Columnas
2015-03-07
2831 lecturas

Leopoldo Lavín Mujica
especial para G80

La crisis política y la delincuencia de elite exigen una salida democrática

Los casos de de financiamiento irregular e ilícito de la política por parte de empresas como Penta y SQM, de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada para especular en transacciones de suelos con CAVAL, han puesto a la sociedad chilena ante una de esas situaciones que sintetizan y ponen de manifiesto agudamente, en un momento dado, una crisis sociopolítica de vastas dimensiones que ya tenía indicadores previos. Se trata entonces de proponer fórmulas ciudadanas para salir de ella.

Cada vez que ocurre un hecho disruptivo de esta magnitud, inunda de tal manera la subjetividad colectiva que absorbe toda la escena. Y esta escena está hoy puesta con imágenes mediáticas provistas por la misma realidad. Los poderosos dueños de Penta, esta “máquina de defraudar al fisco”, junto con algunos de sus mayordomos y cómplices sentados ante el juez y flanqueados por sus abogados, están siendo acusados por los fiscales defensores del bien público y sus leyes. Es lo deseable y lo virtuoso. Es posible que sean ejemplarmente castigados. En otros términos, los poderosos con nombre y apellido y sus cómplices deben responder ahora ante la justicia por sus delitos. ¿Hará ella bien su trabajo o se dejará avasallar por los efectos perversos de la institucionalidad postdictadura que anidados en el parlamento, el aparato financiero y empresarial y también en los ministerios, actúan como tendencias corruptoras refractarias a la democracia y al cambio?

Y esto no es pura apariencia: produce efectivamente un efecto de un antes y un después.

El juicio a los propietarios de Penta interviene en un momento en que el proceso de corrupción de las elites —que la literatura científica califica desde el libro clásico de Edwin Sutherland como “delincuencia de cuello blanco y corbata”(*)— tendía a naturalizarse en la cima del sistema político chileno con la presencia de activos agentes empresariales en el financiamiento de campañas y de favoritismo en el préstamo de dineros con fines especulativos a parientes directos de la Jefa de Estado. Muchos índices conducen a pensar que no son más que la punta del Iceberg. Por lo menos así lo piensa una buena fracción de la ciudadanía. Sabemos que la capacidad de inventar formas sui generis para lucrar y defraudar al fisco son innumerables entre quienes obedecen ciegamente a la lógica capitalista. Aunque los “paraísos fiscales” —intocables— siguen siendo la vía real para el enriquecimiento ilícito de las elites delincuentes globales. Al respecto, la legislación chilena es insuficiente para controlar estos feudos del capital financiero mundial de los cuales se benefician empresarios y políticos chilenos.

El llamado “Nueragate”, cuyo estallido ocurrió en pleno período estival, fue en su comienzo un asunto de políticos, periodistas, analistas y medios de comunicación, pero repentinamente la situación experimentó un cambio cualitativo al empalmar con la indignación de los ciudadanos. Ésta se expresó a través de las redes sociales, de uno que otro programa televisivo de denuncia que cobró alta audiencia y de eventos espectaculares como el Festival de Viña, donde incluso los cómicos surfearon sobre el humor y la sensibilidad ciudadana contingente para obtener audiencia y aplausos.

La corrupción que afecta a las elites empresariales y políticas se transformó en un hecho político.

No olvidemos que Pablo Wagner fue el hombre del Holding Penta en el gabinete de Piñera y que Dávalos Bachelet pudo haber sido el hombre del imperio Luksic en el de su madre. Y que estos dos últimos no hicieron nada para salvar las apariencias.

Las desafortunadas declaraciones de ministros de alto rango que intentaron bajarle el perfil de verdaderos escándalos-delictivos a las repercusiones políticas del caso Caval, junto con las movidas y jugadas dentro del aparato judicial para separar los casos Penta y Soquimich demostraron ser incompatibles con el sentir ciudadano. Éste alcanzó un grado de inteligencia superior y se enfrentó al interés de los portavoces del Gobierno por tapar y banalizar el llamado Nueragate. Así fue interpretada la tentativa de distribuir las aristas de Penta y Soquimich entre diversos fiscales, uno de ellos (Montes) cuestionado por su vínculo parental con un senador socialista.

Por contra, la percepción ciudadana conectaba o vinculaba las aristas políticas de Penta y Soquimich con el caso Caval. Fragmentar los fenómenos de la realidad para impedir ver en ella las mediaciones y conexiones que construyen un todo inteligible de origen social es un procedimiento típico de la ideología dominante y de sus técnicas de control social y de daños. Lo que el interés de los defensores del orden social, político y económico postdictadura separa y desune, para manejar y manipular las significaciones simbólicas que surgen de las interrelaciones de ese mismo orden, la consciencia ciudadana opera uniendo, articulando recomponiendo y dando sentido.

La palabra clave aquí es contextualizar o historizar. Es lo que los medios no hacen puesto que por definición informan sobre la actualidad.  Y ésta está anclada en el flujo incesante de los acontecimientos sociales.    

No obstante, hay momentos como éste, que son de oportunidades para las fuerzas sociales del cambio, en que los nuevos datos e informaciones se instalan para quedarse y continúan reverberando como temas obligados para todos, en una perspectiva abierta y en disputa por darle sentido. El resultado es el contrario del deseado por quienes quieren que la tempestad pase rápido; para que en el vértigo del acontecer social y natural, los efectos de crisis del sistema político, de pérdida de confianza en las instituciones y de rápida erosión de la legitimidad de las elites de la casta política binominal, se disuelvan sin dejar trazas en la subjetividad popular.

Entonces, en vez de calmar el juego con declaraciones del tipo “el peligro es el populismo” y “hay que salvar las instituciones del sistema político que han garantizado el crecimiento”, se produce en la subjetividad popular una reactivación del desdén hacia el establishment político todo y un respiro de dignidad. Se reclaman justicia ahora y basta de corrupción.

No es sólo la casta política y el establishment bancario-empresarial que caen bajo sospecha. El alcance es mayor: es el modelo económico neoliberal que concentra la riqueza en esos agentes activos (y delincuentes) corruptores junto con las instituciones políticas que los partidos han tratado de calafatear durante años, los que son puestos en la mira y bajo el escrutinio de una significativa fracción ciudadana. Se plantea con fuerza la cuestión de los cambios estructurales. Aquellos que no se han hecho por la oposición de la misma clase cuyos representantes y operadores que financian los partidos políticos se encuentran en el banquillo de los acusados. Situación que bien comprendida, abre enormes posibilidades a la acción transformadora de los individuos y de los movimientos sociales.

La situación de crisis que vive Europa nos presenta situaciones análogas a la situación chilena. Éstas saltan a la vista y nos enseñan detalles importantes. “Muchos de los movimientos que han surgido en Europa son claramente de izquierdas que, o bien nuevos o reciclados de partidos existentes, representan una esperanza de cambio que está canalizando el gran enfado de las clases populares (que constituyen la mayoría de la población) en estos países, y que han alcanzado unos niveles de apoyo popular que los establishments financieros y económicos que instrumentalizan los poderes políticos y mediáticos de tales países han considerado alarmantes, tal y como ocurre en España”, escribe Vicenc Navarro.

Y lo que más ha asustado a estos poderes instituidos es que, lejos de la imagen de los revolucionarios bolcheviques dispuestos a tomarse el Palacio de Invierno como en 1917, estos movimientos son movimientos sociales democráticos, que exigen democracias sociales y reales denunciando el régimen llamado “democrático” surgido, como en el caso chileno y español de una transición pactada con las dictaduras pinochetista y franquista a la democracia, por sus enormes limitaciones y por el abusivo control que se ha hecho de las instituciones llamadas representativas por parte de aquellos poderes financieros, económicos y mediáticos.

Tales movimientos sociales han sido exitosos en Grecia y España en desenmascarar el discurso político oficial supuestamente democrático, que contrasta tan claramente con las prácticas que se institucionalizaron en las instituciones parlamentarias y ministerios. En este contexto, exigir para Chile un proceso constituyente que apoyado en el poder constituyente del pueblo permita erigir nuevas instituciones que expresen el sentir y los derechos sociales ciudadanos es una demanda democrática, legítima y revolucionaria.

Ahora bien, lo nuevo e interesante; “el después”, lo posible y por hacer está inscrito en la situación chilena misma y reside en el vínculo inteligible que aparece en la consciencia colectiva entre instituciones postdictadura en crisis —responsables en última instancia de la corrupción— y la necesidad, para iniciar un renacer democrático de Chile, de construir nuevas. El segundo paso es argumentar incansablemente, en debates públicos y asambleas populares, que esto es posible y necesario. Lo que obliga a iniciar un proceso constituyente a contrapelo de los partidos políticos tradicionales impugnados que desemboque en la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución democrática. La iniciativa debe provenir de los movimientos sindicales, estudiantiles, ambientalistas, de mujeres y otros que pueden pronunciarse y movilizarse para lograrlo, además de incorporar la nueva demanda compartida: la lucha contra todas las formas de corrupción de los poderosos que se enseñorea en el modelo económico neoliberal y en su institucionalidad política.

(*) Ver: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=20210

Leopoldo Lavín Mujica

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