2012-03-21
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Luis Casado
especial para G80
¿Qué queda del Estado?
“...porque mientras más débil es una autoridad, más le hace falta manifestarse para afirmarse”.
Barbara Skarga. “Penser après le Goulag”. Ed. du Relief. París 2011.
En la concepción que surgió de la Revolución francesa de 1789, el Estado es el representante de la voluntad general, el encargado de velar por el interés general. En la República, la ley es la expresión libre y solemne de la voluntad del pueblo. El pueblo es el soberano: el gobierno es su obra y su propiedad, y los funcionarios públicos son sus servidores.
Intuyendo que la democracia representativa podía derivar hacia la corrupción de los mandatarios, Robespierre redactó un artículo ad-hoc: “En todo estado libre, la ley debe defender sobre todo la libertad pública e individual contra el abuso de la autoridad de aquellos que gobiernan. Toda institución que no supone bueno al pueblo y corruptible al magistrado, es viciosa.” La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada en 1793, fue aún más clara al establecer que “Cuando el gobierno viola los Derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los deberes.” La Declaración de Independencia de los EEUU (1776) también afirma los derechos del pueblo soberano: “Si en algún momento una forma de gobierno deviene perniciosa para esos fines (la libertad y la felicidad del pueblo), es derecho del pueblo modificarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno...”.
Las repúblicas democráticas asumieron durante siglos, en nombre del pueblo Soberano, los poderes que en el absolutismo ejercía la monarquía. Hasta el advenimiento de lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo, que sostiene que la sociedad no existe y que la única relación posible entre los seres humanos es la que determina el interés por el lucro. Entre los subnormalitos que han recibido el pseudo premio Nobel de economía está Gary Becker, que enseña que el matrimonio -o tener hijos y educarlos- depende de un cálculo económico racional.
Esas relaciones se anudan en el mercado, libre y auto-regulado, en el que toda intervención del poder público es la mal venida. El Estado, su estructura, sus competencias, sus medios de acción, fueron reducidos progresivamente hasta transformarlo en una caricatura impotente e incapaz. Todo debe ser entregado a la actividad privada, que supuestamente tiene respuesta a todo. “Society doesn’t exist”, decía Margaret Thatcher, y a quienes le preguntaron cómo resolver las cuestiones de las que hasta entonces se ocupaba el Estado les respondió “The market will provide”.
En los albores de las repúblicas modernas, uno de los fundadores de la economía clásica, Adam Smith, afirmó en su libro “La riqueza de las naciones” (1776) que todos los ingresos (renta, lucro y salarios) deben pagar impuestos. “Para financiar el gobierno civil” precisaba, o sea el Estado. Y agregaba, “Los ricos, en particular, están necesariamente interesados en sostener el único orden de cosas que puede asegurarles la posesión de sus ventajas” (...) “El gobierno civil, en cuanto tiene por objetivo la seguridad de la propiedad, es instituido en realidad para defender a los ricos contra los pobres, o bien, aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna” (sic).
Para Adam Smith el Estado no es el representante del interés general ni el encargado de velar por el interés general, sino la estructura destinada a sostener un orden de cosas injusto, a asegurarles a algunos la posesión de sus ventajas, en claro, “defender a los ricos contra los pobres, o bien, aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna”. ¿Injusto? Adam Smith no perdía tiempo con tales objeciones, y afirmaba: “Cuando el poder judicial está unido al poder ejecutivo no es posible evitar que la justicia sea sacrificada a lo que vulgarmente se llama consideraciones políticas” (sic).
Este largo preámbulo no tiene otro objetivo que poner en evidencia el callejón sin salida en el que nos tiene la institucionalidad heredada de la dictadura y consolidada por los gobiernos que se sucedieron de 1990 en adelante. A fuerza de minimizarlo, el Estado ha sido reducido a su dimensión represora. De ahí que a cada estallido de protestas, independientemente de la naturaleza de las reivindicaciones, su única reacción posible sea el uso de la fuerza, la represión. La lista se alarga peligrosamente desde que una movilización popular impidió que se llevara a cabo el crimen ecológico de Punta de Choros: Magallanes, HidroAysén, la lucha del pueblo mapuche, el movimiento estudiantil, Aysén, Calama...
Una de las eminentes figuras de la coalición en el gobierno, el alcalde Cristián Labbé, se refiere a una decisión de la Corte de Apelaciones que protege a los jóvenes excluidos de sus colegios diciendo “perdimos una batalla pero no la guerra”, y declara que “todos los abogados recibieron la orden de apelar”. Ese es el lenguaje cuartelero de un ex agente de la DINA, que parece contaminar a todo el gobierno. Este gobierno “está en guerra” contra la juventud. No da instrucciones, sino “órdenes”.
Labbé, un representante del poder ejecutivo en el ámbito local, discute las decisiones de justicia, algo impensable en democracia en donde el pueblo Soberano establece sus leyes y el Poder Judicial no hace sino aplicarlas.
Del florilegio de las obras de Bárbara Skarga, -resistente polaca a la ocupación nazi y víctima luego del Gulag soviético-, recogí la frase que puse como epígrafe. Así es en efecto, mientras más débil es una autoridad, más reprime. Peor aún, como dice la misma Barbara Skarga, “Un poder totalitario desarrolla su aparato represivo abriéndole inmensas posibilidades a los canallas”. A eso está reducido el Estado en Chile.
Louis Casado
Editor de Politika
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