2012-07-18
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Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80
Crisis española obliga a preguntar: ¿quién crece en Chile, las empresas o el país?
Si en nuestro país no hay reinversión de las ganancias de las transnacionales, si el pago de impuestos es risible, si tampoco hay diversificación tecnológica, ¿de qué se trata entonces? ¿Podemos decir que nuestra economía ‘crece’?
 DE SEGURO en este momento el turismo en Europa no debe ser muy agradable, ya que recorrer calles y plazas de países como Portugal, España, Italia y Grecia significa escuchar a decenas de personas quejumbrosas, hartas de sus propios gobiernos y de la situación que a sus vidas les tocó enfrentar, sin poder siquiera entretenerlas contándoles anécdotas del país latinoamericano del cual uno procede.
Tener un 23% de cesantía ‘oficial’ no es chiste que ningún gobierno pueda aguantar. Y si nos refiriésemos a la cesantía no oficial –vale decir, a la verdadera- esa cifra bien podría empinarse hasta el 30%. En esta tragedia, “España la lleva”, diría un jovenzuelo. Aunque Grecia se encuentra hundida varios metros más abajo que los habitantes de la península Ibérica, e Italia ya siente los primeros estertores de la fiebre crítica, al igual que Portugal… aunque los lusitanos tienen más escamas que el resto de los socios de la comunidad europea, pues nunca han estado mucho mejor de lo que hoy están.
Pero, el caso de España tiene aristas diferentes a las del resto. Desde hace 20 años aproximadamente, ese país volvió a desembarcar en nuestra región, sin necesidad de cruz ni espada, sino solamente a través del llamado “Consenso de Washington” que, tras la caída del muro de Berlín a finales de los 80, propuso a las naciones latinoamericanas la apertura económica, la privatización de los bienes y empresas estatales, y también una amplia apertura (sin muchas condicionantes) a la llegada de inversiones extranjeras.
Energía, aviación, banca, hotelería, telecomunicaciones, fueron los primigenios sectores con los que España se convirtió en el principal inversor europeo en la región. Fue así que Argentina, Brasil, Chile y México absorbieron el 85% de la inversión directa española. Colombia, Perú y Venezuela se llevaron el 12%, mientras que el resto se distribuyó entre Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En la actualidad, más de 1.300 empresas españolas están instaladas en Chile, y se sabe que 50 de ellas –las valencianas- consideran como sectores que ofrecen atractivas oportunidades de negocios a la energía solar, las infraestructuras, la construcción, las nuevas tecnologías y el escenario agroalimentario.
Firmas como Telefónica (Movistar), Santander y BBVA obtuvieron en Latinoamérica cerca de la mitad de sus ganancias durante el 2011, mientras la región aporta más de un tercio de los beneficios totales del grupo constructor Obrascón Huarte Laín (OHL) y casi un cuarto para la aseguradora MAPFRE. Una reciente encuesta de IE Business School indicó que aproximadamente la mitad de las empresas españolas con presencia en Latinoamérica espera que para el 2015 la región pase a ser un mercado más importante para sus negocios que el propio país europeo.
A no dudar, todo ello ha significado un excelente negocio para esas empresas, pero no pueden decir lo mismo nuestros pueblos latinoamericanos, ya que –a grandes rasgos- algunos de los impactos negativos que han provocado las grandes corporaciones hispanas en nuestro subcontinente son:
* Pocos (de verdad, escasísimos, risibles) ingresos fiscales vía pago de impuestos y regalías.
* Elevación de tarifas en un contexto de disminución de ingresos de la población.
* Políticas nacionales de rescate con fondos públicos de grandes empresas en dificultades.
* Poca socialización de la tecnología para el país de destino.
* Despido de trabajadores y reducción de los beneficios sociales.
* Énfasis en las políticas de extracción de recursos naturales.
* Desplazamiento de empresas locales.
Añadamos también graves impactos sociales y ambientales, además de múltiples violaciones de Derechos Humanos, todo lo cual ha derivado en el surgimiento de fuertes resistencias locales, abrigadas hoy por amplias redes transnacionales de solidaridad. Lo acaecido en Argentina con REPSOL YPF es solamente la hebra de una madeja que bien podría comenzar a ser desenrollada en otras naciones del subcontinente si los poderosos inversionistas extranjeros continúan negando satisfacer necesidades, tal como se le exige a toda mega empresa en su país de origen.
A este respecto, el analista internacional Ricardo Gayol, asegura: “Algunas de estas empresas españolas en América Latina, han recibido multitud de denuncias por su actitud mafiosa, presionando a los gobiernos locales y centrales para beneficiar sus intereses, pasando por encima de los derechos de los pueblos para instalar o desarrollar sus proyectos, como los casos de Endesa en Chile que obligan al desplazamiento de la población mapuche, o en Colombia con la propia Unión Fenosa, que obligan a la retirada de poblaciones indígenas de su territorio, que son acosados por sicarios y paramilitares.”
Ello ha llegado de la mano con el desabroche de la crisis económica en algunos países del viejo continente, y en variados círculos políticos europeos se está planteando la “cuestión latinoamericana” como un asunto de prioridad inexcusable, ya que las gruesas ganancias de empresas transnacionales no están siendo reinvertidas en los países a que pertenecen sus casa matrices, como es el caso de España, lo cual pone en tela de juicio –allá en Europa- la estatura moral de algunos inversionistas, precisamente en la misma hora que sus ‘patrias’ les demandan apoyo, rechazando de plano la repartija de millones de euros que socios y/o propietarios de las mentadas empresas acostumbran echar a sus faltriqueras semestralmente.
No obstante, el asunto es mucho más complicado aún pues la crisis podría obligar a algunas empresas españolas a vender sus lucrativas acciones latinoamericanas o reducir su inversión, lo cual las colocaría en una posición inestable si el gobierno de Mariano Rajoy las presiona a invertir sus ganancias en territorio español para crear empleos, dejando a Latinoamérica con nulas posibilidades de recibir parte de esos dineros… lo que pasaría a constituir –económicamente- un cero absoluto si se considera que ya hoy tales empresas aportan poco y nada a las naciones donde están instaladas.
Por otra parte, como materia también para nutrir el análisis, es bueno recordar que en España está cobrando cuerpo la idea de transformar ese ‘reino’ en una República Federal, donde por supuesto asturianos, vascos, gallegos y catalanes legislarían rápidamente a objeto de obligar a todas sus empresas que mantienen filiales en el extranjero a tributar fuertemente en ese Estado regional, lo que, obviamente, cambiaría por completo el actual ‘mapa de expoliación’ usado por muchas mega empresas hispanas en nuestro continente.
Pensando en lo anterior recuerdo que ya existe un grupo mayoritario de catalanes que exige la independencia absoluta, un país aparte, donde ellos administren sus propios recursos y también las ganancias de la industria. Hay otro grupo que cree en la República Federal, con un poco más de autonomía para Catalunya, pero siempre siendo españoles. En general, los catalanes no quieren seguir abonando dinero a un país que no les retribuye como corresponde, ya que ellos aportan más de 16 mil millones de euros a España, y esta le devuelve solamente cinco o seis mil millones. Algo similar ocurre con vascos y asturianos.
Es por ello que la pregunta del título de este artículo encuentra asidero en lo ya expuesto. Cuando se habla –con el desparpajo que caracteriza a políticos y empresarios- del “crecimiento de la Economía chilena”, ¿de qué se está realmente hablando? ¿Del crecimiento del país? ¿Del mejoramiento del bienestar de su gente? ¿De una adecuada distribución de la riqueza? ¿O lo anterior se refiere exclusivamente a la engorda de un grupo de empresarios extranjeros asociados con 15 o 20 familias millonarias criollas, sin que ello le signifique al país –en términos concretos, como es bien sabido- ni bienestar, ni crecimiento ni independencia económica?
Supongamos, y sólo supongamos, que las autoridades españolas, ante la actual situación de catástrofe económica que esa nación experimenta (no olvidar: 23% de cesantía, y aumentando) determinaran que todas sus empresarios y empresas deberán reinvertir un alto porcentaje de sus ganancias en tierras hispanas y pagar allí elevados nuevos impuestos, o…simplemente, retornar sus capitales a la Madre Patria…capitales y tecnología. Si ello ocurriese, ¿la Economía chilena seguiría “creciendo”? ¿O volveríamos casi a fojas cero? ¿Sí? ¿Y, entonces, de qué CRECIMIENTO nacional hablan los expertos, si ni siquiera a través de un pago digno de impuestos y royalty las arcas fiscales se han beneficiado?
Arturo Alejandro Muñoz
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