Columnas
2007-07-06
8621 lecturas

Manuel Riesco
especial para G-80

Edad de jubilación de las mujeres

Los partidos de la Concertación y los ministerios de Hacienda y Trabajo han establecido un protocolo de acuerdo que establece el aumento de la edad de jubilación de las mujeres de menores ingresos a 65 años. Las cifras que fundamentaron esta posición de Hacienda parecen exageradas. Por otra parte, en el acuerdo tampoco se tocan los escándalos de las pensiones vitalicias ni comisiones de las AFP. Ello es inaceptable. Paralelamente el gobierno aceptó introducir una cotización patronal para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia y ratificó la posibilidad de crear una AFP estatal.

Hacienda argumentó que el costo de mantener en 60 años la edad de jubilación de las mujeres que van a recibir la pensión básica llegaba a 800 millones dólares anuales, en régimen. Esa cifra es a todas luces exagerada. Según CELADE, el número de mujeres entre 60 y 64 años que pueden aspirar a este beneficio son actualmente 182.533, que representan el 60% de la población femenina de esa edad (2005). Si a todas ellas se les pagase una pensión de $75.000 mensuales, ello representaría un costo de 164.280 millones de pesos anuales, que equivalen a 310 millones de dólares, cifra que aumenta a 358 millones al 2010, y a 630 millones el 2045, como cualquiera puede comprobar armado de una simple calculadora (ver cuadro).

Sin embargo, hay que descontar de esa cifra lo que el Estado está gastando hoy en pensiones de mujeres en esa categoría, lo cual, según cifras del INP son aproximadamente 96.033 millones de pesos (2005). Por lo tanto, el costo adicional de otorgar pensión básica a las mujeres de 60-64 años resulta de sólo 68.247 millones de pesos, que equivalen a 129 millones de dólares. Hacia mediados de siglo, dicha cifra sube a 449 millones, muy distantes de los 800 estimados por Hacienda (ver cuadro).

Las cifras absolutas pueden asustar a algunos incautos, sin embargo resultan muy poco significativas cuando se las compara con el gasto actual del fisco en previsión. En efecto, actualmente (2005), el gasto adicional de otorgar pensiones básicas a las mujeres de 60-64 años no representa más que el 2,1% del gasto público previsional total. El 2005, este último alcanzó a 3,2 billones de pesos, equivalentes a más de 6.000 millones de dólares. Si se proyecta continuar gastando hacia el futuro lo mismo que en el último cuarto de siglo como porcentaje del PIB (del orden del 5-6%), al 2045 el costo adicional de otorgar pensiones a las mujeres de 60-64 años no representará más del 1,6% del gasto total en pensiones (ver cuadro).



Costo adicional de pensión básica mujeres 60-64 años

Años


ítem

2005

2010

2025

2045

Número de mujeres 60-64 años (CELADE)

304.222

351.316

598.216

618.557

Cobertura

60%

60%

60%

60%

Mujeres de 60-64 años con derecho a pensión básica

182.533

210.790

358.930

371,.34

Monto pensión básica ($/mes)

75.000

75.000

75.000

75.000


Costo de pensiones básicas de mujeres de 60-64 años (millones $/año)

164.280

189.711

323.037

334.021


Gasto público previsional total si se mantiene el nivel actual como proporción del PIB (millones $ año)

3.219.790

4.109.359

7.400.723

14.725.876


Costo del pensiones básicas de mujeres de 60-64 años como % del gasto público previsional (%)

5,1%

4,6%

4,4%

2,3%

Número de pensiones públicas actuales en el tramo (INP)

65.520

57.330

32.760

-

Monto promedio actual pensiones públicas segmento ($/mes) (INP)

122.142

122.142

122.142

122.142


Gasto actual en el tramo (millones $ /año)

96.033

96.033

96.033

96.033


Diferencia con gasto 2005 (millones $/año)

68.247

93.677

227.003

237.987


Diferencia con gasto 2005 (millones US$/año)

129

177

428

449


Diferencia como % del gasto público previsional total (%)

2,1%

2,3%

3,1%

1,6%


$/U$

530



Francamente, produce indignación la actitud que adoptan funcionarios de Hacienda de pintar las cosas como si se fuera a acabar el mundo por financiar un derecho adquirido de las mujeres de menores ingresos. Como se puede comprobar del cuadro anterior, ello no representa más allá de un par de puntos porcentuales del gasto actual en pensiones. ¿Por qué estos guardianes de la caja pública no adoptan una actitud parecida cuando se trata de dispendios fiscales groseros que benefician a una minoría de altos ingresos?

Por ejemplo, según el Servicio de Impuestos Internos, las franquicias tributarias que benefician a quienes cotizan en las AFP representaron 358.000 millones de pesos, a lo que hay que agregar 54.156 millones en franquicias a quienes realizan ahorro previsional voluntario. Es decir, estas dos franquicias suman 412.156 millones de pesos anuales (2004), equivalentes a 778 millones de dólares, cifra varias veces superior al costo adicional de dar Pensión Básica Solidaria (PBS) a las mujeres desde los 60 años. Sin embargo, estas franquicias escandalosas benefician sólo a quienes pagan impuestos, que son aquellos que ganan sueldos elevados, y adicionalmente realizan ahorro previsional voluntario. Ellos no representan más allá del 5% del total de afiliados. Los guardianes del cofre no dicen nada al respecto (ellos mismos se benefician con estas franquicias). En cambio, ponen el grito en el cielo cuando se trata de gastar una fracción de esta cifra en beneficio del 60% de las mujeres de menores ingresos. Con razón, El Mercurio pone a estos funcionarios por los cuernos de la luna, alabando su responsabilidad, habilidad y buen sentido político. ¡Qué descaro!

Por otro lado, aparentemente se ha logrado al menos la anuencia del gobierno para introducir una cotización patronal para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia, que en lo sucesivo sería contratado de modo centralizado por el Estado. Igualmente parece avanzarse hacia la decisión política de contar con una AFP estatal. Parece indispensable, adicionalmente, que el Parlamento ponga coto al escándalo de las pensiones vitalicias del sistema de AFP. En su forma actual es el único seguro en que la prima se paga al contado y por adelantado. En este caso, obligan al asegurado a traspasarles la totalidad de su fondo de pensiones. A causa de ello, principalmente, además de las elevadas primas de invalidez y sobrevivencia, las compañías de seguros relacionadas con la previsión se están apoderando de parte significativa de las cotizaciones de los afiliados. Si a ello se agregan las comisiones cobradas por las AFP, ambas industrias en conjunto se han apoderado del equivalente a uno de cada tres pesos cotizados en el sistema entre 1982 y 2006.

Esta escandalosa anomalía del sistema de AFP puede corregirse otorgando a los seguros de pensiones vitalicias un tratamiento parecido al que el Parlamento está considerando para el seguro de invalidez y sobrevivencia. La situación es similar, puesto que en ambos casos se trata de contratar un seguro ante una eventualidad, de un accidente en un caso, o una sobrevida por encima del promedio, en el otro. El riesgo de invalidez se asegura con una moderada cotización que pagan todos los afiliados en actividad, la cual acertadamente con el acuerdo se quiere financiar con cargo a una cotización patronal y contratar centralizada mente por el Estado. De la misma manera, una cotización patronal moderada puede asegurar a todos ante el riesgo de vivir más que el promedio y por lo tanto garantizar una pensión vitalicia.

Sin embargo, los afiliados deben quedar cubiertos asimismo ante la eventualidad que sus fondos de pensiones se diluyan por efecto de “crash” bursátiles u otros motivos. Esta es actualmente una eventualidad de alto riesgo para todos los afiliados, ante la cual es necesario asegurarlos. Ello se puede lograr asimismo contratando un seguro el cual se puede financiar también mediante una contribución patronal moderada. De este modo, se puede garantizar a todos los afiliados a las AFP que van a obtener pensiones definidas y por vida, aún en el caso que una crisis económica esfume parte de sus fondos de pensiones. El fondo de pensiones de cada uno serviría así para financiar las pensiones de los afiliados a las AFP, igual que ahora. Sin embargo, en caso de resultar insuficiente por cualquier motivo, entraría a operar el seguro, que garantizaría la continuidad del pago por toda la vida del afiliado.

Queda por dilucidar cuál debe ser el monto de las pensiones definidas y vitalicias que se pueden garantizar mediante este seguro. Felizmente, se cuenta con un parámetro que es muy útil para estos efectos, y es el monto de las pensiones que hoy otorga el INP. Lo mínimo es que las pensiones a futuro no sean inferiores a las públicas que hoy reciben la mayoría de los adultos mayores. En el caso de las mujeres, por cierto, un seguro de esta naturaleza debe otorgar estos beneficios a partir de los 60 años. Se puede quizás mejorar el mecanismo de cálculo, de modo que se consideren las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida y no solamente las de los últimos tres o cinco años. Un seguro de esta naturaleza es perfectamente factible. CENDA lo ha comprobarlo en un estudio entregado a la comisión asesora presidencial (ver www.cendachile.cl/Propuesta_CENDA_Reforma_Previsional ).

Naturalmente, estos supuestos se hacen sobre la base que se termina con el actual abuso de las AFP y compañías de seguros, el que no tiene posibilidad alguna de sostenerse por mucho tiempo más. Ello exige una profunda re-ingeniería de esta industria, mediante la cual se concentren en el INP las funciones con economías de escala como recaudación y pago de beneficios y se dejen en las AFP solamente las funciones de gestión de fondos. La contratación de todos los seguros propuestos debe ser desde luego centralizada y con un operador estatal asimismo en este ámbito.

Todas las mujeres tienen derecho a jubilarse a los 60 años, especialmente aquellas de menores ingresos. Por otra parte, todas las pensiones deben ser vitalicias, su monto debe ser definido y estable y no puede ser inferior al que actualmente otorga el INP. Cualquier reforma que se quede corta de este objetivo no contará con legitimidad. Los afectados con todo derecho seguirán presionando por volver al INP. Ya lo han logrado en Argentina y Perú y tarde o temprano lo conseguirán asimismo en Chile de no corregirse esta injusticia. La introducción de un seguro de pensiones vitalicias, definidas y equivalentes a las del INP puede corregir esta anomalía. Su factibilidad ha sido demostrada y puede financiar con una cotización patronal moderada. Los chilenos tienen la palabra.

Manuel Riesco es economista Cenda



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