Columnas
2006-02-07
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Leopoldo Lavín Mujica


Alca vs Alba: la pugna política de fondo

La energía y su control (la geoestrategia) son un factor clave de la política del siglo XXI. Por lo tanto tendrían que ser temas de un debate ciudadano abierto, facilitado por una información clara, accesible y pertinente. Es mucho más que proyectos de integración económica y de mercados, así como de tratados comerciales, lo que está en juego en América Latina (¡cómo olvidar la Cultura y la producción de bienes culturales!). La Alternativa Bolivariana para Las Américas (ALBA) es una contra-propuesta al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. El ALCA es el instrumento económico por el cual los EE.UU. buscan consolidar su hegemonía imperial sobre América Latina.

El ALBA, es un proyecto que según el investigador brasileño Emir Sader: “privilegia las ventajas cooperativas entre países, favoreciendo a las economías más frágiles, fortaleciendo el conjunto de la economía del sub-continente […] una tentativa ambiciosa de integración regional para desembarazarse de la estricta lógica del mercado”. En la práctica, pasos importantes se han dado en este sentido. Las inversiones venezolanas en Uruguay (US $600 millones entre la PDVSA y ANCAP), los acuerdos entre Caracas y Brasilia para construir una importante refinería de petróleo en el nordeste brasileño, el proyecto de construcción de un oleoducto que partiendo de Venezuela, pase por Brasil (Evo Morales también ha manifestado interés por participar) para llegar a Argentina y, porqué no, sostiene Sader, la creación de Petrosur.

Ante esta situación los estrategas imperiales no ocultan su preocupación. La revista norteamericana Foreign Affairs, en su último número, publica un artículo de Peter Hakim (Is Washington Losing Latin America?) donde se afirma que las relaciones entre los EE.UU y América Latina están en su punto más bajo desde fines de la Guerra Fría, debido al rechazo que provoca la agenda internacional del Imperio. Por lo tanto se constata una pérdida de influencia de los EE.UU. en América Latina que puede traducirse en una mayor presencia económica de China, la obsesión actual de las elites empresariales globales norteamericanas (también lo es India).

En este contexto las definiciones y la conducción de las carteras de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores son neurálgicas en la orientación político-económica de Chile en el continente. Están en juego la soberanía sobre los recursos naturales, la calidad del empleo, el tipo de desarrollo y las alianzas geopolíticas. En el marco ideológico contemporáneo de ofensiva del capitalismo global, toda medida tendiente a rescatar del mercado un recurso natural estratégico considerado vital (cobre, gas, petróleo, agua) para nacionalizarlo, es decir, para administrarlo según el interés general de la Nación, es considerado una herejía al dogma neoliberal y una provocación al Imperio. Las elites imperiales neoconservadoras ya le pusieron nombre al “enemigo” funcional a su proyecto. Se trataría del “populismo radical”. Es decir cualquier proyecto nacional alternativo al diseño del capitalismo global del Imperio que le ponga límites a la voracidad de las grandes empresas.

Los antecedentes del ALCA se encuentran en el TLCAN/NAFTA (México, Estados Unidos y Canadá). Una rápida mirada del funcionamiento del tratado entre dos países —considerados economías de talla mediana— con la superpotencia, muestra bien lo que significa el concepto de relaciones asimétricas entre Estados-mercados en un contexto de intercambios comerciales desde una óptica neoliberal.

El TLCAN/NAFTA: Zona de turbulencias

Cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA) entró en vigor el primero de enero de 1994 fue considerado un modelo de acuerdo comercial puesto que posibilitaría formas más desarrolladas y dinámicas de integración entre México, EE.UU. y Canadá y podría superar así los desafíos de la globalización(*). Pero desde comienzos del año pasado, lo que puede ser considerado el padre del ALCA — puesto que contiene las premisas básicas del proyecto de integración continental por el cual los EE.UU. quieren consolidar su hegemonía sobre América Latina — atraviesa por un período de turbulencias.

La declaración conjunta del 2005 para celebrar la primera década de aplicación del TLCAN fue reveladora del enfoque triunfalista que los gobiernos de Fox, Bush y Martin quisieron darle. Ponía énfasis en: “el gran éxito que representa el tratado para las tres partes implicadas [...] Se trata de una demostración clara de los beneficios obtenidos por los tres países que tienen confianza en el futuro y que han implementado políticas de libre comercio con el fin de aumentar la riqueza y la competitividad, así como las ventajas para los consumidores, los trabajadores y las empresas.”

Las cifras citadas en aquella ocasión revelaban que EE.UU. absorbe el 85% de las exportaciones de México y de Canadá y que los dos países socios tienen un excedente comercial con EE.UU. del orden de los 110.000 millones de dólares.

Las inversiones extranjeras directas efectuadas en los tres países por los otros socios del TLCAN también se duplicaron, siendo hoy del orden de los 300.000 millones. Bajo la presión de los sectores laborales y ecologistas se firmaron dos acuerdos, uno de cooperación en el sector laboral, con miras a mejorar las condiciones de trabajo, y otro, para proteger el medio ambiente. Su aplicación práctica es harina de otro costal.

¿Nubarrones o resquebrajamientos?

Bastó un año para que el paisaje cambiara abruptamente. El campo de los fervientes partidarios del Tratado que en sus inicios se reclutaba en los tres gobiernos, en los medios tecnócratas, de economistas, políticos y las grandes empresas, se encuentra hoy dividido. Para algunos, el TLCAN vive una crisis de crecimiento que obligaría a adaptarlo a las nuevas contingencias que viven los Estados, profundizando la integración institucional entre las tres naciones. Para otros, entre los que se cuentan ex adeptos incondicionales, se trataría de un instrumento que se ha revelado inadecuado para enfrentar los nuevos desafíos de las economías del área norteamericana. Entre estos últimos se incluyen los sectores económicos que abogan por un proteccionismo del Estado en sectores que sufren los embates de la competencia foránea.

En EE.UU., los poderosos lobbys de la industria textil, forestal, ganaderos y agrícolas intervienen activamente en el Congreso para limitar y obstaculizar la aplicación del TLCAN. Recientemente, la coalición que defiende los intereses de los productores estadounidenses de madera (Coalition for Fair Lumber) solicitó —el pasado miércoles 14 de septiembre— a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que se pronuncie contra la constitucionalidad del TLCAN.

Según un estudio del Banco Mundial, el TLCAN ha tenido un impacto favorable en el comercio, la inversión extranjera, las transferencias tecnológicas y el crecimiento económico, pero mucho menos en la reducción de la pobreza y la creación de puestos de trabajo de calidad. En México, con un dólar alto, las maquiladoras que se ven enfrentadas a la competencia China en el plano de las inversiones y deslocalizaciones, pagan salarios bajísimos y las condiciones de trabajo son pésimas. Todo esto en un contexto donde los trabajadores tienen que enfrentarse a las estrategias antisindicales de estas empresas especializadas en el montaje de productos exportables. Además, la entrada de cereales norteamericanos subvencionados ha eliminado la producción mexicana y, en abierta contradicción con el credo librecambista, ha contribuido al alza y no a la baja de precios al consumidor.

A las fricciones propias del campo estrictamente económico se añaden las desconfianzas políticas, producto de las coyunturas en política internacional. Ninguno de los dos socios comerciales de la superpotencia (México y Canadá), la siguieron en la aventura guerrera del caos iraquí en la cual se encuentra hoy entrampada la administración neoconservadora de George W. Bush. Derroche de hombres y recursos que le impide incluso proteger a su propia población de las catástrofes naturales como el huracán Katrina. Fragilizando su situación económica y contribuyendo a aumentar el enorme déficit fiscal y comercial norteamericano.

Además, Canadá se ha negado (hasta el momento) a participar en el costoso proyecto estratégico de defensa del Pentágono de “Escudo Antimisil” para proteger al continente norteamericano de posibles ataques aéreos. Es en este contexto de “Guerra contra el Terrorismo” y de obsesión “de seguridad” que los Estados Unidos quieren crear un perímetro de seguridad territorial (para protegerse de posibles ataques de terroristas que cruzarían la frontera desde Canadá y México) que incluiría la homogeneización de los controles aduaneros y la seguridad marítima y aérea. La siguiente “boutade” de un editorialista canadiense refleja bien el estado de ánimo de los socios: “Es más fácil que un presunto terrorista atraviese la frontera canado-estadounidense que una vaca sana pueda atravesarla”. Haciendo directa alusión a las medidas proteccionistas que los lobbys ganaderos norteamericanos han aplicado para impedir la exportación de carne canadiense hacia los mercados estadounidenses.

¿Una guerra comercial?

Hace tres años los Estados norteamericanos republicanos productores de madera hicieron presión sobre el gobierno de George W. Bush para que decretara que la madera canadiense era ilegalmente subvencionada y que por lo tanto la competencia con los empresarios estadounidenses era injusta. Washington impuso unilateralmente un derecho o tasa de un 30% a las importaciones de madera canadiense. En tres años les retuvieron US $5.000 millones a los productores canadienses, se cerraron una docena de aserraderos canadienses y se eliminaron miles de puestos de trabajo. La OMC por unanimidad dio razón y apoyó las demandas canadienses de retorno de la exorbitante cantidad de dinero retenida por EE.UU. Por el momento, éste se ha negado a plegarse a las sentencias tanto de los tribunales arbitrales del propio TLCAN, como de la supra-instancia reguladora del comercio mundial, la OMC.

Muchos negociadores canadienses se quejan de que EE.UU. es un negociador “dictatorial”, que actúa como “delincuente”. Para algunos incluso el Tratado está en peligro, y si los estadounidenses quieren la guerra comercial, hay que darla.

Tanto México como Canadá saben que el peso político y económico desmesurado de la superpotencia impide toda negociación en igualdad de condiciones.

El sentido común

La experiencia indica que EE.UU. es reacio a aceptar las decisiones de las instancias internacionales de litigios comerciales cuando las sentencias no le son favorables. El “common sense” aconseja que cuando se negocia con EE.UU. no hay que ser ingenuo. Hay que reconocer que la política comercial de la superpotencia no es dictada por las reglas internacionales, sino que es una consecuencia directa de la coyuntura económica, de compromisos políticos entre la administración y los legisladores, muchos de los cuales defienden los intereses de los poderosos lobbys como el de los productos agrícolas o industriales, el acero, los textiles, la madera, etc.

¿Cómo pueden los EE.UU. exigir que las autoridades chinas respeten sus compromisos frente a la OMC en el tema de los textiles cuando ellos rehúsan reconocer los compromisos firmados en los convenios del TLCAN? “Los EE.UU. no pueden darle lecciones a nadie”, se respondía un analista canadiense.

Este panorama determina que el TLCAN sea visto por algunos especialistas con mayor desconfianza. Según John Foster, investigador sobre las relaciones entre las ONG y la sociedad civil del Instituto Canadiense Norte-Sur: “El TLCAN es, en la práctica, un acuerdo constitucional supranacional cuyo único objetivo es garantizar la libre circulación del capital y la predominancia de los derechos del sector privado sobre los trabajadores”. No es extraño entonces que las decisiones importantes, reglamentos y acuerdos sean tomados por los tecnócratas de turno, sin un debate previo en los parlamentos nacionales. Las organizaciones y movimientos de la sociedad civil son sistemáticamente marginados del proceso de deliberación y de toma de decisiones. Situación que debería revertirse por una toma de consciencia social de los ciudadanos y ciudadanas de los procesos económicos.

_________________
(*) El TLCAN puede ser considerado un triunfo más de las fuerzas neoliberales en estas dos últimas décadas. Arremetida que se expresa desde el comienzo de la crisis de la deuda externa en 1982, del Consenso de Washington y de la imposición de programas de ajustes estructurales de corte neoliberal impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en numerosos países considerados en la época en “vías de desarrollo”. Es así como en los años 1990, se firmaron importantes acuerdos de libre comercio. En otras regiones, el desmoronamiento de la Unión Soviética abrió nuevos y vastos espacios económicos y sociales al libre comercio. Para cimentar este proceso de liberalización capitalista de los mercados, las negociaciones de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio (GATT) llevadas a cabo en Marrakech en 1994, culminaron en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995.


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