Columnas
2015-10-21
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Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Asamblea Constituyente: enemigo público número uno

La redacción de una Constitución Política en manos de los actuales parlamentarios significa dejarles a su arbitrio la confección de las bases que permitan -“legalmente”- la continuidad del robo efectuado por esos ‘honorables’ y sus tiendas partidistas desde 1990 a la fecha.

Hace algunos días el senador Hernán Larraín, Presidente de la UDI y antiguo admirador/colaborador/defensor de Paul Schaeffer y Colonia Dignidad durante los años dictatoriales (y también, a lo menos, un par de década después), manifestó: “no apruebo el regreso de la asignatura de Educación Cívica en la enseñanza media porque se podría producir un adoctrinamiento peligroso para la democracia”, dijo muy campante, echando tierra sobre su propia experiencia, ya que  él fue alumno de esa etapa educacional –anterior a septiembre de 1973- en la cual sí se enseñaba Educación Cívica no sólo en el Saint’s George College (donde él fue alumno), sino también en todos los en liceos y colegios.

¿Lo adoctrinaron como fascista en aquellos años, o fue más tarde que adquirió las características de fundamentalista talibán del neoliberalismo, específicamente cuando Jaime Guzmán, entre 1969 y 1970 (Larraín era entonces presidente de la FEUC)  le enseñó el abecedario de la sedición y del clasismo contumaz?

Poca duda cabe que para este senador (y para la mayoría de sus compinches de bancada) lo ‘horroroso e inaceptable’ es que Educación Cívica sea impartida en liceos y escuelas públicas, ya que la enseñanza de esa asignatura en colegios particulares seguramente no encuentra –ni encontrará- opinión contraria en estos “representantes” del pueblo que se ubican a la derecha de Pinochet.

¿Qué le preocupa, realmente, al senador Larraín? Una frase de Ítalo Calvino viene al pelo para desnudar los temores del parlamentario ‘colono’:

Que nuestra juventud estudie y aprenda Educación Cívica –digámoslo sin titubeos- es acción fundamental para entender, defender y desarrollar un sistema verdaderamente democrático. Por ello, este asunto provoca en muchos políticos dolores de estómago y arcadas nerviosas, ya que la capacitación en esas materias permite a la gente exigir, demandar y sancionar no sólo a las personas que ocupan cargos públicos sino, también, a quienes como representantes del pueblo incumplen el mandato de sus electores.  

Algo similar –y tal vez más grave- es lo que sucede respecto de una nueva Constitución Política del Estado con las posiciones tozudas de aquel mismo sector político mencionado en los párrafos anteriores. Ya lo dijo el inefable ex Presidente Sebastián Piñera: “la Constitución actual hay que reformarla, no desmantelarla”, y en ese mismo sentido parecen caminar las opiniones e intenciones de personeros supuestamente “progresistas”, como el –hoy día- desperfilado Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien se manifestó contrario a la realización de una Asamblea Constituyente para efectos de redactar una propuesta de Carta Fundamental.

En este punto coinciden con Frei Ruiz Tagle la mayoría de los habitantes del Congreso Nacional y los mandamases de las tiendas partidistas que forman parte de los dos principales bloques políticos actuales: Nueva Mayoría y Alianza (o ‘Vamos Chile’). No podía esperarse algo distinto de estos caballeretes adictos a la corruptela, la flojera mental y la mentira, pues el abrir puertas a la participación directa de la ciudadanía -y del pueblo mismo- en la redacción de una nueva Carta Fundamental, les parece más que un atentado a la ‘dignidad’ del Parlamento, un acto suicida, un harakiri político que no están dispuestos a efectuar.

El que los senadores y diputados rechacen la fórmula de Asamblea Constituyente –a estas alturas de los acontecimientos y habida consideración que de ellos se sabe ya todo lo que se sabe- tiene una sola e indesmentible razón: la redacción de una Constitución Política en manos de los actuales parlamentarios significa dejarles a su arbitrio la confección de las bases que permitan -“legalmente”- la continuidad del robo efectuado por esos ‘honorables’ y sus tiendas partidistas desde 1990 a la fecha.

 Y claro… aquellas bases constitucionales que impulsaría el actual Poder Legislativo no son otras que las mismas ya conocidas en este último cuarto de siglo, vale decir, cimentar el andamiaje del sistema neoliberal salvaje que permite a parlamentarios y dirigentes políticos acceder con disfraces de legalidad a robos, negociaciones oscuras, corrupciones, entreguismos, saqueos e, incluso, venta de Chile al exterior y/o a manos de poderosas familias criollas económicamente asociadas con predadores transnacionales.

Una Carta Fundamental bajo exclusiva responsabilidad del Parlamento constituido por los pungas que hoy lo habitan, sentaría las bases y cimientos para establecer que cualquier ‘crack’ financiero, deuda bancaria, caída en las ventas de las exportaciones, bajas del IMACEC y de la producción industrial serían, a no dudar, “deuda pública” (ergo, su pago estaría a cargo de ‘moya’), lo que faculta a especuladores financieros (Sebastián Piñera ocupa el trono real en este asunto) y a empresas transnacionales que nunca han reconocido Dios ni ley, a efectuar cuanta barrabasada económica y medio ambiental que se les antoje en beneficio de su propio enriquecimiento… lo que por cierto contará con el consabido aval y aplauso de los criminales mayores (léase FMI, Banco Mundial y otros de igual calaña).

Hoy día, una Carta Fundamental cuya redacción quede a exclusiva responsabilidad del actual Parlamento significa radicalizar el salvajismo del sistema neoliberal, el que no puede sobrevivir sin la existencia de mafias y narcotráfico, ya que ambos elementos son partes sustanciales, esenciales, del Capitalismo… y por cierto, la mayoría de nuestros actuales políticos y parlamentarios hacen de ello una forma de vida, amén de pingües negociados en detrimento del país y su gente.

Para esos políticos de esquina y de chamullos, es imprescindible evitar que la Constitución sea “desmantelada” (como dijo Piñera), pues requieren continuar sirviendo a los mega empresarios criollos y extranjeros, dueños verdaderos de la férula y el poder, quienes exigen que todo lo que no pueda ser negociado, comercializado, traducido a ganancia económica fácil y voluminosa, no debe recibir jamás atención alguna por parte del Estado… lo cual incluye la desatención a las acciones sociales, por lo que “constitucionalmente”  no debería establecerse un presupuesto fiscal voluminoso para esos efectos.

Hace algunos años, la extrema derecha venezolana juntó a los ex Presidentes de los gobiernos de España, Brasil y Chile (los tres eran eméritos ex izquierdistas: Felipe González, Fernando Henrique Cardoso y Ricardo Lagos) a objeto que “narraran” sus experiencias presidenciales, lo cual realizaron ante empresarios y representantes de las cúpulas económicas de Venezuela, Colombia y México.  

En ese encuentro, Ricardo Lagos dijo:   “el 95% de la maquinaria económica chilena está en manos de capitales extranjeros y funciona bajo los parámetros del Tratado de Libre Comercio (TLC)”, y después aseguró que los recursos del Estado no deben ser dirigidos a la inversión social. “Hay que seguir pagando impuestos, pero los recursos no pueden ser para pagar gastos corrientes”, afirmó el ex mandatario, quien agregó finalmente: “El proteccionismo no es viable, todo lo que pueda ser concesionado, debe ser concesionado”.

¿Se da cuenta entonces, querido lector, por qué los politicastros delincuentes y vende patria, así como gran parte del mega empresariado criollo y la totalidad de las transnacionales, se oponen con garras y dientes a la estructuración de una Asamblea Constituyente?

Arturo Alejandro Muñoz

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