Columnas
2016-03-07
1104 lecturas

Leopoldo Lavín Mujica
especial para G80

Cuando la corrupción política es estructural

Con la publicación de los mails entre Longueira y Contesse ha quedado bien claro el engranaje de la corrupción. Este partía con las negociaciones entre los políticos de la UDI o RN con los ministros, parlamentarios, operadores y lobbystas de la Nueva Mayoría cuyo resultado eran informes confidenciales enviados a los computadores de las oficinas de los ejecutivos de empresas como Soquimich. De ahí salían directamente los pagos a los políticos y a sus testaferros que movían los hilos para obtener los votos en el congreso nacional. Muy parecida fue la fórmula aplicada por los siete grupos empresariales pesqueros para hacer aprobar su ley de pesca.

Son estos esquemas de la corrupción de carácter estructural que revelan los escuetos mas significativos intercambios entre Longueira, el ex ministro UDI de Piñera y Patricio Contesse (“Pato” para Longueira), brazo derecho de Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet, boss de Soquimich, con informes confidenciales de Lagos Jr. y del ex ministro de hacienda Arenas, sobre la “reforma tributaria”, por ejemplo.

Y de paso, quedó claro que aquello de “reformistas” refundacionales para designar al primer gabinete de Bachelet con Arenas, Peñailillo y los G90 del PPD era una leyenda urbana más, que incluso redes de izquierda se tragaron.

Otro golpe a un mito mantenido por la ideología dominante: el que sostiene que los políticos y tecnócratas que nos gobiernan son idóneos para la tarea. Nada más falso; además de ser políticos mediocres, el sistema parlamentario representativo del Estado postdictadura está penetrado por una mecánica estructural de la corrupción por el dinero que ha sido ignorada como sujeto de estudio por la academia y obviamente por opinólogos de la clase dominante.

Cabe decirlo. El periodismo recién comienza a ajustarse a su tarea de bien informar a la ciudadanía. No hace más de un año que devela con acierto los eslabones del sistema de sobornos, filtración y tráfico de información privilegiada, cohecho, fraude al fisco con boletas falsas, puertas giratorias (entre empresa y función pública), nepotismo al más alto nivel, prevaricación y maniobras de jueces y fiscales para facilitar la impunidad y así evitar sentencias con penas de castigo ejemplares y prisión firme. Exactamente todo lo que ha sido denunciado como el trasfondo de una cultura cuasi mafiosa, caldo de cultivo de la corrupción en otras latitudes. Cuyo síntoma último acaba de producirse: cuando la casta se hace cómplice y defiende en bloque a un político corrupto como Longueira es porque se ha quemado otra etapa. Lo que equivale a decir: “como todos somos corruptos no puede haber político probo”.

Es evidente que, pese a las informaciones con cuentagotas, cuesta informar porque el dispositivo mediático mismo produce desinformación o contrainformación ya que el sistema de poder que controla los grandes medios crea murallas para protegerse de la mirada intrusa que permite confirmar y difundir las prácticas corruptas además de reflexionar sobre las definiciones que la ciudadanía debería adoptar.

Las últimas revelaciones acerca de los mails entre el ex candidato presidencial de la UDI Longueira y Contesse han sido el pretexto para que articulistas y/o analistas se declaren “sorprendidos” del alcance transversal de la corrupción de la casta política-empresarial. Y para que sólo ahora se escuchen las declaraciones oportunistas de Ossandón refiriéndose al “silencio sepulcral de Chile” sobre el tema de la corrupción. Se equivoca el presidenciable de RN y rival de Piñera. En este medio se ha criticado y analizado desde hace al menos ocho años, y apoyándonos en los escándalos bajo el gobierno de Lagos, Piñera y Bachelet, lo que hemos llamado la corrupción estructural que corroe al Estado chileno, sus instituciones, así como a la clase empresarial que se mueve y colude en los mercados y compra las consciencias de los políticos .

Porque la criminalidad de cuello y corbata de tipo empresarial (Matte-papel, Caval-Banco Chile, Penta, farmacias, pollos, supermercados y también los desfalcos en FFAA, etc) y la corrupción de la casta política son fenómenos inseparables y tampoco pueden ser analizados sin tomar en cuenta el carácter de la transición pactada (monitoreada por Boeninger, Correa, Solari, Tironi, Escalona, Bitar, Novoa, Longueira, Lavín, etc) que permitió que derechistas pinochetistas ideológicamente neoliberales, junto con los renovados y tránsfugas del PS, PPD más los DC capturaran los reducidos nichos de “democracia representativa” y los “poderes del Estado” y que junto con un discurso acerca de la “transición a la democracia y los frutos del modelo” les permitía a ambos hacer creer a los ciudadanos que estaban eligiendo a políticos aptos para gobernar.

Es así como algunos prefieren hablar de “gobierno de la plutocracia en las sombras”. Si bien esto es fenomenológicamente cierto, es poco riguroso en términos conceptuales. Basta una mirada retrospectiva para revelarnos cómo, paradójicamente, las prácticas corruptas eran completamente soslayadas en el análisis político hace algunos años y pese a los escándalos cuyas puntas aparecían de manera recurrente. Incluso, a muchos “analistas” les toma tiempo nombrar los hechos por lo que son: corrupción política estructural, alianza férrea entre la política parlamentaria representativa con el poder económico del capital y captura de aquella por éste; por lo tanto Estado oligárquico de la clase dominante al servicio del modelo capitalista neoliberal (y no subsidiario). Lo que demuestra que los marcos teóricos no existían para hacerlo.

El caso paradigmático sigue siendo la primera candidatura de Piñera. Tal como lo habíamos analizado en una columna del 18 de enero del 2007 (1). Debemos recordar que sus antecedentes fueron soslayados y poco analizados en su momento. Que se minimizó, al punto de ignorarla, la nefasta alianza entre el dinero y la política y sus efectos corrosivos para la democracia. Recordemos que Piñera había cometido delito de iniciado para ganar dinero con su venta de acciones de Lan, y fue multado por ello por la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, el candidato y presidente electo de Chile fue apoyado por profesionales en rasgar vestiduras como Carlos Peña.

LA FALTA DE UN MARCO TEÓRICO PARA ANALIZAR LA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL

Todos los signos precursores estaban ahí de manera empíricamente evidente desde hace varios años (2). Todo permitía ya decir acertadamente que era una casta de tránsfugas al servicio del empresariado la que se había enquistado en el sistema parlamentario. Que el Estado de derecho funcionaba con una burocracia “progresista”, pero como Estado de la clase dominante. Precisamente, variados estudios de teóricos marxistas demuestran aquí su capacidad heurística, es decir explicativa. Alejarse de estas categorías que ponen énfasis en las relaciones de poder de tipo económico con las clases sociales y los sistemas políticos es impedirse entender los problemas que viven las democracias representativas. Otra cosa es la estrategia política para transformar tanto el Estado como el estado de cosas. No se trata de iniciar polémicas estériles. Pero se trata de bien nombrar y definir el problema para atacarlo de raíz. Es lo que no harán la casta política en el parlamento, ni tampoco las comisiones Engel de probidad.

Lo repetimos: la sorpresa de algunos, las exclamaciones de otros, la incapacidad de construir una problemática de estudio para elaborar hipótesis de trabajo, puesto que todo era predecible y estaba en la estructura misma del sistema, muestra que no existía el marco teórico para entender la realidad marcada por la corrupción.

Es que no se trata sólo de un “gobierno en las sombras” como quieren señalar algunos; frase que ilustra un fenómeno, pero no lo diseca. Se trata de un Estado que con sus aparatos o “división de poderes” articula la “estructura del poder” y maniobra como un instrumento de la clase dominante en un contexto de neoliberalización de la economía y de la globalización capitalista con su gobernanza de supra poderes. A falta de conceptos se dice cualquier cosa. Porque gobernar para los empresarios y las corporaciones multinacionales significa no hacerlo en beneficio de las mayorías asalariadas e implica excluir al pueblo de la participación política real mediante una constitución hecha con ese objetivo.

José Ignacio Torreblanca escribía en El País del 30 de enero de este año que “los estudios demuestran que los votantes son conscientes de que la gestión de la economía es una cuestión compleja y, por lo tanto, de que el éxito o fracaso de la creación de empleo no depende exclusivamente de los políticos sino que de múltiples factores que están más allá de su control, pero los votantes sí que atribuyen a los políticos la responsabilidad de la corrupción (también, por cierto, sobre la desigualdad) y saben que socava la democracia”. Y añadía algo que ya habíamos señalado en varias oportunidades: que “la corrupción requiere la complicidad o la negligencia de los políticos, de ahí que sea inevitable responsabilizarles por ella”.

Y Torreblanca —refiriéndose al caso español en términos que pueden aplicarse mot par mot al chileno— señalaba que “la corrupción, además de ser endógena (interna y generada de manera casi natural por un sistema), es estructural al sistema y, aún peor, está siendo amparada desde la política. Al crear redes de clientelismo, redistribuir recursos económicos y promocionar unos políticos a costa de otros, ha permitido ganar elecciones y seguir reproduciéndose hasta capturar áreas cada vez más amplias de la contratación pública, íntegramente bajo sospecha hoy. Si la corrupción existe es porque la política se ha beneficiado de ella”. Y el columnista español remataba su texto diciendo algo que vale la pena sopesar por su coherencia con lo anterior: “La corrupción es la primera amenaza de nuestro sistema democrático, por tanto, sólo cuando la corrupción implique la pérdida del poder podremos comenzar a acabar con ella”.

Ahora bien, comenzar a acabar con la corrupción es la tarea que deben asumir los movimientos sociales y los auténticos demócratas junto con las organizaciones de la clase trabajadora.

En un contexto de debate constitucional en Chile cabe agregar que las fuerzas democráticas y populares deben luchar por inscribir en la nueva constitución un fundamento o principio que en su espíritu permita, junto con blindar en ella los derechos sociales, impedir efectivamente y sin mayores trámites la elección, así como garantizar la destitución ipso facto, de todo político que haya infringido las apariencias de probidad y que permita además anular toda ley injusta aprobada mediante el engaño junto con aquellas que hayan sido el fruto de los engranajes de la corrupción y de componendas con el poder empresarial y con lobbystas a su servicio.

———

(1) El caso Piñera y la 'berlusconización' de la política chilena.
(2) Sociología de las elites delincuentes. De la criminalidad de cuello y corbata a la corrupción política.

Leopoldo Lavín Mujica

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