Columnas
2015-10-16
2066 lecturas

Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Mamihlapinatapai... en la administración comunal

Palabra yámana que ha sido considerada por el libro Guinness como la más expresiva y sucinta de todos los idiomas del mundo. Significa "una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción o una conversación que ambos están deseando, pero que ninguna se anima a empezar"

Mamihlapinatapai... no hay mejor palabra, mejor concepto, que aquel formado por este grupo de letras y sonidos de origen yámana con el cual es posible definir lo que está ocurriendo, en materia política, en los avatares de la administración comunal a lo largo del país.

En Chile existen 346 comunas y 345 municipalidades que se agrupan en 54 provincias; por lo tanto, nuestro país cuenta con 345 ediles o alcaldes, y más de 1.700 concejales. No se rasque la cabeza, querido lector, pues la comuna de Cabo de Hornos y la comuna Antártica cuentan con un solo edil. Eso explica la diferencia en el número total de comunas y municipalidades (y, por tanto, alcaldes) que recién leyó. Pero, más de dos mil personas encargadas de representar políticamente al electorado en 345 municipalidades no es poca cosa, ni barata tampoco.

Poca duda cabe que la idea de quienes legislaron creando los municipios no fue otra que permitir la instauración de un organismo comunal liberado de la maquinación habitual de los partidos políticos y gobiernos de turno. La idea era excelente, pero fue abortada no bien se oficializó, ya que de inmediato las cofradías partidistas tomaron la sartén por el mango y desvirtuaron de un solo golpe la intención mencionada transformando la administración municipal en un reservorio de financiamiento electorero, algo así como un banco de reserva de sufragios que, sin duda, tiene anexada una cuota no desdeñable de poder, por muy pequeña y pobre que puedan ser algunas de las 346 comunas del país.

La pretendida condición de ‘independencia’ que según la ley vigente poseen los municipios respecto de otras organizaciones de nivel nacional es, para decirlo con franqueza, un asunto de dudosa exactitud, ya que aprovechando las licencias que permite el manejo oscuro de la ley en la estricta realidad, algunos parlamentarios imponen a algunos de sus protegidos, ‘ayudistas’ o tontos útiles, como candidatos a alcaldes o concejales en determinadas comunas...exactamente en aquellas donde el ojos censurador de la prensa no alcanza a ver ya que le resulta una pérdida de tiempo preocuparse de una comunidad alejada y carente de estímulos comerciales de alto vuelo, allí donde además la gente no cuenta con información política relevante, ni tampoco ha sido capacitada en materias de educación cívica.

Es precisamente en esos lugares donde los militantes de las tiendas partidistas votan finalmente por quien impuso el parlamentario respectivo, ya que “es del partido y el senador lo exige”, aun a sabiendas que el “elegido” carece de conocimientos y vocación suficientes para servir un determinado cargo.

Más que lamentable, es indignante. Sin embargo, mientras la mayoría de los chilenos y chilenas no sepa leer de corrido ni entender lo que lee, el país seguirá asistiendo al encumbramiento de patanes y caudillejos locales incapaces e ignorantes que -en muchas comunas pequeñas y rurales- fungen como autoridades por la gracia del analfabetismo cívico de nuestros compatriotas.

Muchas autoridades –tanto de la Nueva Mayoría como de la Alianza o de “VamosChile”- que ocupan cargos en alcaldías y concejos municipales de comunas pequeñas y/o rurales, son, para decirlo suavemente, vergüenzas públicas. Algunas de esas autoridades tienen negra historia en ciertas comunas distantes de los centros de poder sitos en las metrópolis, pero cuando esa historia es informada por un medio de comunicación local (vía redes sociales, por ejemplo) aparece de inmediato el responsable mayor de los estropicios (léase diputado o senador) rasgando vestiduras en defensa de su protegido, a la vez que pontificará exigiendo un “respeto irrestricto a la verdadera libertad de prensa”, vale decir, a aquella que sólo hable maravillas del mundo político y del quehacer del parlamentario, o en su defecto aquella que dedique sus esfuerzos a destacar las bondades de la administración de turno, pero desde ninguna circunstancia se le aceptará explicitar críticas al respecto… eso les está permitido únicamente a los medios de prensa santiaguinos, donde incluso la publicación de un estropicio cometido por el ‘honorable’ le resulta aceptable, a contrapelo o no, pero lo asume y calla.  

La pequeña comuna resulta ser entonces una especie de feudo del parlamentario, donde el caudillejo que él ha protegido funciona como primera autoridad local y le guarda no sólo las espaldas sino, también, la bóveda de sufragios que se sumarán a los de otras bóvedas para estructurar una cantidad significativa que, a la postre, le permitirán (al ‘legislador’ y a sus ayudistas locales) mantenerse en el poder durante al menos otros cuatro años.

En política, la mentada ‘igualdad de oportunidades’ es solo una frase vacía, un murmullo en el desierto. Las cofradías partidistas de aquellos que conforman la actual pandilla de parlamentarios insisten en legislar contra la verdadera democracia, contra la verdadera igualdad de oportunidades, estableciendo el máximo de garantías a quienes postulan a cargos de representación popular, con la condición de que ellos sean presentados por los partidos políticos.

Respecto de la administración comunal, quienes pretendan luchar desde las trincheras del no compromiso con tienda partidista alguna –es decir, quienes postulen a cargos de representación popular y no sean avalados oficialmente por un partido político- encontrarán severos obstáculos en la legislación correspondiente, los cuales se suman a las exigencias difíciles de cumplir que han sido impuestas por los legisladores (todos ellos, miembros de tiendas partidistas) cuya misión principal en estas materias no es “legislar para el país”, sino para ellos y sus secuaces, como es fácil comprobar.

Es decepcionante, porque sabemos que la gente todo esto lo sabe y los politicastros a su vez saben que se sabe...pero nadie en las altas esferas mueve un dedo para detener una locura que habla muy mal no sólo de nuestra institucionalidad democrática, sino también de nuestra falsamente pretendida “cultura cívica”.

Es, en suma, el “mamilahpinatapai” de la política, ya que todos los dirigentes de las diferentes tiendas son conscientes de que lo acusado en estas líneas es cierto y  atenta de manera grave contra la esencia de la libertad y la democracia comunales, pero ninguno de esos dirigentes ni de esos parlamentarios ataca el problema, pues todos se encuentran perennemente  a la espera que la primera piedra sea lanzada por otro de los participantes de esta larga ignominia. Cuestión que debe ser leída como “ojalá nadie lance piedra alguna, pues yo tampoco lo haré”.

Mamihlapinatapai... no hay mejor palabra, mejor concepto, que aquel formado por este grupo de letras y sonidos de origen yámana con el cual es posible definir lo que está ocurriendo, en materia política, en los avatares de la administración comunal a lo largo del país.

En Chile existen 346 comunas y 345 municipalidades que se agrupan en 54 provincias; por lo tanto, nuestro país cuenta con 345 ediles o alcaldes, y más de 1.700 concejales. No se rasque la cabeza, querido lector, pues la comuna de Cabo de Hornos y la comuna Antártica cuentan con un solo edil. Eso explica la diferencia en el número total de comunas y municipalidades (y, por tanto, alcaldes) que recién leyó. Pero, más de dos mil personas encargadas de representar políticamente al electorado en 345 municipalidades no es poca cosa, ni barata tampoco.

Poca duda cabe que la idea de quienes legislaron creando los municipios no fue otra que permitir la instauración de un organismo comunal liberado de la maquinación habitual de los partidos políticos y gobiernos de turno. La idea era excelente, pero fue abortada no bien se oficializó, ya que de inmediato las cofradías partidistas tomaron la sartén por el mango y desvirtuaron de un solo golpe la intención mencionada transformando la administración municipal en un reservorio de financiamiento electorero, algo así como un banco de reserva de sufragios que, sin duda, tiene anexada una cuota no desdeñable de poder, por muy pequeña y pobre que puedan ser algunas de las 346 comunas del país.

La pretendida condición de ‘independencia’ que según la ley vigente poseen los municipios respecto de otras organizaciones de nivel nacional es, para decirlo con franqueza, un asunto de dudosa exactitud, ya que aprovechando las licencias que permite el manejo oscuro de la ley en la estricta realidad, algunos parlamentarios imponen a algunos de sus protegidos, ‘ayudistas’ o tontos útiles, como candidatos a alcaldes o concejales en determinadas comunas...exactamente en aquellas donde el ojos censurador de la prensa no alcanza a ver ya que le resulta una pérdida de tiempo preocuparse de una comunidad alejada y carente de estímulos comerciales de alto vuelo, allí donde además la gente no cuenta con información política relevante, ni tampoco ha sido capacitada en materias de educación cívica.

Es precisamente en esos lugares donde los militantes de las tiendas partidistas votan finalmente por quien impuso el parlamentario respectivo, ya que “es del partido y el senador lo exige”, aun a sabiendas que el “elegido” carece de conocimientos y vocación suficientes para servir un determinado cargo.

Más que lamentable, es indignante. Sin embargo, mientras la mayoría de los chilenos y chilenas no sepa leer de corrido ni entender lo que lee, el país seguirá asistiendo al encumbramiento de patanes y caudillejos locales incapaces e ignorantes que -en muchas comunas pequeñas y rurales- fungen como autoridades por la gracia del analfabetismo cívico de nuestros compatriotas.

Muchas autoridades –tanto de la Nueva Mayoría como de la Alianza o de “VamosChile”- que ocupan cargos en alcaldías y concejos municipales de comunas pequeñas y/o rurales, son, para decirlo suavemente, vergüenzas públicas. Algunas de esas autoridades tienen negra historia en ciertas comunas distantes de los centros de poder sitos en las metrópolis, pero cuando esa historia es informada por un medio de comunicación local (vía redes sociales, por ejemplo) aparece de inmediato el responsable mayor de los estropicios (léase diputado o senador) rasgando vestiduras en defensa de su protegido, a la vez que pontificará exigiendo un “respeto irrestricto a la verdadera libertad de prensa”, vale decir, a aquella que sólo hable maravillas del mundo político y del quehacer del parlamentario, o en su defecto aquella que dedique sus esfuerzos a destacar las bondades de la administración de turno, pero desde ninguna circunstancia se le aceptará explicitar críticas al respecto… eso les está permitido únicamente a los medios de prensa santiaguinos, donde incluso la publicación de un estropicio cometido por el ‘honorable’ le resulta aceptable, a contrapelo o no, pero lo asume y calla. 

La pequeña comuna resulta ser entonces una especie de feudo del parlamentario, donde el caudillejo que él ha protegido funciona como primera autoridad local y le guarda no sólo las espaldas sino, también, la bóveda de sufragios que se sumarán a los de otras bóvedas para estructurar una cantidad significativa que, a la postre, le permitirán (al ‘legislador’ y a sus ayudistas locales) mantenerse en el poder durante al menos otros cuatro años.

En política, la mentada ‘igualdad de oportunidades’ es solo una frase vacía, un murmullo en el desierto. Las cofradías partidistas de aquellos que conforman la actual pandilla de parlamentarios insisten en legislar contra la verdadera democracia, contra la verdadera igualdad de oportunidades, estableciendo el máximo de garantías a quienes postulan a cargos de representación popular, con la condición de que ellos sean presentados por los partidos políticos.

Respecto de la administración comunal, quienes pretendan luchar desde las trincheras del no compromiso con tienda partidista alguna –es decir, quienes postulen a cargos de representación popular y no sean avalados oficialmente por un partido político- encontrarán severos obstáculos en la legislación correspondiente, los cuales se suman a las exigencias difíciles de cumplir que han sido impuestas por los legisladores (todos ellos, miembros de tiendas partidistas) cuya misión principal en estas materias no es “legislar para el país”, sino para ellos y sus secuaces, como es fácil comprobar.

Es decepcionante, porque sabemos que la gente todo esto lo sabe y los politicastros a su vez saben que se sabe...pero nadie en las altas esferas mueve un dedo para detener una locura que habla muy mal no sólo de nuestra institucionalidad democrática, sino también de nuestra falsamente pretendida “cultura cívica”.

Es, en suma, el “mamilahpinatapai” de la política, ya que todos los dirigentes de las diferentes tiendas son conscientes de que lo acusado en estas líneas es cierto y  atenta de manera grave contra la esencia de la libertad y la democracia comunales, pero ninguno de esos dirigentes ni de esos parlamentarios ataca el problema, pues todos se encuentran perennemente  a la espera que la primera piedra sea lanzada por otro de los participantes de esta larga ignominia. Cuestión que debe ser leída como “ojalá nadie lance piedra alguna, pues yo tampoco lo haré”.

Arturo Alejandro Muñoz

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