la forma principal en que el Estado garantiza una educación de calidad en condiciones de equidad y gratuidad. Más bien por el contrario, el proyecto insiste en utilizar el concepto de “sostenedores” de establecimientos educacionales. Esta poco elegante categoría fue introducida por la LOCE y pretende igualar los colegios privados con los públicos, y a su amparo se establecen reglas –de financiamiento, principalmente- supuestamente parejas para todos, las que en realidad resultan adecuadas a los primeros en detrimento de estos últimos. Igualmente, el proyecto otorga aún más atribuciones a los establecimientos privados en cuanto a fijar su propio currículum de estudios. No queda claro tampoco que el Consejo Nacional de Educación –cuya planta funcionaria se fija de antemano en un secretario ejecutivo, cuatro profesionales, dos administrativos y un auxiliar, y sus aranceles en un máximo de 102 UTM, lo cual probablemente constituye un aporte al proyecto de parte del Ministerio de Hacienda– constituya un buen ejemplo de la tan necesaria y urgente reconstrucción y fortalecimiento de la institucionalidad y el servicio civil profesional del Estado en materia educacional.

La principal insuficiencia del proyecto queda en evidencia desde su misma introducción. Plantea que “el actual marco regulatorio de la educación fue concebido cuando la principal preocupación y objetivo de las políticas públicas era el de la extensión de la cobertura educacional... que (en) nuestro país ha alcanzado niveles significativos". Eso sencillamente no es verdad. Nuestro país efectivamente exhibió una preocupación especial por el aumento de la cobertura educacional, y alcanzó logros impresionantes al respecto, pero ello ocurrió mucho antes de la dictación de la LOCE, y fue interrumpido violentamente por el golpe militar. La dictadura redujo el presupuesto educacional a la mitad, intervino y desarticuló de modo brutal el sistema educacional público. El número total de alumnos matriculados en el sistema en su conjunto, que había venido creciendo a tasas aceleradas hasta 1973, especialmente en el nivel superior, de hecho se redujo hasta 1982 y luego se estancó hasta el término de la dictadura. Los colegios públicos tienen hoy 700.000 alumnos menos que en 1974, y los “sostenedores” privados no han sido capaces de reemplazarlos con educación de calidad y en condiciones de equidad. Hace tres décadas, 30 de cada cien chilenas y chilenos de todas las edades estaban matriculados en el sistema nacional de educación pública, proporción que se había reducido a 25 en todo el sistema, público y privado, al término de la dictadura. Aún hoy, luego del importante esfuerzo de recuperación realizado por los gobiernos democráticos, sólo 27 de cada cien habitantes está matriculado en el sistema educacional en su conjunto. Es verdad que al mismo tiempo los cambios demográficos han permitido lograr cobertura completa en los niveles básico y medio, sin embargo, el país se ha quedado atrás seriamente en cobertura superior, la que alcanza apenas a un tercio, la mitad de Argentina y Uruguay, y muy lejos del 98% que alcanzan países como Corea, en ese nivel. Cuando se implantó la LOCE, la “principal preocupación y objetivo de las políticas públicas” no era “la extensión de la cobertura educacional”, sino dejar amarrada con cerrojo la continuada privatización y desmantelamiento de los sistemas públicos, y la promoción a como diera lugar del mercado y la empresa privada como solución a todos los problemas, incluida la educación. El fracaso de este gigantesco intento de intervención social inspirado en una ideología privatizadora en extremo, es patente en la educación (como lo ha sido en el transporte público). No es casualidad que en los países de la OECD, los establecimientos donde estudian más del 80% del alumnado, y más del 90% del financiamiento, son públicos, mientras en Chile hoy son privados al menos la mitad.

Como ha planteado CENDA en su propuesta presentada al Consejo Asesor Educacional, es necesario partir “del reconocimiento pleno de la existencia y muy diferente naturaleza de los dos grandes sistemas educacionales que reciben financiamiento estatal, el público y el particular subvencionado, y de la necesidad de impulsar fuertemente el desarrollo armónico de ambos sistemas. Muy especialmente, esta propuesta sugiere poner el énfasis en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública, que constituye, de lejos, el pilar principal del sistema educacional en su conjunto, y cuyo continuado desmantelamiento y deterioro a lo largo de las últimas décadas constituye, de acuerdo a este punto de vista, la causa principal de la crisis actual. Ello exige, sin embargo, considerar las condiciones, exigencias, formas de organización y especialmente de financiamiento, que sean más adecuadas cada uno de los dos grandes sistemas educacionales, de modo de garantizar el pleno desarrollo de ambos. A partir de este razonamiento, se propone un financiamiento vía presupuesto para la educación de propiedad del Estado y subsidio a la demanda para la educación particular subvencionada.” Mientras ello no se reconozca, no habrá solución efectiva a la crisis educacional, por más que se dicten leyes que establezcan todo tipo de derechos – ellos corren el riesgo de quedar en el papel.

Manuel Riesco es economista

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