2006-02-19
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Manuel Riesco
La fe de Pedro
En las postrimerías del mandato del Presidente Lagos, se han allegado nuevas evidencias inapelables: más allá de sus reconocidos avances respecto del desastre que legó la dictadura, la política educacional de la Concertación debe ser asumida en definitiva como un fracaso. Los resultados de la PSU han dejado al descubierto, una vez más, una inaceptable mala calidad y escandalosa inequidad. La impresentable chambonada en la asignación del crédito universitario, su torpe manejo posterior, e inesperado desenlace, han demostrado la indignidad y cicatería de los criterios de focalización del gasto, y la inviabilidad del sistema de créditos. Finalmente, las objeciones de la Contraloría a los nuevos estatutos de la universidad de Chile han evidenciado la precariedad institucional en que ha quedado el sistema público.
Por toda respuesta, en forma casi unánime, los medios y expertos han exigido con majadería más de lo mismo, profundizar precisamente aquello que ha puesto el sistema educacional al borde del colapso: el Sr. Rector de la UC, Dr. Pedro Rosso lo ha expresado con claridad, llamando derechamente a privatizar todas las restantes instituciones públicas de educación.
Prácticamente el 100% de los alumnos de colegios particulares pagados ha rendido la PSU, y el 47% de ellos obtuvo más de 600 puntos. En cambio, sólo la mitad de los alumnos de colegios municipales se presentó a la prueba, y apenas el 8% de éstos superó el puntaje referido. En cambio, más de la mitad de estos 50,000 alumnos, no logró superar el mínimo de 475 puntos requerido para optar al crédito universitario. En los colegios particulares subvencionados el resultado fue casi igual de malo: sólo el 46% de los alumnos rindió la PSU, de los cuales sólo el 12% superó los 600 puntos, en cambio el 46% no alcanzó los 475 puntos.
El problema se torna dramático si se considera que sólo el 8% del alumnado asiste a colegios particulares pagados, mientras la mitad del total estudia en colegios municipales, y poco más del 40% en los particulares subvencionados. Si se consideran los colegios públicos según el municipio a que pertenecen, éstos no alcanzaron los 450 puntos en lenguaje en el 72% de las comunas, por cierto las más pobres. El grueso de los alumnos de colegios particulares pagados, en cambio, proviene de hogares ABC1, que tienen ingresos familiares superiores a $2,500,000 mensuales, y que conforman el 7% de mayores ingresos de la población. Como resultado de ello, el 42% de los estudiantes en educación superior proviene del quintil de mayores ingresos, mientras sólo el 5.8% pertenece al quintil más pobre.
De otro lado, fue necesario que se cometiera una incalificable chambonada en la asignación de los créditos universitarios –al parecer se les asignaron en su mayoría a postulantes de mayores recursos, dejando fuera a los más necesitados-, para que el gobierno, en un intento por tapar el error, decidiera finalmente destinar los recursos necesarios para atender a todos los demandantes ¿Porqué, si estaban los recursos disponibles –y estos sobran en la actualidad, como se sabe-, no se destinaron desde el primer momento? Luego, las universidades se negaron a avalar más que la mitad de los casi 50,000 postulantes –puesto que ellos deben hacerse cargo del aval durante los años de estudio. Cuando el gobierno las presionó para que lo hicieran, se supo que al final los alumnos matriculados fueron la mitad, o menos, de los créditos solicitados. En resumen, un enredo descomunal, que puso en evidencia que el mecanismo de financiamiento universitario basado en que los estudiantes contraten créditos para pagar sus estudios simplemente no es efectivo.
Los numeritos anteriores fueron coronados cuando la Contraloría objetó los nuevos estatutos de la Universidad de Chile – los cuales son el resultado del proceso de reforma que la FECH de Rodrigo Roco inició en la segunda mitad de los años 1990 y que recién ahora se habían convertido en ley. La objeción de la Contraloría fue muy simple, la Universidad de Chile no puede ejercer de consultora privada. Sin embargo, el financiamiento fiscal cubre sólo un quinto y las matrículas alrededor de un cuarto, del presupuesto total de la universidad. En cambio, poco menos de la mitad proviene de consultorías, de las cuales a su vez la mitad son contratadas por organismos del sector público y entidades derivadas – incluidas entre estas últimas, en su tiempo, las “consultorías” que el CIADE prestaba al MOP. En otras palabras, el hipócrita sistema de financiamiento actual -mediante el cual el Estado financia buena parte del presupuesto de la Universidad, pero haciendo como que ésta compite para lograrlo-, resultó irregular a buen ojo de Contralor. Todo ello pone de manifiesto la precariedad en que se debaten las universidades públicas, las cuales los gobiernos se niegan a asumir como instituciones públicas y buscan con insistencia convertirlas en un remedo de empresas privadas.
Es un magro consuelo que en parte los malos resultados educacionales se deben a que la cobertura de educación media y superior ha alcanzado a hogares de menores ingresos, los que carecen de todo tipo de recursos económicos y culturales para apoyar la educación de sus hijos – lo cual es efectivo, por otra parte. Tampoco basta con seguir reiterando que los gobiernos democráticos dieron un giro importante en cuanto a recuperar, al menos parcialmente, el despiadado recorte que la dictadura hizo del gasto público, así como las remuneraciones del magisterio. O que han reformado los programas de estudio y la propia prueba de ingreso a la universidad, entre muchas otras cosas positivas realizadas en los últimos 15 años.
La verdad es que el sistema educacional está sumido en una crisis profunda, Como se ha venido sosteniendo en estas columnas, la causa principal de la misma deriva del desmantelamiento – brutal durante la dictadura y más moderado, pero continuado durante la Concertación - del sistema público que el país construyó durante un siglo. La causa del fracaso de la Concertación es que no han abandonado la idea que la privatización es la llave maestra que resolverá los problemas, lo que constituye la esencia de la política educacional impuesta por la dictadura.
No está demás repetir las cifras gruesas que demuestran lo anterior: la dictadura redujo el gasto público en educación a la mitad, y mantuvo ese nivel hasta 1990. Todavía hoy, el gasto por alumno en educación superior es la mitad del que alcanzó hace 30 años, y en básica y media apenas ha recuperado los niveles de entonces. Alcanzó entonces al 7% del PIB y hoy no llega al 4%. La matricula total bajó durante la primera década de dictadura, en todos los niveles. En los colegios públicos, se redujo en medio millón de alumnos adicionales entre 1981 y 1990 y aún hoy la matrícula es inferior a la de entonces en 200 mil alumnos. Paralelamente, los colegios particulares subvencionados han absorbido 4 de cada 5 alumnos adicionales que entraron al sistema desde 1990, y las universidades privadas los han absorbido a todos. La Universidad de Chile tiene hoy la mitad de los alumnos que tenía hace treinta años, y menos de la mitad de los académicos – y desde luego no ha reincorporado a todos los que expulsó entonces, que eran los mejores, muchos de ellos, y no pocos de los cuales sufrieron el exilio, la prisión y aún la tortura y la muerte a manos de la dictadura.
Lo que hay que hacer es derogar la LOCE –donde radica la matriz de una política educacional fracasada-, y reformular el sistema educacional bajo el concepto de enfrentar el problema trabajando con ambos brazos, y especialmente liberar de ataduras y fortalecer el más importante, que son los colegios y universidades públicos. Al mismo tiempo, hay que regular adecuadamente la industria privada educacional que se ha venido subsidiando todo este tiempo - ha insumido la mitad del aumento del presupuesto educacional desde 1990 a la fecha, a pesar que entonces atendía sólo un tercio del alumnado.
El interés superior del país hace necesario hacer entrar en vereda a los poderosos intereses que están detrás de la mantención de una política fracasada –una derecha todavía presa del revanchismo anti Estado, una tecnocracia todavía imbuida de extremismo neoliberal, una industria educacional privada que antepone sus intereses al interés nacional.
Lamentablemente, a ellos hay que agregar, en este caso, a la Iglesia Católica, secular adversaria del sistema de educación público y laico, la que ha hablado por boca de su vocero más autorizado, el Sr. Rector de la Universidad Católica. La fe de Pedro en la educación privada nos ha llevado a un atolladero, del cual es imperioso salir cuanto antes.
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