Columnas
2015-03-20
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Leopoldo Lavín Mujica
especial para G80

La conjura de los poderes del Estado

Los ciudadanos merecen saber toda la verdad. Y el ministro Peñailillo se equivoca e induce en error cuando en Icare le expresa a la elite empresarial que “no se puede vivir en una sociedad bajo sospecha permanente”. Con tal frase, que puede interpretarse como que “es malo que todos sospechemos de todos”, Peñailillo desea persuadir que la realidad que vive el país está determinada por estados emocionales de suspicacias y no por realidades fácticas. Así, bajo estas premisas, el ministro del Interior se permite librarse a conjeturas interesadas.

En sus Discursos, Maquiavelo advierte que cuando los poderosos se acostumbran a convivir con la corrupción, no pueden ser restringidos por ningún método, ya que son capaces de asistir a la ruina de su Estado (República) con tal de satisfacer sus deseos e intereses privados. En un segundo nivel de su escritura, el consejero florentino se daba por tarea poner en guardia al pueblo acerca de las malas prácticas de las elites corruptas.

Es algo que hace consenso público. Son las elites políticas y empresariales las que han roto el vínculo de confianza con la ciudadanía. De ellas se sospecha. Han generado un proceso de desconfianza en las instituciones puesto que en ellas y desde ellas se cometen delitos tributarios; parlamentarios solicitan dinero ilegal para las campañas políticas y se defrauda de paso al fisco si se tienen los medios y se trafican influencias. Y no lo hace cualquier “privado” común y corriente. Ahí donde mandan el mercado, los símbolos y los estatus del poder, unidos al dinero sonante (o a montos prestados)  hay siempre desigualdad social ante estos recursos. Que no sólo corrompen, sino que su uso obsceno generan la mayor de las veces indignación y, otras, anomia. Ojalá, también rebeldía organizada. Es la moral de los sucesos.

En efecto, el desarrollo mismo de las aristas político-legales de los casos conocidos y los nuevos elementos que surgen son los que indican que poderes e instituciones clave del Estado se han conjurado contra la ciudadanía y los valores de la democracia. De éstos, al menos los que vale la pena defender: la transparencia en los asuntos públicos —puesto que se oculta información significativa— y las leyes que permiten juzgar a todos por igual y, por sobre todo, a quienes como los empresarios, parlamentarios y personal de gobierno y del Estado abusan de sus privilegios, poder y función y caen bajo sospecha de ser infractores de la ley.

Es el concepto mismo de Estado de derecho, noción clave en el discurso de los adalides de la democracia liberal y representativa, la que está en entredicho y es más que seguro que saldrá muy rasguñado en su legitimidad: al revelarse su carácter clasista (de protección de los socialmente privilegiados que actúan por encima de las leyes) en esta saga de escándalos de corrupción y de delincuencia de la elite empresarial y política que lleva años impune.

Además del caso Penta y de sus aristas de fraude al fisco, cohecho, lavado de dineros y financiamiento ilegal a la UDI, hemos visto el de Caval-Banco de Chile, que no amaina, pues sigue afectando a las más altas esferas de la Moneda y al gobierno de la Nueva Mayoría.

Y muchos nos preguntamos qué oculta la ahora combustible presidenta Michelle Bachelet. Porque su negativa reiterada a pronunciarse con claridad y sin ambages ante el caso en el cual se han incautado discos duros y mails en la oficina de función de su hijo, en el mismo palacio de Gobierno, le echa leña al fuego a todo tipo de conjeturas. Pues no se colabora con la Justicia cuando no se hace entrega voluntaria de material sensible a sabiendas que podría ser útil para el avance de las diligencias destinadas a esclarecer si hubo delito o no en la transacción de Caval-Dávalos-Compagnon-Luksic-Banco de Chile. Ahí, en La Moneda, debió funcionar eso que se invoca para ocultar que no se aplica: la ética política para evitar que se sospeche de encubrimiento.     

Para peor, hemos visto como la diligente investigación de la fiscalía acerca del financiamiento de la política con boletas truchas emitidas por SQM —la poderosa empresa de Ponce Lerou, empresario con prontuario y en cuyo directorio hay otros de parecida calaña como Hernán Büchi y Wolf von Appen— que ha construido su poder económico durante la dictadura y la transición pactada, es obstaculizada por el mismo Servicio de Impuestos Internos (SII) con pretextos que no tienen asidero, ni legal ni menos democrático. Este organismo, dependiente del ministerio de Hacienda y del ministro Arenas niega el acceso a la fiscalía a los informes contables (entre 2009 y 2014) con triquiñuelas administrativas y legales para proteger los nombres de políticos y políticas de la Nueva Mayoría que obtuvieron financiamiento ilegal de SQM. Bastaría con que Arenas diera luz verde. Pero no lo hace. ¿Cómo se nombra este actuar?  

Es evidente que por medio de estas zancadillas administrativas y legales al sentido democrático se quiere evitar que los ciudadanos sepamos los nombres de los miembros de la casta política del duopolio que son financiados por estas empresas u otras. Y, además, que ante la crisis de las instituciones que se atropellan por salvar las apariencias legales, se creen precedentes. E incluso, que el destape de lo podrido genere una coyuntura política donde no haya vuelta atrás. Que se comience por exigir la renuncia a sus cargos de todos los implicados o llamados a declarar ante la Fiscalía. Lo que lleva a concluir que los actores políticos más diversos se pronuncien: líderes estudiantiles, sindicales, parlamentarios honestos, precandidatos presidenciables y movimientos sociales.   

No hay que ser un estratega comunicacional de Imaginacción ni pagarle una asesoría al inefable sociólogo Eugenio Tironi para darse cuenta que empiezan a reunirse condiciones para que se instale un otoño caliente.

Y en lo que es una maniobra legal obstruccionista del trabajo de la justicia, el mismo Tribunal Constitucional (TC) (la segunda sala) acogió a trámite el requerimiento del abogado, ex Secretario General del PPD, Samuel Donoso en representación del ex gerente general de SQM Patricio Contesse para negarle a los fiscales del caso el acceso a nombres, montos y delitos (“presuntos” por supuesto).

Cuando es el TC el que demora  y en la práctica obstaculiza una investigación que tiene por objeto defender la democracia contra quienes la corrompen, es porque se ha ido demasiado lejos. En este marco el Consejo Presidencial Asesor no podrá hacer otra cosa que preparar un punteo de buenas intenciones que buscará religitimar en el papel el Estado de derecho en crisis.

Ahora bien, si por un lado están los poderes y organismos del Estado que conspiran para impedir que los ciudadanos conozcamos la verdad (Legislativo—por no hacer nada— y Ejecutivo junto con sus organismos (SII), además del Tribunal Constitucional (con sus miembros no elegidos sino que nombrados a dedo) por el otro, están quienes persiguen su esclarecimiento. Habrá que decirlo: los fiscales han demostrado estar del lado de la democracia y la Justicia contra quienes corrompen. Y la información de calidad circula gracias al trabajo de periodistas competentes (*).

Entre la multiplicidad de factores que hace que los pueblos se indignen y se levanten, hay al menos uno de sentido común: las cosas sólo pueden cambiar radicalmente cuando una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas han dicho basta y echado a andar.

———

(*) Según un reportaje de CIPER firmado por el periodista Pedro Ramírez “Los archivos del Servel indican que entre los candidatos que contrataron los servicios de Cristina Zúñiga para la campaña 2013 también figura el nuevo presidente interino de la UDI, Javier Macaya, quien le pagó $3,1 millones. A él se suman el senador Guido Girardi (PPD), con $23,8 millones; el senador Jorge Pizarro (DC), con $21,4 millones; la diputada Maya Fernández Allende (PS), con $4 millones; el derrotado aspirante a senador Pablo Zalaquett (UDI), con $5,2 millones; la consejera regional María Antonieta Saa (PPD), con $14,2 millones, y el Partido Démocrata Cristiano, con $7 millones ($2 millones para la campaña de consejeros regionales y $5 millones para la campaña de senadores).” En el mismo artículo periodístico de Ramírez puede leerse que: “Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, (es) una de las empresas que entregó facturas falsas para financiar campañas políticas y que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público y por Impuestos Internos”. Además, CIPER nos informa que: “el verdadero motor de su transversal participación (de las empresas de Cristina Zuñiga -Pecado Kapital y Asesorías Cristina Zúñiga) en asesorías a partidos es Alejandro Chaparro Cavada, un antiguo operador político que militó en el PPD, experto en diseño y planificación de campañas.”

Leopoldo Lavín Mujica

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