Columnas
2016-05-09
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Rafael Luis Gumucio Rivas
especial para G80

Militares “dignos y timoratos, donde haya queso no mandéis generales”

A través de la historia universal, el negocio de las armas y de los pertrechos militares ha sido el más lucrativo. Sin ir más lejos, el mismo Voltaire se enriqueció a través de este mercado; los más adinerados burgueses del siglo XIX se aumentaron su fortuna gracias a la venta de pertrechos al ejército, rubro que es mil veces más rentable que el bancario.

El miligate supera, de lejos, al conjunto del aporte de las empresas a los políticos: en Chile se calcula el fraude en 10 mil millones de dólares, más que la recaudación de la reforma tributaria- según el periodista de la revista The Clinic, Mauricio Weibel - a dotar al país de 30 hospitales de lujo, financiar la educación gratuita para todos, terminar con los campamentos, solucionar los problemas de conectividad e infraestructura, y aún habría un remanente a invertir en caso de catástrofes naturales y humanas.

La “ley reservada del cobre” es, hasta ahora, una de las 180 leyes secretas existentes en el país – aún algunos ciudadanos insisten en llamar democracia a esta plutocracia – y al final se acaba de descubrir que la Contraloría General de la República tenía derecho a supervisar el empleo de estos dineros donados a las Fuerzas Armadas, pero los contralores de turno sólo se limitaron a mirar para el lado. Si esta negligencia no ha ameritado acusación constitucional demuestra que las instituciones en Chile no han funcionado correctamente.

Los ministros de Defensa, se supone, están sobre los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas – está estatuido que el poder civil está sobre el militar -, sin embargo, ocurre todo lo contrario y los ministros Francisco Vidal, Jaime Rravinet, Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Jorge Burgos y el actual, José Antonio Gómez, tendrán que responder ante el Congreso por su negligencia al dejar de fiscalizar a sus subordinados, los comandantes en jefe. En una democracia como Dios manda, el jefe de la cartera responde.

Hasta ahora se está tratando de investigar el “milicogate” desde el año 2010 en adelante, pero se presume que el fraude viene desde la implementación de la ley reservada del cobre y que a partir de 2010, es sabido, se eliminaron todos los controles posibles, es decir, dejaron “a los gatos cuidando la carnicería – o la quesería, si les parece -. Sería muy ingenuo pensar que teniendo tantos millones de dólares a la vista y no saber en qué gastarlos, sumado a la falta de control externo e interno y, además, del secreto existente, que la unidad que lo administraba no se aprovechara de esta oportunidad. Al final, el dinero fiscal – de todos los ciudadanos – es equivalente al “de Moya”.

El líder, “Daniel López Pinochet Ugarte” fue un genio en robar dinero de todos los chilenos y, además, morir impune dejando, claro está, una muy suculenta herencia a su mujer e hijos; era apenas lógico que la enseñanza del “maestro” fuese aprendida por sus sucesores, del general al cabo.

Las fuentes para enriquecerse ilegítimamente no son tan complicadas: el 10% por la venta de armas, más los llamados gastos reservados – como se sabe, tienen muy poco control – sumado a los pagos y sobornos que reciben de las empresas proveedoras de pertrechos militares – de nuevo, recordemos a Voltaire y a los nuevos ricos de la burguesía triunfante de la época de Luis Felipe -.

El argumento del secretismo en razón de la seguridad nacional es francamente una falacia, pues ni se quiere disuadir a los países vecinos desde el punto de vista de superioridad militar, es más conveniente mostrar las armas que esconderlas. Por lo demás, personalmente pienso que hace un buen tiempo que no estamos cercanos a ninguna guerra, por el contrario, una buena disuasión es una política de hermandad, colaboración mutua e integración, lo cual hace innecesario adquirir armas y emplear ese dinero en educación, salud y viviendas dignas para todos los chilenos.

El affaire “milicogate” tiene aspectos verdaderamente sórdidos y tragicómicos, como el despilfarro de 300 millones de pesos en el casino Monticello, por cabo Carlos Cruz y su mujer, Elizabeth Vega, quienes confesaron que visitaban tres días a la semana el casino – en una sola noche jugaron hasta 60 millones de pesos -. Ahora se ha sabido que la dirección del casino reportó tan anómala situación, pero nadie movió un dedo.

Las miles de boletas y facturas emitidas fraudulentamente no sólo eran ideológicamente falsas, sino también materialmente falsas, ni siquiera se molestaron en incluir el timbre de Impuestos Internos; por lo demás, adquirieron notable maestría en la falsificación de firmas, o sea, control nulo por donde se le mire. Para estos militares el Estado son ellos mismos, una especie de anarquistas de los cuentos de G. K. Chesterton.

En una de las grabaciones uno de los imputados, el oficial Clovis Montero, es retado por su interlocutor por hacer “pillerías con cabos”, tal vez si lo hubiera hecho con generales o coroneles no hubiese sido descubierto y entonces estaría gozando de su riqueza y de la tranquilidad de sentirse impune.

Antes de la dictadura de Augusto Pinochet los militares ganaban bastante humilde – hay que reconocer que Carlos Ibáñez del Campo, aun cuando fue dictador, pasó un exilio modesto, en consecuencia, no se le puede acusar de ladró -.

El lema de “el ejército jamás vencido” es una falacia, pues la guerra del Salitre fue ganada por los ministros civiles Rafael Sotomayor y José Francisco Vergara, y que si hubiese estado en manos del muy limitado Manuel Baquedano, de seguro Chile hubiera llegado hasta la Serena – nada de raro que tuviéramos a los peruanos en posesión de Santiago -.

El asunto del presunto enriquecimiento ilícito del general José Miguel Fuente-Alba amerita una columna especial.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
07/05/2016

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