Columnas
2014-11-01
2502 lecturas

Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Educación, copago, bolicheo y otras yerbas

Chile es el único país del planeta donde existe este tipo de “negocio mercantil-bolichero-educacional’: el copago

DECEPCIONA COMPROBAR que el meollo de las discusiones sobre los proyectos de reformas enviados al Parlamento por el Ejecutivo esté centrado, casi totalmente, en cuestiones económicas más que en la calidad jurídica y humanismo que debería distinguir a cada uno de ellos. Asombra, también, constatar cuán rápida y fácilmente la opinión pública cambia de manera radical su postura respecto de esos proyectos que aprobó al momento de entregar su sufragio al programa de gobierno prometido por Michelle Bachelet.

Quizá, la explicación pueda radicar en que pocos (o muy pocos) conocían y /o entendían el mentado programa de gobierno, ya que, siendo realistas, durante su campaña política-electoral  doña Michelle no se destacó precisamente por la claridad de sus planteamientos. Recordemos, nada más, cuántas veces la prensa y la opinión pública manifestaron su desagrado ante el silencio en el  que la candidata se mantenía, negándose de manera tozuda (o tal vez planificada) a explayarse y explicar determinados puntos del programa, agregando a ello que nunca existió  un “programa” distribuido,  oportunamente, urbe et orbi, como habitualmente se hacía antaño.

Mucho secretismo, demasiadas vacilaciones y un exceso de confianza en la propia imagen personal como fundamento político… ese fue el predicamento en el cual Bachelet basó su campaña electoral. Ahora la Nueva Mayoría y el gobierno comienzan a observar (y a sufrir) las consecuencias de ello.  En poco más de un  semestre el apoyo popular a las reformas cayó casi en 20 puntos. ¿Cómo pudo ocurrir eso?  La responsabilidad de tamaño desaguisado no debe apuntar exclusivamente a los medios de información en manos de la derecha y sus aliados, ya que un significativo porcentaje de culpa se aloja en el propio gobierno,  pues en el caso del proyecto de reforma educacional  la titubeante acción del ministro Eyzaguirre coadyuvó (si es que no fue el detonante) a  fraguar el marasmo de errores y contradicciones que abrieron flancos para atacar esa iniciativa.

¿Y cuál ha sido el entrabe para la buena marcha de esos proyectos del Ejecutivo? Bachelet sabía (eso supongo) que tocarles las billeteras a los empresarios es más riesgoso que dormir con un par de alacranes bajo la almohada. La presidenta es consciente de que todos los golpes de estado y dictaduras derechistas tienen como causal  principal el asunto económico. La derecha jamás ha provocado asonadas ni cuop d’ètat procurando objetivos que digan relación  con la justicia social o con la igualdad. En este tema, la reforma educacional, yerra quien  supone que la derecha y el empresariado se han alzado como ‘defensores de la democracia y de los derechos ciudadanos’, pues tanto la Alianza por Chile como las grandes organizaciones patronales que encabezan y dirigen las protestas lo hacen en exclusiva defensa de sus intereses económicos… de SUS intereses, no en pro del interés público.

Si se analiza reflexivamente el incordio actual (el de la reforma educacional) se llegará a la conclusión que la cuestión que encendió los ánimos -de sostenedores de colegios y parlamentarios conservadores-, es absolutamente asunto de dinero, de máxima ganancia , de lucro y de bolicheo, todo lo cual fue coronado con reacciones exageradas,  ya que más de alguien de  esos sectores llegó a ‘profetizar’ que el gobierno deseaba convertir económicamente a Chile en un estado similar al de Haití, y políticamente, en  una nación “tipo Cuba” .  Para aumentar la ira de esos sectores (y dar cierta tranquilidad a La Moneda), la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) informó que la producción industrial del país, en el mes de septiembre 2014, mostró el crecimiento más alto del año, y además se registró una variación interanual de 3,9% gracias a la recuperación de las exportaciones, así como también las ventas totales crecieron un 2,2% respecto de septiembre de 2013.

A los defensores del sistema educacional tal como aún rige, les anima salir a marchar a las calles sólo en cuanto a defender “el derecho a cobrar matrícula y mensualidades, recibiendo, por cierto, subvención fiscal”… es decir, el mentado ‘copago’.  En ningún momento, ni renglón, el proyecto enviado por el Ejecutivo al Legislativo contempla prohibir o menguar la posibilidad de poseer y administrar establecimientos educacionales de manera particular. ¿Usted tiene dinero suficiente para alzar y administrar un colegio? Bien, pues, si cumple con la normativa vigente y las exigencias del MINEDUC, puede hacerlo. Lo que debe tener muy claro es que si desea cobrarles económicamente a los apoderados una mensualidad, entonces el estado no le aportará un mísero centavo… lo cual, a mi al menos, me parece sano y recomendable.

¿No le conviene de esa laya y prefiere que el Estado le entregue una subvención por alumno? Perfecto… pero entonces no podrá estatuir un cobro mensual a sus apoderados. ¿Le parece ‘comunista’ esa situación? Veámosla desde otra perspectiva. ¿Qué es más prioritario, importante, vital… estudiar o alimentarse? Lo pregunto porque algunos parlamentarios UDI, RN y –para variar- DC, han manifestado que la educación “es un asunto de vital importancia para el estado y la comunidad”, con lo que obviamente concuerdo, aunque  me parece que “comer” es una prioridad absoluta… usted podría –eventualmente- estar sin educación, pero no podría estar sin alimentos (se muere, fallece, ¡kaput!).

¿A pito de qué viene esa reflexión? Ah… es que si usted, que es dueño de un colegio,  EXIGE al Estado una subvención por cada alumno, pese a que cobra mensualidades  a los apoderados, entonces yo, que vendo alimentos perecibles y no perecibles en mi almacén de barrio, también EXIJO que el Estado me subvencione por cada artículo que yo venda, ya que el alimentarse tiene mayor prioridad vital que el estudiar. ¿Se da cuenta? Y lo mismo podría (debería’, según el criterio de los ‘sostenedores’) acaecer con las clínicas de salud, las que tendrían que impetrar subvención del Estado por cada paciente que atienden (¿o la salud, señores de la CONFEPA, es menos prioritaria que la educación?).

Como dato adicional, es sano recordar a los lectores que la LOC (Ley Orgánica Constitucional) prohíbe a los municipios del país subvencionar, financiar y apoyar económicamente (ergo, entregando dinero fiscal) cualquier evento, establecimiento y situación que sea de índole particular. La contradicción legislativa en las materias que convocaron a estas líneas (el actual ‘copago’), es entendible únicamente merced a la confirmación del carácter entreguista y corrupto de la casta parlamentaria que se ha enquistado en el Poder Legislativo desde 1990 a la actualidad.

Finalmente (me permito este ‘cogollo’), el  economista Eyzaguirre prometió, entre otras cosas, poner fin al copago y prohibir la práctica  utilizada durante décadas por muchos colegios e institutos particulares, cual es seleccionar a los mejores alumnos para autorizarles una matrícula y de ese modo incorporarlos a sus planteles. Con esos simples anuncios encendió la pradera donde pululan mercachifles y bolicheros dedicados al lucrativo negocio de la Educación.

En los últimos años la mano dura se ha cargado sobre los docentes, a quienes el Estado y la sociedad les endilga un cúmulo de acciones que definitivamente no corresponde que sean realizadas por el profesorado, quitándole preciosas horas (y días y semanas) a la actividad única que, por excelencia, los maestros deben efectuar: la enseñanza de materias, de programas de estudio, de contenidos y de información ‘académica’ más que psicológica, o sociológica, o médica, pues para realizar estas última actividades existen psicólogos, sociólogos y médicos que se han preparado debidamente para ello…pero no exijamos a los docentes asumir responsabilidades que están fuera de su campo profesional.

En esas mismas materias, si la queja política y mediática respecto de la idoneidad del profesorado del sector público se interesara en indagar lo que sucede en otras profesiones, el resultado –lo aseguro- sería mucho peor. Ingenieros cuyos puentes colapsan a la primera inundación…médicos que pierden bebé y madre en los partos…arquitectos que construyen edificios que se derrumban con un sismo de mediana intensidad…economistas cuyas teorías se van al tacho de los desperdicios no bien surge una crisis financiera… estadísticos cuyos censos son una vergüenza y u  fiasco… y así ocurre, sucesivamente, en casi todas las profesiones.

Junto con lo mencionado, otro punto de innegable trascendencia es la formación de profesores, pues el maremagnum de ofertas habidas en universidades (e institutos de dudosa calidad), pone en riesgo cualquier intento por mejorar el asunto. Es de total consenso entender que no todas las universidades están capacitadas para formar docentes, y las que sí lo están deben –necesariamente- elevar el nivel de exigencia académica. Pues, sumando y restando, en aquello que es la Educación Formal, todo, absolutamente todo, se sustenta en una sola figura, la del profesor. El resto -políticos, ministros, prensa, apoderados, copago- es tan sólo paisaje, tal cual ha sido demostrado en los hechos por los sistemas educacionales más exitosos del planeta: Noruega, Finlandia, Suiza, Cuba, Canadá, etc.  

El problema del copago es lo que coyunturalmente activa la preocupación opositor (pese a que Chile es el único país del planeta donde existe este tipo de “negocio mercantil-bolichero-educacional’).  Lo demás, lo ya dicho, es lo que requiere del consenso nacional. Veremos en qué termina todo esto. Seguramente en nada… pero eso es lo que está en juego.

Arturo Alejandro Muñoz

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