Columnas
2014-11-01
5105 lecturas

Leopoldo Lavín Mujica
especial para G80

Sociología de las elites delincuentes. De la criminalidad de cuello y corbata a la corrupción política

“El rico guarda la Ley en su monedero”
J-J. Rousseau (1755)


El título de arriba(*) corresponde al de la portada del libro del sociólogo-jurista francés Pierre Lascoumes publicado en septiembre pasado en la editorial Armand Colin (2014) en el contexto de conferencias y coloquios europeos sobre el tema de las elites delincuentes(1). La cita es de Jean-Jacques Rousseau, uno de los primeros pensadores en ser vilipendiado por la nobleza, el clero y los plumíferos al servicio de la monarquía debido a sus críticas frontales a la riqueza, a la gran propiedad privada obtenida por la fuerza y el engaño, a los privilegios y a las desigualdades sociales justo antes de la Revolución Francesa en 1789.

Preocupados por la recurrencia de hechos que incriminan a las elites económicas y políticas, los investigadores en ciencias sociales ya le pusieron nombre y dieron marco teórico a un conjunto de situaciones y prácticas antisociales contrarias al ejercicio de la ciudadanía y al buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

Puesto que hay una realidad que existe con datos, cifras, actores económicos y políticos y análisis explicativos de los comportamientos anti sociales, ya no se puede ignorar que hay una buena literatura sobre el tema de las infracciones de las clases dominantes para darle luz a un debate urgente que va más allá de las regulaciones que se imponen en una democracia de baja intensidad.

En Chile, los casos imputables y escándalos en los cuales se encuentran involucrados empresarios de toda índole, cúpulas militares (1994), ministros, candidatos presidenciales, presidentes, parlamentarios y personal político adjunto que caen bajo la figura de delincuencia o criminalidad de elite o de cuello y corbata (“White Collar Crime” en inglés)(2) han tenido un ritmo sostenido y van en aumento desde hace algunos años bajo el alero (¿amparo?) de los gobiernos concertacionistas y el de Sebastián Piñera, la UDI y RN.

Cabe recordar que durante la dictadura pinochetista los Chicago boys les regalaron a un racimo de empresarios las industrias del área social que pertenecían a todos los chilenos. Un verdadero robo a mano armada. La acumulación de capital para lanzar el modelo que funciona con explotación del trabajo asalariado y sin resguardo de derechos sindicales plenos no les cayó del cielo … la hicieron a punta de bayoneta.

Un tipo de delincuencia de elite con efectos sociales corrosivos

No obstante, hay reticencia por parte de algunos líderes de opinión para entender la gravedad de la situación. No faltan los intelectuales orgánicos de la misma elite que como el columnista-historiador de La Tercera-Copesa Alfredo Jocelyn-Holt salen en su defensa sin matices después de atacar de manera sistemática al movimiento estudiantil en nombre de valores oligárquicos y plutocráticos, pero haciéndolos pasar por “liberales”.

El caso de delincuencia político-empresarial que protagoniza el grupo Penta, propiedad de la dupla Lavín-Délano, incomoda a la burguesía en su conjunto puesto que rompe una larga tradición de tolerancia hacia este tipo de actos. Pero ahora no le ha pasado desapercibido a la ciudadanía. El Pentagate y sus aristas políticas han condensado y puesto en relieve una serie de situaciones insostenibles para las cuales ya hay una teoría explicativa. Aquí la tesis de la manzana podrida en el cajón no funciona. Menos la de Jorge Awad, el lenguaraz patrón de los banqueros, que en un arrebato de misticismo religioso declaró que los empresarios “tienen un don que es un regalo de Dios”; serían tan divinos e intocables que no se fijan en los “detalles” … ahí por donde se mete Lucifer.

En lo inmediato, en Chile, la recurrencia y la amplitud de las transgresiones a las normas legales vigentes destruyeron el mito de que Chile es un país de empresarios, políticos e instituciones incorruptibles, así como las FF.AA. eran supuestamente respetuosas de la Constitución el 1973.

Hace sesenta años el sociólogo norteamericano Edwin Sutherland, un precursor en  el estudio de la delincuencia empresarial, se interrogaba sobre el el trato moderado que se le daba a la delincuencia de la elite: “los actos cometidos por individuos de posición social elevada en el curso de sus actividades económicas y profesionales son actos delictivos en los hechos, pero se los trata como si no lo fueran para así poder eliminar todos los estigmas que hacen referencia al crimen cometido”(3). En todos los Estados capitalistas se verifica la regla enunciada por Sutherland, con el agravante de que hoy los poderes públicos le otorgan una impunidad cada vez mayor a la delincuencia económico-política y financiera.

En un mundo capitalista globalizado donde domina el gran capital financiero, la corrupción crece y se desarrolla en el terreno fértil del flujo de las transacciones monetarias y bancarias opacas con la ayuda de los feudos financieros llamados “paraísos fiscales”. Y las instituciones neoliberales de cada país, junto con la mentalidad capitalista neoliberal permisiva, promotora del lucro, crean las condiciones estructurales que convierten a la política institucional en un apéndice del dinero.

Y cuando se trata de penalizar a los empresarios infractores, ahí están prestos sus defensores, los mismos que antes hablaban de ética y transparencia. Vimos como el inefable Andrés Zaldívar, ex ministro del Interior DC-concertacionista corrió a promover la delincuencia empresarial en germen, a impedir que los empresarios que lucran en la educación secundaria sean sancionados con cárcel. Ya lo vimos actuar de manera desbocada y antidemocrática, sin pensar en las consecuencias de sus dichos y actos en el período 70-73.

El prontuario de infracciones de la elite, algunos botones de muestra  

Entre algunos ejemplos significativos de la “White Collar Crime” —o delincuencia de elite criolla— se destacan el “Caso Riggs” con las cuentas millonarias de Pinochet que se cerró en la más completa impunidad para la familia del dictador en agosto del año pasado; los sobornos o millonarias “comisiones” que en 1994 recibió buena parte del alto mando de la Fuerza Aérea de Chile por comprar -a través de intermediarios- una partida de cazabombarderos Mirage usados a la Fuerza Aérea de Bélgica(4); el caso de las 18 constructoras de edificios colapsados durante el terremoto-tsunami del 27/F/2010 y el de las inmobiliarias que comercializaron estos inmuebles entre las cuales estaban Penta y Simonetti, así como también los negociados de empresas por sobreprecios en la venta de tecnologías y otros suministros para reparticiones estatales. No debe quedarse en el tintero el bullado MOP-Gate de la administración de Ricardo Lagos.

Más cerca en el tiempo: el abuso en las repactaciones unilaterales y abusivas de La Polar a sus clientes-consumidores en completa indefensión; los fraudes de las sociedades cascadas de Julio Ponce Lerou y la corredora de bolsa VialLarraín; la licitación fraudulenta con la que el subsecretario de Minería de Sebastián Piñera le había entregado el Litio a Soquimich; la deleznable colusión entre farmacias para aumentar los precios de medicamentos (Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde), y la repartija del mercado avícola por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo; las “asesorías parlamentarias descontroladas” detectadas por Ciper (5); la práctica corriente del lucro en la educación universitaria, no obstante su prohibición por ley (el fraude a cientos de estudiantes de la Universidad del Mar); las recientes imputaciones de la fiscalía y citaciones a declarar a la Bridec y a la PDI a Álvaro Saieh (financista de Ciper a quien su directora periodística no investiga por corrupción como lo hace para estigmatizar al PC en el caso Arcis) y a su hijo Jorge Andrés por su presunta participación en el delito de evasión tributaria en relación a la venta de las acciones compradas al ex controlador de Ripley y Johnson’s, Marcelo Calderón Crispín.

¡Y tantos otros más! Los de la criminalidad ecológica, AES Gener-Termoeléctrica  Campiche por ejemplo, que “Bachelet respaldó cediendo al lobby político norteamericano”(6).

Los aún desconocidos y por revelar por una prensa, periodistas y medios audiovisuales y digitales que tendrían que evitar ser condescendiente con los poderes económicos y políticos si quieren ser consecuentes con el discurso acerca de su misión: buscar, transparentar y publicar la verdad sobre todo lo que afecte el funcionamiento de una democracia por construir.

Algunas conclusiones de los estudios acerca de la delincuencia de elite

En efecto, los estudios de especialistas arriba invocados muestran que la delincuencia de élite es un fenómeno social, político y económico en Chile y el mundo, pero no por ser un flagelo que corroe a los súper ricos, a políticos y a las clases dirigentes del planeta puede y debe ignorarse. Estos ilícitos, delitos y transgresiones son una amenaza para el buen vivir en sociedad y en democracia generados por individuos con recursos, capital simbólico de sobra, influencias y ubicados en situación de poder. Debido a lo anterior se consideran por encima de la ley y por lo mismo son incapaces de auto corregirse. Viven y se mueven en un ambiente de tolerancia estructural tanto judicial como mediática. Y tienen poder monetario y connivencias de clan que les permite gozar de apoyos internos y externos que los lleva a transitar por la vida con un sentimiento de impunidad.

Los investigadores sobre el tema afirman que pese a que estos casos de ilícitos y de corrupción son cubiertos regularmente por los medios, las elites delincuentes económicas, políticas, militares o religiosas no tienen el sentimiento de desobedecer  las normas ni de perjudicar a la sociedad. Asumen un actitud negacionista frente a la realidad y a la consecuencia de sus acciones.

En algunos países democráticos, los ciudadanos que creen en las posibilidades de aprendizaje y de reforma están preocupados al constatar que algunos actores empresariales y políticos continúan con sus prácticas transgresoras como si nada, bajo el manto de protección que le otorgan organizaciones patronales y políticas. E incluso preocupa que políticos corruptos son reelegidos debido a los apoyos financieros con que cuentan.

Una de las conclusiones del libro arriba citado es que “las infracciones y actos delictivos de las elites tienden a ser percibidas como menos graves que los que ocasionan daños a las personas y a los bienes”. Tampoco suscitan la misma “reacción social”. Esto se debe en gran parte al hecho “que las clases populares tienen menos recursos para escapar a la mirada policial y al circuito judicial”.  Más aún, después de pasado el vendaval se asiste por parte de sus pares, con ayuda de los consultores en imagen y de los medios obsecuentes a un ritual de restauración de la reputación dañada de los miembros de la elite involucrados en delitos (el famoso “almuerzo de desagravio” es un ritual conocido, destacado en las “páginas sociales” de El Mercurio).

Entre las problemáticas de los especialistas, como la del autor del libro mencionado, Pierre Lascoumes, se encuentra el definir y estudiar las estrategias que los poderosos y sus aliados  (abogados, políticos a sueldo, contadores, consultores en comunicación estratégica, etc.) preparan para diluir las responsabilidades, redefinir los actos cometidos como “veniales” y así evitar la sanción legal y disminuir los riesgos de oprobio social.

Otro eje concierne el estudio de las normas escritas (jurídicas, pero también de procedimiento, institucionales, etc) y las normas en acción (anti lavado de dinero por ejemplo) o las relativas a la regulación bancaria, particularmente desde un ángulo jurídico, como los artículos de expertos acerca de los procesos judiciales y sus resultados.

Un tercer eje —más sociopolítico— de la investigación académica se interesa a las representaciones y al impacto de la delincuencia de elite en la percepción de los sectores populares y activistas sociales. Si estos se sienten motivados o no a pasar a la acción para influir en lo que se llama el proceso de definición conceptual y castigo de los actos cometidos. De esta manera, se vincula la reflexión de carácter académica con los “discursos profanos” y la lucha de los movimientos sociales, sobre todo en lo que respecta a la criminalidad ecológica que representa ya un campo de estudio que debe ser aprovechado en Chile. A lo que habría que agregar un estudio sobre la cobertura mediática.  

Por último, una perla de antología, acerca de una situación real que permite imaginarse el arquetipo, según el sociólogo Max Weber: “SANTIAGO: La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar ($363 millones) a Sebastián Piñera Echeñique, director de LAN Airlines S.A, por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada.” (7)

Y la historia cuenta que el individuo en cuestión, miembro de la elite mundial e infractor (¿delincuente?) de cuello y corbata fue elegido presidente de Chile … . Delinquir=cometer delito (www.rae.es). Delito=quebrantamiento de la ley (www.rae.es). Somos millones de chilenos en Chile y el exterior los cómplices pasivos con este tipo de delitos y crímenes de elite que atentan contra las instituciones democráticas.  

Notas

(*) www.armand-colin.com
(1) Como en este afiche sobre la delincuencia de élite del “Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé)” donde puede leerse: “Del crimen de cuello y corbata a la delincuencia ecológica. Investigaciones sobre los ilícitos e infracciones de las clases dominantes”.
(2) El libro clásico sobre el tema fue escrito en 1940 por Edwin H. Sutherland con el título  “The Problem of White Collar Crime”, White Collar Crime. The Uncut Version, New Haven & London, Yale University Press, 1985. Una versión corta se encuentra aquí en francés e inglés.
(3) La traducción es nuestra. Citado por Thierry Godefroy et Laurent Mucchielli investigadores del CNRS en: www.lemonde.fr
(4) www.theclinic.cl
(5) www.ciperchile.cl
(6) www.elmostrador.cl
(7) Ver: www.economiaynegocios.cl


Leopoldo Lavín Mujica B.A. en Philosophie et Journalisme, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, profesor jubilado del Département de Philosophie du Collège de Limoilou, Québec. 

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