Columnas
2012-07-28
1404 lecturas

Rafael Luis Gumucio Rivas
especial para G80

O seguir dominado por el 'peso de la noche' o atreverse a cambiar las reglas

El “peso de la noche” portaliano, una frase genial del ministro Diego Portales para caracterizar a nuestra plutocracia, aún, en 2012, sigue tan vigente como lo era en el siglo XIX. Llevamos 22 años regidos por una Constitución autoritaria, que pretendió ser reencauchada, en sentido democrático, por un Presidente socialista y su Gabinete, sin embargo en ella aún prevalece el espíritu reaccionario de Vásquez Mella, Donoso y Cortés, Osvaldo Lira, Jaime Guzmán, Francisco Franco y Augusto Pinochet – para sólo citar a algunos -. Tenemos otros 22 años de régimen electoral binominal, un empate que mantiene el poder estático de la colusión Concertación-Alianza. En Chile, la última Constituyente se llevó a cabo en 1826, las demás Constituciones han sido impuestas por personajes autoritarios – Portales, en 1933; Arturo Alessandri, en 1935; Augusto Pinochet, en 1980 -. Los dos plebiscitos (1925 y 1980) fueron fraudulentos.

El modelo chileno actual consiste en una alternancia en el poder entre la Concertación y la Coalición por el Cambio. En lo central, ambos conglomerados implementan las mismas políticas públicas, sólo cambia el decorado, la impronta y los personajes – antes el eje DC-PS, (más el PPD y PR, que han jugado un papel secundario), englobados en la trilogía Gutenberg Martínez, Camilo Escalona y Guido Girardi -. A partir de 2010 ocupan el escenario el Presidente Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Andrés Allamand, la todopoderosa UDI y, en un papel secundario, Renovación Nacional. De triunfar cualquiera de los candidatos de la colusión Concertación-Alianza. Sólo podemos esperar cambios cosméticos gatopardistas y no una profunda renovación de las reglas del modelo, hoy en crisis de representación.

Si el clivaje fundamental es la persistencia del “peso de la noche” o el cambio de las reglas del sistema político, no hay donde perderse: el primer paso consiste en la construcción de una nueva Constitución, en este caso, por primera vez en nuestra historia, redactada y pensada por el único detentor del poder soberano, la ciudadanía

Si la alternativa es cambiar las reglas, habrá que considerar varios aspectos: 1) terminar con la monarquía presidencial, buscando un equilibrio de poderes, balances y contrabalances; 2) equiparar la representación a la participación directa de los ciudadanos – iniciativa popular de ley, plebiscitos y revocación de mandatos -; 3) devolver la soberanía al pueblo, terminando con el binominal e instalando un sistema proporcional competitivo; 4) terminar con el centralismo y construir un Estado federal, en el cual intendentes y consejeros regionales sean elegidos por sufragio universal; 5) hacer de Chile un país consagrado a la promoción de los derechos humanos y civiles – derechos reproductivos de la mujer, matrimonio igualitario, integración constitucional de los pueblos originarios, derogación de todas las leyes liberticidas y represivas, entre otras -; 6) educación y salud pública gratuita y de calidad garantizadas por la Constitución, y que todo ciudadano pueda querellarse contra el Estado de oficio, cuando considere que se le conculcan estos derechos; 7) la igualdad de oportunidades constituirá la médula y el alma de la nueva Carta Magna; se considerará un atropello a los derechos humanos la pobreza, y será un mandato fundamental de la sociedad y del gobierno, ponerle fin al más corto plazo; 8) se promoverá la equidad en las cargas públicas, eliminando toda forma de elusión y evasión fiscal, instaurando el principio de que las grandes empresas deberán pagar impuestos por sus utilidades y no por las retiradas, así como el establecimiento de un IVA diferenciado y especiales beneficios para las pequeñas y medianas empresas que contraten más trabajadores; 9) Hacer efectivas la responsabilidad política, ampliando la acusación constitucional a los alcaldes, jefes de servicio y, sobre todo, a los superintendentes; ningún funcionario podrá ocupar cargos en instituciones particulares que hayan sido fiscalizadas por él; 10) nuestra política exterior estará orientada hacia la unidad de los países del continente latinoamericano, preferencialmente; nuestra cancillería deberá romper relaciones, automáticamente, con cualquier país donde se haya instaurado un gobierno en forma antidemocrática.

Rafael Luis Gumucio Rivas

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