Columnas
2012-12-06
2109 lecturas

Angel Saldomando
especial para G80

Fronteras externas e internas

Parece haber un desfase en la frontera externa entre lo que ocurre en la Haya en torno al diferendo Chile Perú y lo que ocurre en la frontera interna dónde el maquillaje del modelo neoliberal y su base autoritaria se cayó. Como si fuera poco la corrupción es cada vez más evidente y el hedor es ahora más fuerte que el hedor de varios freirinas reunidos.

Soberanías

Es un poco patética la súbita unidad patriótica de la élite política y económica en defensa de la soberanía. Ceñudos dirigentes ocupan espacios mediáticos para superarse unos a otros en hacer mérito nacionalista. Pero no se les ha visto defender la primera de las soberanías, la popular para fundamentar las instituciones y las leyes frente a la constitución dictatorial. Tampoco la soberanía de los recursos naturales ni de los fondos de las AFP, aun menos la soberanía de los derechos de sus habitantes originarios. La única razón geopolítica imperante son los negocios expresados en tratados de libre comercio bilaterales en los que Chile tiene record. En cambio hay poca solidaridad en la defensa de intereses regionales latinoamericanos, hay repliegue timorato o desprecio frente a los cambios de tendencia en las políticas públicas y a los movimientos que las impulsan, hay relaciones privilegiadas con los regímenes más conservadores. Con la legitimidad más baja en todos los campos de la vida nacional y con el apoyo más bajo en la región Chile aparece esquizofrénico entre su tendencia de país replegado, timorato, conservador y añejo y el encantamiento de la élite por su propia imagen de buenas cifras de negocios que esconden todas las otras realidades.

La contradicción entre autismo dirigente y malestar social no sólo la revelan las encuestas de opinión negativas citadas una y otra vez. Es más evidente en el desfase entre las demandas de la sociedad y la capacidad de respuesta política e institucional dónde prima exclusivamente el interés de grupos económicos y la transversalidad de estos en las cúpulas políticas. No es casual entonces que los problemas y demandas sociales se judicialicen cada vez más como últimos recurso ciudadano. Si pero ¿Hasta cuándo? La ley no puede resolver la ausencia ni crear un modelo de sociedad sostenible, garante de derechos sociales y democráticos que validen la integración y la igualdad de los ciudadanos en la nación, esa cuya soberanía interna no se defiende.

¿Derrumbe del modelo o gobernabilidad tensionada?

Detrás de esta constatación de una soberanía nacional disminuida se contradicen las afirmaciones en torno al “derrumbe del modelo” y a la afirmación de un continuismo, más accidentado cierto, pero continuismo al fin.  En esto el desafío mayor sería la gobernabilidad que sólo algunos podrían garantizar con sus recursos políticos y de poder ofertado en el mercado de transacciones políticas. Pero gobernabilidad de qué y para qué es lo que habría que preguntar.

La gobernabilidad tendrá  que definirse en torno a las propuestas de cambio, de continuismo o de las dosis de unos y otro. Esto es siempre en relación a lo que existe, el modelo neoliberal y no a lo hipotético por venir que es lo que hay que encontrar en base a las demandas existentes. Demandas en torno a la constitución, la educación, la seguridad social, los fondos de pensiones, la legislación laboral, el problema ambiental, étnico, la desprotección de los ciudadanos y los consumidores frente al mercado, el modelo de sociedad en suma.

El objetivo del modelo de gobernabilidad vigente ha sido tan claro que estuvo hecho exclusivamente para lograr una apertura democrática con alto control político y social cuyo objetivo era administrar y conservar el modelo económico y político existente, reorientando la acción pública hacia una mayor compensación social evitando conflictos.

Su base fue un sistema cerrado de negociación  entre la concertación con la derecha, muy autónomo y desconectado de presiones sociales, con una alta centralización política e institucional de la respuesta a las demandas.

El modo de gobernabilidad conservó la base de la relación estado sociedad, instalada por el régimen militar. Es decir gran autonomía de las instituciones y del proceso de toma de decisiones, las limitó en un papel subsidiario. La prevalencia del mercado se mantuvo con bajas capacidades de regulación. La introducción de sistemas gerenciales de mercado en la administración pública afirmó un tipo de burocracia flexible, con la mayoría del personal con contratos temporales y un enfoque de los ciudadanos como clientes y no como sujetos de derecho.

El juego de opciones de política y del conflicto pluralista en la toma de decisiones se cerró y ello configuró un tipo de relación institucionalidad-sociedad funcional al control del conflicto y de la demanda social en el marco de una democracia poco deliberativa.

La posición oficial ha sido representar la gobernabilidad como sinónimo de estabilidad en base a compromisos políticos previos entre elites anteriormente enfrentadas. La viabilidad política, la contención del disenso y el conflicto son los principales atributos valorados. Dado los niveles de alta continuidad del modelo de sociedad heredado la incógnita a resolver por el modo de gobernabilidad no fue, durante un largo periodo, el potencial de cambio existente o el futuro. La cuestión central era la administración del modelo es decir la construcción de un modo de ejercicio del poder y de la relación entre estado y sociedad que hiciera viables esa continuidad.

El nuevo estado de ánimo de las sociedad estimulado por los movimientos sociales no se conforma ahora con que esa estabilidad tenga una base autoritaria con arreglos previos desiguales y favorables a las elites y que no sean producto del acontecer democrático conducente a una mayor inclusión social y política.

La pervivencia de los equilibrios políticos dejó un conjunto de temas críticos por fuera del debate público. Esto es lo que ahora no es aceptado pasivamente.

Poco a poco y al inicio lentamente, el modelo de gobernabilidad comenzó a desgastarse y a generar una expectativa en torno al potencial de cambio disponible o acumulado en la sociedad, esta vez implicando de manera conjunta aunque no sincronizada el modelo de sociedad y el esquema de gobernabilidad.

La irrupción desde 2006 de las movilizaciones sociales y su salto espectacular en 2010 han proyectado una demanda de cambio. Esto que el modelo de gobernabilidad había controlado con éxito, alimenta las expectativas sin que haya caminos claros para canalizarlas en lo institucional, en lo político y en lo programático.

El reconocimiento de esta situación funda ahora un debate contradictorio, algo nuevo para el modo de gobernabilidad existente y que pena a administrar. El hecho que se produzcan ahora lecturas contradictorias incluido dentro de los partidos, con actores reales emergentes y movilizados sobre la situación del país muestran que cuando menos la hegemonía del discurso fundador del modelo de gobernabilidad dominante en los últimos está fracturado.

La configuración de esta situación plantea la necesidad de un análisis distinto. Los análisis clásicos han sido de dos tipos. Por un lado se han privilegiado los aspectos normativos a los que un país debe acercarse por otro se ha limitado a los aspectos gerenciales de la acción institucional como sinónimo de buen gobierno.

Otros enfoques  de la gobernabilidad y  por el que se orienta esta reflexión, han considerado como esencial el ejercicio del gobierno y la relación estado sociedad en base a una determinada configuración del poder, nacional y local. Este construye un modelo de funcionamiento que condiciona la toma de decisiones, la entrada de demandas, el comportamiento de la institucionalidad, el manejo de conflicto y las condiciones de legitimidad.

Es interesante destacar que en la actualidad la discusión sobre el papel del estado en Chile, en que algunos postulan una mayor intervención en la protección y puesta en práctica de derechos, mayor capacidad de regulación y una relación más democrática con la sociedad, conlleva una revisión de la matriz mercado céntrica en que está inserta la institucionalidad. Pero también ello supone una modificación del modo de gobernabilidad.

Durante un periodo muy largo la disputa sobre las opciones de sociedad fueron clausuradas. Entre 1973 y 2009 este aspecto fundamental de la evolución social, frente al que la gobernabilidad debe hacer sus pruebas ya sea para conservarlo o transformarlo, fue escamoteado de la acción colectiva y de la toma de decisiones.

Ahora hay evidencia sobre la apertura de una etapa histórica donde estas cuestiones se vuelven pertinentes. La gobernabilidad comienza a ser puesta a prueba ahora en una nueva dirección y con nuevos componentes, ya no sólo para conservar sino que para encontrar les espacios y posibilidades de cambio. Las dosis de uno y otro es lo que dirimirá el proceso político en los próximos años.

El modelo no se ha derrumbado por la pérdida de legitimidad aunque es un componente importante en su debilitamiento. No sería la primera vez que una sociedad convive con altas dosis de continuismo y de pérdida de legitimidad. Otra cosa es el precio que se pague por ello. Son sus condiciones de gobernabilidad las que están tensionadas, no se equivocan quienes desde lo establecido visualizan esto como problema a resolver desde su perspectiva.

Será la capacidad de controlar las demandas, reprimirlas o negociarlas lo que estará  cada vez más en juego. Será el espacio político y la correlación de fuerzas que se logre lo que defina si avanzarán o no las demandas. Estos son problemas de gobernabilidad pero sólo los cambios reales que se logren cuyas condiciones y contenidos están aún por verse podrán verificar la sobrevivencia o el fin del modelo.

Angel Saldomando

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