Columnas
2012-06-16
1715 lecturas

Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Chile bajo ataque y golpe de estado empresarial

El nuestro es un territorio invadido, conquistado, ocupado y expoliado por capitalistas criollos aliados con foráneos. Ya ni siquiera somos República Bananera.

EL ‘PERDONAZO’ QUE otorgó el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) –Julio Pereira- a la multitienda “Johnson’s” encendió el resto de las escasas alarmas que aún se encontraban apagadas. Según ha trascendido a la prensa, dicho servicio condonó el pago de cerca de 59 mil millones de pesos en multas e intereses tributarios a la multitienda, una de las principales en el ya gigante retail chileno.

“El fisco jamás condona impuestos" dijo Pereira, y aclaró que “este proceso sólo se da respecto de las multas e intereses que acumulan los contribuyentes frente a una deuda determinada”. Amparándose en el Código Tributario y en la ley orgánica del SII, no quiso revelar la cuantía exacta del dinero que no cancelará al tesoro público Johnson’s, y señaló que todos los contribuyentes pueden acceder a una condonación de multas e intereses: "Aquí no hay ningún tipo de arbitrariedad. Tanto la señora Juanita como el gran contribuyente pueden acceder a una condonación", afirmó el director del SII, declaración que provoca sonrisillas irónicas  en este incrédulo país, ya que a ojos vista se observan arreglines y miriñaques en las altas esferas de los organismos del estado cuando se trata de “sancionar” a un poderoso.

Un ejemplo de lo anterior es posible hallarlo en la mismísimo Congreso Nacional, emérita institución donde sus moradores jamás están de acuerdo en nada. Es así que el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, el diputado José Manuel Edwards (RN), afirmó que considera que en este caso Impuestos Internos cumplió con la normativa vigente, pero aseguró que era fundamental realizar una revisión de la legalidad para perfeccionar la justicia tributaria en el país.

Por su parte, y en la vereda opuesta, el diputado DC, Fuad Chaín, afirmó que lo fundamental es potenciar una instancia investigadora, pues él maneja antecedentes de que altos funcionarios del SII participaron asesorando a los ejecutivos de la multitienda Jonhson’s a objeto de estructurar un “legal” no pago de multas e intereses.

En los últimos cinco años el SII ha aumentado en más del 300% sus “perdonazos” a grandes empresas, lo que por cierto ningún contribuyente mediano o pequeño ha logrado conseguir, ya que ese servicio fiscal acostumbra referirse a nosotros –los de a pie- como “imponentes o usuarios”, mientras que a las grandes empresas las considera “clientes”, lo cual marca de inmediato diferencias profundas no tan sólo en el trato sino específicamente en las garantías, gabelas, ‘gauchadas’ y acomodos que esas grandes empresas solicitan para evadir pagos diversos.

Lo que hemos sabido de estos ‘perdonazos’ autorizados por la ley –y, obviamente, por el estado chileno- constituye sólo la punta de una hebra que se enreda en madejas gigantescas. Desde hace un tiempo, los empresarios son quienes realmente administran el país, o al menos dos de los tres poderes del estado… ¡qué duda cabe! La demostración de ese aserto se encuentra indirectamente publicada incluso por la prensa ‘oficial’ del sistema (TV abierta, EMOL y COPESA) cuando dieron a conocer casos simbólicos de este ‘golpe de estado’ empresarial como, por ejemplo, ‘La Polar’, Agrosuper, servicios de los Mall’s, Hidroaysén, Castilla, y ahora Johnson’s.

No es este el espacio adecuado para llevar adelante una investigación periodística respecto a cómo y cuánto el mundo empresarial –con la anuencia cómplice del actual gobierno- ha ido colocando en puestos claves de la administración fiscal a muchos de sus representantes, gerentes y/o socios, con el insoslayable propósito de “gobernar a favor de los intereses de esas empresas”. Los casos han dejado de ser la excepción, transformándose este asunto ya en una constante. ¿Cuántos ex gerentes de diversas megaempresas pasaron a ocupar cargos de fuste en la administración pública? Recordemos lo acontecido con algunos cuasi ministros y subsecretarios que se vieron obligados a renunciar al cargo público cuando la prensa independiente reveló sus procedencias e intereses. El del ministro Laurence Golborne es un caso paradigmático. No falta el chileno (y me incluyo) que sospecha de una “movida” del inefable empresario Horst Paulmann, quien bien pudo haber ‘recomendado’ políticamente a su gerente favorito, Golborne, logrando incrustarlo en las más altas esferas del gobierno. ¿Y el caso de Eugenio Bauer –amigo personal de Gonzalo Vial y ex gerente de Agrosuper-, hoy diputado miembro de la Comisión Recursos Naturales (¿?) desde donde defiende con dientes y uñas la ultra contaminante industria de su gran amigo y ex jefe?

Imposible dejar en el tintero lo acontecido con la “colusión de los pollos”, ¿la recuerda usted? Fue en ese evento que personajes ‘públicos’ como Juan Carlos Domínguez (subdirector del INDAP),  Ricardo Ariztía (ex Pdte de la multigremial empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, y Director del INDAP), el director de fomento INDAP, Ramón Arrau, y el jefe de gabinete del subsecretario de Agricultura, Federico Errázuriz, saltaron a la palestra cuando la prensa detectó que tenían antiguos y sólidos nexos ‘gerenciales’ con las empresas productoras de pollo acusadas por la FNE (Fiscalía Nacional Económica).

Tan sorprendente como los anteriores es el caso del ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, quien votó en contra de detener el proyecto Hidroaysén, pero que en su declaración de intereses señala que posee 109.840 acciones en Endesa, las que adquirió en 1988 y cuyo valor ascendería los 52 millones de pesos? Cabe indicar que la empresa Endesa, junto a Colbún, es una de las impulsoras del proyecto Hidroysén.

También debemos recordar a Sergio del Campo, quien finalmente tuvo que inhabilitarse como Ministro de Energía ya que había sido Gerente General de la Termoeléctrica ‘Guacolda’. Su sucesor, ratificado en el cargo por La Moneda, Jorge Bunster, fue gerente general de la  Compañía de Petróleos de Chile, Copec S.A., por casi dos décadas  y vendió, recién asumido, sus acciones de Enersis y Copec. ¿Será necesario comenzar a enumerar los casos de ‘conflictos de intereses’ subyacentes en otras instancias gubernamentales, como el Ministerio de Educación, donde –a lo largo del país- muchos altos funcionarios poseen participación directa en colegios subvencionados y/o particulares?

Lo dicho, demasiados ‘casos’ para considerar el asunto como algo excepcional. Pareciera que realmente los empresarios dieron un golpe de estado blando y dirigen la nación sin contrapeso.

Por ello, respecto de la necesaria investigación periodística que esta materia impetra, me parece adecuado dejarla encargada a quienes son profesionales de la prensa, ya que no veo otra forma de poner atajo a una situación en la cual las megaempresas estrujan, esquilman y exprimen a voluntad al país, burlándose sin ambages de nuestra pusilánime paciencia, y aprovechando el entreguismo de los principales bloques políticos que se han transformado en cómplices de la esquila a Chile.

Arturo Alejandro Muñoz

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