Columnas
2015-08-14
1272 lecturas

Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Sindicato Parlamentario, un proyecto posible

En un país de locos como el nuestro, los parlamentarios, faraones de las vivarachadas, podrían querer sindicalizarse para incrementar sus granjerías. Una nota muy seria que maltrata la supuesta dignidad de los ‘hombres públicos’.

En Chile sólo el 8% de los trabajadores tiene acceso a la negociación colectiva, mientras en Brasil, por ejemplo, un 60% de los trabajadores negocia colectivamente, y en la Unión Europea los trabajadores cubiertos por negociaciones colectivas llegan al 66% de la fuerza laboral.

El nuestro aparece como el país más desigual de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¡Ese es liderazgo!

Así, resulta indispensable promover la sindicalización que en Chile alcanza apenas el 11%. Sin poder negociar colectivamente y con tan baja sindicalización los ingresos y derechos laborales de los trabajadores chilenos seguirán siendo débiles y fácilmente atropellados.

Dispuestos a remediar esta falencia – e incentivar la sindicalización con el ejemplo – avispados como de costumbre, algunos parlamentarios podrían proponerle a sus colegas la formación de un sindicato. En realidad, de dos sindicatos: uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, lo que les ofrecería la posibilidad de estructurar una Federación, y con ella – cómo no – plegarse a los procesos de negociación colectiva, los que en este caso irían más allá de las atribuciones, regalías, granjerías y privilegios de los que actualmente disfrutan los distinguidos ocupantes de curules legislativos.

¿Cuál sería la contraparte en un proceso negociador con los padres conscriptos? He ahí la “pata’e pollo’ en este asunto. ¿El gobierno de turno?, ¿La sociedad civil?, ¿La uniformada? Me atrevo a suponer que a los ‘honorables’ les gustaría enfrentar a otro poder del Estado (jamás a la mal llamada ‘sociedad civil’, tan irrespetuosa y procaz), principalmente al Judicial, con el que tienen varias hachitas que afilar con relación a la interpretación de ciertas leyes que apuntan al control de la delincuencia.

El poder Legislativo legisla, de acuerdo… pero el poder Judicial aplica las leyes que emanan del primero. Y a diputados y senadores se les olvida que las leyes que votan valen también para ellos, del mismo modo que la ley de Dios, “no robar”, “no fornicar”, “no desear la mujer de tu prójimo”, se aplica – o debiese – a curas, canónigos, obispos, cardenales y hasta al mismísimo Papa.

¿Enfrentarse con el gobierno en una mesa de negociación? Complicado, sobre todo si al Ejecutivo lo representase el ministro de Hacienda, asesorado por un par de empresarios designados por la CPC, SQM y PENTA.

He llegado a pensar cuál podría ser la directiva de esa federación sindical, y me es imposible rechazar algunos nombres que vienen como anillo al dedo en una organización de ‘trabajadores’ como la que estoy imaginando. ¿No le parece que la presidencia debería dirimirse entre el dizque defensor de los obreros, Guillermo Teillier, y el sanguíneo y apasionado centurión del imperio, Jorge Ulloa?

En ambos casos habría una seria dificultad: el sectarismo, defecto que es inaceptable en los dirigentes sindicales. Ellos representan y defienden a todos los trabajadores, sean moros, cristianos, agnósticos o ateos. Aunque usted no lo crea en toda empresa, negocio o actividad que se relaciona con la producción de bienes y servicios cohabitan seres de las más variadas tendencias e ideologías.

En nuestro caso la dificultad surge, primero de que los parlamentarios no producen nada útil, y luego de la absoluta identidad parlamentaria en cuanto al dogma “toíto es mío”, para no hablar de la regla “el que tiene mantiene”, lo que excluye la diversidad pero genera un conflicto irreconciliable en la masa de “agarralastodas”.

En el equipo negociador de los parlamentarios debiese estar presente el diputado Gustavo Hasbún: en toda mesa de discusión de proyecto de contrato colectivo se requiere alguien que cumpla el rol de bufón, visto que las sesiones son largas, tediosas y cansadoras. Hasbún es número puesto para sacar risas diciendo estupideces. Si Hasbún declina el cargo, podría reemplazarlo María José ‘Pepa’ Hoffmann, cuyas salidas de madre provocan estertores de carcajadas.

Ahora bien, toda organización gremial y sindical debe contar con un abogado que la asesore en el proceso negociador. En este caso, de preferencia uno experimentado en las “cosas nuestras”, “familias” y “vendettas”. Atendiendo a esas características, los ‘honorables’ podrían contratar a Pablo Rodríguez Grez, a Ambrosio Rodríguez o en su defecto a Aldo ‘Dick Tracy’ Duque, profesionales con suficiente experticia en el tema. El ‘Pastor’ Soto, aunque no es abogado, también constituye alternativa.

Las mesas directivas de los sindicatos tienen una vigencia de dos años, lo cual apuraría el cumplimiento del programa del presidente del sindicato parlamentario, en el que se distinguirían reivindicaciones como las que siguen:
  • Prohibición absoluta de dar a conocer en ningún medio – incluyendo redes sociales – noticias, informaciones, o comentarios que desprestigien o vayan en desmedro de un parlamentario. El electorado se informará del trabajo (?) de su parlamentario en la sede que este tenga en su distrito, o bien en medios de probada rectitud y objetividad como El Mercurio y La Tercera. Se aplicará el máximo rigor en beneficio del principio de autoridad (o de ‘líerahgo’…).
  • Transcurridos dos períodos parlamentarios, diputados y senadores podrán optar a una jubilación equivalente a un 110% de la última sinecura o canonjía, incluídas las boletas emitidas en los últimos seis meses, incluyendo las ‘heréticas’. Optar por la jubilación no entrabará la posibilidad de ejercer un tercer período. En ese caso el monto mensual de la jubilación se sumará a las brevas e higos propios del cargo, todos debidamente exentos de impuestos.
  • Los parlamentarios ‘independientes’ (?) no podrán optar a la jubilación referida en el punto anterior.
  • El fuero parlamentario, la gratuidad de pasajes aéreos dentro del territorio nacional y un aporte fiscal mensual en vales de combustible equivalente a siete unidades de fomento (UF), serán como la senaturía de Pinochet: vitalicios.
¿Se imagina usted, amigo, lector, qué pasaría si los ‘honorables’ votasen favorablemente una huelga legal? ¡Qué drama! En ese caso me parece que deberíamos aplicar lo que tanto le gusta a diputados y senadores: el reemplazo efectivo. Por ejemplo un remplazo con representantes populares a una Asamblea Constituyente.

Arturo Alejandro Muñoz

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