Columnas
2007-11-19
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Rafael Luis Gumucio Rivas
www.elclarin.cl

Jauja Educativa: en el mejor de los mundos posibles

En una apoteósica ceremonia, los presidentes de partidos políticos de la Alianza y de la Concertación cantaron, al unísono, el Himno Nacional al tiempo que se tomaron de las manos. Pareciera que estuviéramos en el mejor de los mundos voltairianos, pues la clase política daba una “lección de unidad” ante un problema fundamental, para llegar al Bicentenario de la República.

Siguiendo con la metáfora del Siglo de las Luces, el ministro Potemkin tenía la habilidad de mejorar las tasas de los campesinos cuando la zarina, Catalina la Grande, visitaba los pueblos de su vasto imperio.

Algo parecido ocurre con el Acuerdo político sobre educación en Chile, y no faltan las loas, tanto de personeros de la Alianza, como de a Concertación: hemos puesto fin a la LOCE, herencia de la dictadura de Pinochet, sostenía un famoso ministro. El Acuerdo posibilita la creación de una institucionalidad educacional para un largo período, nos dice el experto educacional José Joaquín Brunner. Patricia Matte está feliz, pues se preservó la libertad de enseñanza y el “legítimo lucro de los sostenedores, que hoy los llaman “emprendedores”. En el fondo, como en todos los empates, ambos pactantes sienten haber ganado. Como sostenía Radomiro Tomic en otros tiempos, cuando la izquierda se alía con la derecha, es esta última la que gana.

En el despotismo ilustrado, los verdaderos agentes de la educación terminaban siendo marginados de las decisiones; después de largos meses de aparentar escuchar las propuestas del Colegio de Profesores, de técnicos educativos, de padres y apoderados y de Centros de Alumnos, en elefantiásicas comisiones - que más parecían una asamblea – y audiencias realizadas ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, finalmente se llegó a un ahogamiento de los proyectos presentados por el Ejecutivo, a causa del rechazo de la derecha política de la idea de legislar y, por consiguiente, para salir del impasse, un acuerdo cupular preparado entre gallos y media noche por los funcionarios de Libertad y Desarrollo y el Ministerio de Educación, además de la intervención del Ministro Viera-Gallo ante los presidentes de partido de Renovación Nacional y de la UDI, todas estas acciones y pasos en el arco del famoso “bacheletismo-aliancista”.

Este “dieciochesco” Acuerdo político no da cuenta de ninguno de los postulados de la revolución de la educación, promovida por los “pingüinos”:

1- No fortalece la educación pública
2- No prioriza el papel del Estado en la educación
3- No termina con el lucro y la selección
4- Mantiene la estructura municipal - cuando hay un consenso de su fracaso
5- No focaliza la inversión pública en las escuelas en que predomina la privación cultural
6- Conserva la segmentación y la brecha en la calidad entre escuelas privadas, pagadas y públicas.

La educación chilena, en la actualidad, sólo acrecienta la diferencia entre una educación de calidad, por cierto bastante precaria si se compara con otros países de desarrollo similar a Chile, sino que mantiene resultados muy diferentes en la enseñanza-aprendizaje de colegios privados pagados y subvencionados, respecto a los municipales, regentados por las instituciones edilicias. Para comprobar este aserto no es necesario acudir a los resultados de la prueba Simce, es algo evidente que, a diario, constatan padres y apoderados, profesores, directos y alumnos. Es completamente falso que son los padres quienes eligen la escuela para sus hijos, por el contrario, es ésta la que los coopta: unos, destinados al círculo permanente de la pobreza y, otros, para captar oportunidades en una en crecimiento. Ahí está la raíz de la selección que la escuela reproduce, por consiguiente, en un Estado docente descentralizado no debe haber una selección discriminadora. En este plano, personalmente me opongo a toda selección en cualquier nivel educacional, con excepción del terciario, la universidad. En un contexto neoliberal, la selección no es más que un darwinismo social, es decir, la pervivencia de los más dotados económica y culturalmente. Por cierto, el Acuerdo terminó favoreciendo a la derecha y a grupos de interés, incluso de la Concertación, pues sólo elimina hasta el sexto año Básico, incluso, la permite en colegios religiosos o basados en un proyecto educativo especial. En el fondo, en educación se repite la segmentación existente en la salud, en la previsión, en la vivienda y, para qué decir, en la concentración del poder económico.

El lucro, en términos etimológicos, quiere lograr la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, respecto de una inversión. Nuevamente, el Acuerdo permite el lucro, en consecuencia, los sostenedores deberán privilegiar la rentabilidad en sus inversiones educacionales. Es cierto que las Corporaciones de derecho privado, como son las universidades, logran rentabilidades burlando su carácter legal, en primer lugar, por alto precio de las matrículas y escolaridad; en segundo lugar, por AFI, subvención estatal, llamada indirecta, destinada a los alumnos con mayor puntaje en la PSU; en tercer lugar, este dinero va a dar a las inmobiliarias, regentadas por los mismos dueños de la Corporación. En el Acuerdo se consigna que entidades de derecho privado, con giro único, puedan obtener lucro; es cierto que, en base a un críptico lenguaje, se habla de lucro controlado, de emprendimiento y de fiscalizaciones por parte de entidades, como la Superintendencia de Educación y una nueva Agencia calificadora de calidad, sin embargo, si observamos el mundo económico de la libre competencia en el mercado, también existen instituciones de supervigilancia – es el caso de las Superintendencias de instituciones financieras, se salud, de AFPs, y otras, además del tribunal de libre competencia, comprobamos que tales controles son bastante deficientes frente a la voracidad del lucro.

El Acuerdo propone una agencia calificadora de calidad, pero aún no sabemos de su carácter y composición, menos si será privada o pública. En el caso de las universidades, algunas de ellas que se negaron a ser acreditadas por el Consejo Superior de Educación, recurrieron a entidades calificadoras privadas – hay muchas en el mundo anglosajón – pero el problema central de una agencia calificadora radica en el concepto de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los cuales se basa; en el neoliberalismo existe un concepto de calidad total, cuyo baremo de medición es puramente cuantitativo, como es el caso del Simce, y está basado en una filosofía de integración al mercado que, necesariamente, discrimina entre los menos y más aptos para el logro de objetivos de calidad; existe otro concepto, basado en el humanismo liberador, que privilegia los valores cívicos y democráticos, como por ejemplo, la comprensión de la realidad como transformación social, el servicio público, la solidaridad, y no la competencia darwinista; en gran parte, este concepto de calidad está basado en los aportes liberadores de la pedagogía de Paulo Freire, entre otros educadores humanistas.

La discusión de las leyes propuestas por el Ejecutivo exigen un cambio constitucional, pues la Carta de 1980 está basada en la subsidiaridad del Estado, dejando a la libre competencia lo que llama “libertad de enseñanza”, que no es más que libertad de emprendimiento, permitiendo el lucro desbocado. Hoy no basta con volver al Texto de 1925, pues no tiene efectos prácticos sostener que la educación es tarea preferente del Estado, se hace necesario agregarle la existencia de un Estado docente descentralizado y garantías que amplíen una educación de calidad y gratuidad para los niveles primario y secundario y, ojalá, asegurar el monopolio de las subvenciones estatales, sólo destinadas a las universidades públicas. La Constitución deberá garantizar el derecho al recurso de amparo frente a incumplimientos del Estado de estas garantías.

Lo que hace el Acuerdo es crear una serie de instituciones, que se pretende superen los ciclos electorales. Nuestra historia está llena de reformas educacionales que han conceptuado creación de instituciones de control, que se pretendían eternas - por lo demás, la Superintendencia de Educación tiene sus antecedentes desde el período de Carlos Ibáñez del Campo, hacia 1928 – y la división entre dos ciclos paralelos de seis años cada uno corresponden a la famosa primaria y secundaria, que duró más de un siglo en Chile; los dos últimos años de especialización, en secundaria, son un aporte de Eduardo Frei Montalva, en 1965. No se puede negar que todas estas contribuciones a la educación han sido y son positivas, pero por cierto, ninguna de ellas ha logrado solucionar los problemas de equidad y calidad de la educación. Como el Acuerdo no involucra a la comunidad educativa, la composición de cada una de las instituciones es puramente estatal y burocrática: en el Consejo Nacional de Educación, que reemplaza al militar Consejo Superior, la derecha obtuvo, graciosamente, que cuatro de los diez miembros, fueran aprobados por el Senado, con un alto quórum, lo que le da garantía de participación, en base al bloqueo de nombramientos. Pienso que el Consejo Nacional de Educación debiera estar integrado, al menos en un tercio, por los verdaderos agentes de la educación, es decir, directores de escuela, profesores, padres y apoderados y alumnos, además de representantes de nuevas corporaciones regionales de educación, que debieran crearse, una vez cesado el rol de las municipalidades en la gestión de las escuelas. Algo similar debiera ocurrir en la superintendencia, que debe estar libre de la tecnocracia y de los expertos en educación, y pueda hacerse extensiva a la Agencia calificadora. De introducir a los proyectos estas enmiendas, se posibilitaría el famoso “empoderamiento” de la sociedad civil y de los reales protagonistas de la educación, que propuso nuestra Presidenta como candidata y durante sus primeros meses de gobierno, al parecer, olvidados o entrabados por los grupos de interés.
En lo referente a las escuelas, liceos y colegios, el Acuerdo no menciona el funcionamiento de gestión. Es cierto que permite mayor transparencia e información a padres y apoderados, sin embargo, los sigue considerando como clientes, como usuarios y consumidores de bienes educacionales, y no como partícipes directos en el gobierno de la escuela. Los alumnos son vistos como sujetos pasivos en los procesos de enseñanza aprendizaje, a quienes se les “entregan contenidos”, currículos y planes y programas pensados por entidades burocráticas, donde ni alumnos, padres y profesores tiene una muy escuálida participación; por cierto, no se habla, para nada, de un cogobierno y mantiene los poderes dictatoriales del sostenedor y del director.

Uno de los puntos centrales de toda reforma educacional es el desarrollo de competencias docentes; en el Acuerdo no se habla de ello, menos de la formación de pedagogos en las universidades chilenas. Por cierto que un Acuerdo en que no participan ni el Colegio de Profesores, ni las asociaciones de padres y apoderados, ni las federaciones estudiantiles de universidades dedicadas a la pedagogía, ni siquiera los miembros del consejo de rectores, es imposible que se vislumbre un análisis profundo sobre la problemática de la formación de nuestros docentes, elemento imprescindible en la práctica de una educación de calidad y equitativa.

Respecto a las reformas curriculares y de planes y programas se soslaya la participación de los profesores, quienes sólo deben dedicarse a su implementación; esta omisión es lógica en una visión centralizada y tecnocrática de los procesos educativos.

Respecto al tema del financiamiento, hasta ahora la subvención, que según el Acuerdo aumentará, se da en forma igualitaria para alumnos de la educación gratuita y pagada subvencionada, sin considerar que, ante la limitación de recursos, el Estado debe priorizar a las escuelas gratuitas fiscales, que abarcan alumnos de quintiles más bajos y con mayor privación educativa. En cierto sentido no podemos negar que la subvención diferenciada favorece a las escuelas rurales, sin embargo, se considera altamente insuficiente para lograr cerrar la brecha de la segmentación social, propia de nuestro sistema educativo.

Finalmente, si bien la instituciones de control propuestas en el Acuerdo político muestran algunos avances – si se les compara con el completo laissez-faire educativo existente, no logran tocar los puntos centrales en los cuales debiera centrarse una verdadera revolución educacional, basada en una pedagogía liberadora y constructivista, que elimine las brechas entre una escuela para pobres y una escuela para ricos.


Rafael Luis Gumucio Rivas

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