Columnas
2015-11-30
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Leopoldo Lavín Mujica
especial para G80

¿Farsa, o proceso constituyente con capacidad de decisión popular?

Hace bien recordar que la dictadura militar de Pinochet y de sus cómplices civiles fue derrotada políticamente por el pueblo ciudadano en las calles y poblaciones del país. Cabe también tener presente que la barbarie y el terrorismo de Estado fueron extirpados gracias al valor y al coraje popular sólo después de intensas y variadas formas de lucha y, que muchos —demasiados— entregaron sus vidas por democratizar y pacificar el país. Las recientes intervenciones de Carmen Gloria Quintana y las remembranzas al joven Rodrigo de Negri acaban de activarnos la memoria.

¿Cómo ignorar que la institucionalidad política y el modelo económico neoliberal, que el régimen militar les legó respectivamente a los actores de la transición pactada y a los grupos económicos, han sido cepos de la iniciativa ciudadana y factores de un exceso de poder sin contrapeso en manos de la casta político-empresarial?  

Porque si bien lo anterior es parte del sentido común ciudadano, no hemos sido capaces de pasar al acto y de darnos una constitución democrática que reemplace a la ilegítima del 80’. El pueblo ciudadano y trabajador quedó desamparado de mecanismos de control y decisión. Desprovisto de un conjunto de leyes que sirvan de instrumento de defensa popular y antídoto contra los efectos perversos de este implacable sistema de privilegios y abusos políticos, jurídicos y económicos que se ha consolidado y cuya mera permanencia es una afrenta a la razón y a los ideales democráticos. Los ciudadanos no han tenido a su disposición durante todos estos gobiernos postdictadura un vector institucional de participación directa en las decisiones que les permita desembarazarse de una elite política arrogante y ponerle coto a las prácticas abusivas del empresariado. El plebiscito, o las iniciativas  de consulta popular les fue constitucionalmente negado para así poder naturalizar las leyes y las instituciones ilegítimas.

Sin embargo, hemos sido testigos —a lo largo de todo este año— del derrumbe espectacular de la legitimidad de las castas políticas y empresariales en un país dominado por ellas durante un cuarto de siglo de supuesta vida democrática.  

Así y todo no escarmientan y juntas se pavonean. Las celebraciones en el CEP de Eliodoro Matte, en la SOFOFA de von Mülhenbrock  y en el reciente encuentro de ICARE de Guillermo Tagle con las autoridades de gobierno de la NM —con Presidenta incluida en la primera y la segunda— evidencian la continuidad de una alianza entre los herederos concertacionistas de la transición pactada (hoy NM) y la poderosa oligarquía financiero-industrial-exportadora chilena. Otrora pinochetista. Hoy reciclada en el liberalismo autoritario. Y cuya cultura de empresa sólo obedece al lucro y a la explotación del trabajo asalariado. Aquello de “rentistas” es una artimaña conceptual para distinguir burgueses lumpen malos, de burgueses buenos o “emprendedores”; distinción que es empírica y teóricamente falsa.

Detrás de la retórica ética de Bachelet, que también se enteró “por la prensa” de la colusión entre la MPC de Eliodoro Matte con SCA para distorsionar a su favor las leyes de la libre competencia en el mercado del papel “tissu”, después de la reunión con éste en su Centro de Estudios Públicos (CEP), hay un intento permanente, con la ayuda de La Tercera, El Mercurio y La Segunda, de blanquear al empresariado con la finalidad de que éste mantenga per se las riendas del poder económico del país.

Bien sabemos que la clase empresarial sólo conoce la lógica de la acumulación de la riqueza y su interés político  está determinado por la protección a cualquier precio del sacrosanto derecho de propiedad privada (de los medios de producción, de los capitales y de los recursos naturales). Y es una evidencia que el desarrollo económico y social del país nunca ha sido su prioridad.¿No corresponde a una práctica razonable que los trabajadores de las empresas del grupo Matte; los trabajadores de Corpesca-Angelini, de SQM y otras como Agrosuper, La Polar, Penta, Banco de Chile, Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand exijan que el Estado expropie a sus dueños (para, en este último caso, combatir el sobreprecio coludido de los remedios en vez de abrir una farmacita “popular” por aquí y otra por allá)?

Bien sabemos que la ideología capitalista liberal y las cláusulas y leyes constitucionales de un Estado favorable a la clase propietaria y, por lo mismo, constitucionalmente habilitado para hacer uso de la violencia represiva (el sostén del orden capitalista), son los instrumentos legales que impiden que los trabajadores, ellos mismos, sin patrones, hagan funcionar las empresas que hasta ahora han estado al servicio de la lógica del enriquecimiento privado, de la corrupción y de la captura de la democracia representativa.  

Por lo tanto, toda Constitución democrática que afronte los desafíos de los tiempos presentes en un mundo convulsionado por la desigualdad social, la corrupción, la concentración de la riqueza, el estado de guerra permanente, la destrucción neoliberal del planeta y el tejido social, debe plantear un mecanismo eficaz de traspaso a un área social a las empresas que atentan contra el bienestar, la seguridad de los ciudadanos y la confianza de los consumidores. Y otras deben ser creadas por el Estado y puestas bajo control ciudadano y común para suplir las carencias de un  futuro próximo en sectores neurálgicos como el sector de la energía.

Hay que dar la batalla constitucional, pero …  

Tal cual, el “proceso constituyente” de Bachelet-Eyzaguirre tiende a dar garantías a los poderosos de siempre y a escamotearle al pueblo, único sujeto del poder constituyente, la elección de una asamblea constituyente y el acto político por excelencia de redactar una nueva constitución.  

El constitucionalismo avanzado concluye que: “La exigencia constitucional democrática ha sido devorada por dos fuertes oleajes, la de la representación (la elección de representantes o parlamentarios) y la del mercado […] el capitalismo aplasta al individuo y los mercados imponen sus leyes a los políticos y a los ciudadanos” escribe Dominique Rousseau, codirector de la Escuela de derecho de la Sorbona en su libro Radicaliser la démocratie, (Éditions du Seuil, 20015, p. 13, 16).

Lo hemos visto en Chile. El sistema de democracia representativa o electoral (liberal) en su modo binominal y también proporcional excluye a los ciudadanos de toda participación en ella. Y el capitalismo empresarial ha impuesto el interés privado por sobre los derechos sociales, lo común a compartir y la supervivencia ecológica del territorio nacional.

Rebatir el discurso excluyente de la Presidenta y del ministro Eyzaguirre  

¿Puede dejársele a los actores y a las instituciones en crisis de legitimidad y de ruptura del vínculo de confianza con el pueblo ciudadano el encargo de decidir cuestiones esenciales acerca del proceso constituyente y de la nueva constitución? El gobierno actual fue elegido con no más del 26 % del padrón electoral y un 41, 98 % de los ciudadanos votaron en segunda vuelta. Y quienes lo hicieron, se reconocen, en su gran mayoría, en las dos candidaturas, una de derecha pinochetista dura conservadora y liberal y la otra socialdemócrata de derecha o social liberal. Es muy probable que el 50 % que no votó no se identifique con esas corrientes políticas, que según el ministro de la Segpres Nicolás Eyzaguirre (*), deben “sentirse a gusto” en la Constitución. Así se busca excluir ya, en el discurso, a otras corrientes políticas democráticas, de izquierdas, libertarias, anti neoliberales, anticapitalistas, de las minorías identitarias y del pueblo-nación mapuche. Hablemos del penthouse en lugar de “la casa común”.  

Sigamos: más del 70 % de los ciudadanos desconfía de las autoridades que nos gobiernan (partiendo de la cima del Estado, pasando por el poder judicial, hasta el enlodado poder legislativo) y mayor aún es el porcentaje de ciudadanos que exige una Asamblea Constituyente. Los partidos políticos del binominal tienen menos de dos dígitos de apoyo ciudadano y aún así buscan desde el llamado poder legislativo y con recursos fiscales controlar un proceso que por definición debe dar libre curso al poder constituyente del pueblo. En otros términos, de ponerse bajo escrutinio popular. No obstante, tales realidades son ignoradas por la Presidenta de la República, sus ministros y sus parlamentarios.  

Ellos deben transparentar y nosotros evaluar las garantías democráticas de un proceso constituyente  

Cabe decir entonces que 1) ninguna reflexión acerca del proceso constitucional inaugurado por Bachelet y su ministro Nicolás Eyzaguirre (el “coordinador administrativo” del proceso constituyente) debe olvidar que el modelo neoliberal de los Chicago Boys y la Constitución de Jaime Guzmán han generado las condiciones para la corrupción política, la colusión empresarial en los mercados y la captura de la política institucional por los intereses privados; 2) que el actual gobierno de Bachelet, el Congreso binominal actual, los altos quórums constitucionales, así como el Tribunal Constitucional (TC), son una continuidad de esta vieja legalidad institucional impuesta a sangre y fuego por el Tirano y Cía.; 3) que tener el poder de decidir a quiénes encargar estudios, hacer un plan de medios (pagar dispositivos de comunicación; impresos, web y periodistas), nombrar a dedo y sin criterios transparentes un Consejo Asesor de una treintena de miembros y escoger quien sabe a partir de qué criterios a los 219 monitores que dirigirán los cabildos es demasiada concentración de poder en manos de Eyzaguirre y de la empresa de Eugenio Tironi y Asociados. Puesto que esta empresa de lobby y consultora estratégica (de empresas extranjeras y nacionales y de La Moneda, de militancia concertacionista) es la encargada de los estudios  “metodológicos” —con los oficios de Rodrigo Araya, antropólogo, y encargado de proyectos en Tironi y Asociados— del dicho proceso y por lo tanto responsable del sesgo que se le dará a las pautas (y verbatims) que guiarán la organización de la información recabada en los 54 cabildos que se realizarán a lo largo del país (las “preferencias” en el lenguaje de Eyzaguirre) y que le será presentada en un informe a la presidenta, militante socialista de nombre y social liberal de práctica y vocación.  

Todo apunta a aumentar las sospechas que, viniendo de quien viene, “el proceso constituyente” será manejado desde arriba para hacer a un lado las propuestas del pueblo organizado en movimientos sociales, organizaciones ciudadanas, sindicales y poblacionales, dándole prioridad de facto a corrientes ideológicas de derecha y a los Think Tanks liberales y conservadores, a menos que se den garantías democráticas y se creen mecanismos de control ciudadano eficaces para asegurarse que los contenidos y fundamentos constitucionales correspondan a las exigencias ciudadanas que puedan expresarse en los cabildos que serán organizados. Así como para impedir que una vez más la demanda ciudadana de Asamblea Constituyente sea desvirtuada. Ya que una nueva constitución que no sea  redactada y aprobada por ella será considerada ilegítima. Es obvio que la casta puede pervertir un proceso hasta llegar a vaciarlo de su contenido democrático. Es lo que pretenden hacer.

Cabe saber entonces si es posible revertir esa tendencia al control ideológico, institucional y político excluyente que pasa por al aparente y neutro manejo tecnocrático-administrativo (como si los métodos sociológicos fueran puros y los asesores y monitores de cabildos ángeles caídos del limbo). Si el primer paso es debatir públicamente acerca de las garantías de un auténtico proceso constituyente, el segundo debe ser evaluar si es posible imprimirle al proceso constituyente institucional un sello democrático, social y popular que sea asumido por el movimiento estudiantil, los otros movimientos sociales y ojalá las organizaciones de la clase trabajadora. En caso contrario habrá que construir uno alternativo que denuncie el primero como siendo el proceso de la casta político-empresarial.

NOTAS

(*) Con una desenvoltura típica de un economista neoliberal, ex tecnócrata del Fondo Monetario Internacional (FMI), ex empleado en el 13 de Andrónico Luksic, ex fracasado ministro de Educación, el Segpres  actual Nicolás Eyzaguirre y administrador del proceso  constituyente enuncia así los parámetros excluyentes: “Lo que queremos es que haya una Constitución donde ambos, conservadores y liberales, socialdemócratas y neoliberales, se sientan a gusto y que las políticas públicas sean las que, en definitiva, determinen el curso de cada gobierno; si la orientación es más hacia un lado conservador o liberal o hacia un lado neoliberal o socialdemócrata”.
El ideólogo pinochetista y conservador Jaime Guzmán sostenía algo muy parecido con respecto al espíritu excluyente de la Constitución del 80’  en su famosa frase: “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
Leer sobre el constitucionalismo de Guzmán la entrevista con Renato Cristi, filósofo político (Phd) de la Waterloo University


Leopoldo Lavín Mujica  

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