Columnas
2008-07-03
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Andrés Figueroa
especial para G80

Las reformas de Bachelet

1. La Presidenta Michelle Bachelet, a través de cadena nacional de radio y televisión, anunció el pasado 30 de junio después de la telenovela, la puesta en marcha de la primera fase de la joya de su gobierno asociada a la mal explicada reforma previsional. Con los modos de una monitora motivacional de empresa japonesa o entrenadora de fútbol antes de salir a la cancha, la mandataria realizó una arenga insípida donde, en concreto, afirmó que 600 mil pensionados chilenos obtendrían los primeros beneficios de la reforma desde el 1 de julio. Lo que convenientemente no dijo Bachelet fue que el monto de la pensión para las franjas más precarias del país se reduce a $ 60 mil pesos, es decir $ 2 mil pesos diarios (menos de 4 dólares) en un contexto de alza inflacionaria, aumento de los precios de los alimentos, la especulación escandalosa del valor de los medicamentos (que demandan especialmente las personas de tercera edad) y la crisis energética que redunda en un incremento del costo de la vida, sin plazo de término anunciado. Ahora el gobierno podrá decir que, prácticamente, duplicamos los ingresos de los 3 mil millones de personas más pobres entre los pobres de la Tierra, que sobreviven con 2 dólares diarios, de los cuales deben destinar el 80 % en alimentos. En fin, siempre habrá un haitiano más pobre bajo un chileno de existencia material miserable.

2. Lo que tampoco informó, de manera premeditada, la Presidenta Bachelet, fue que la reforma previsional  consolida el sistema de previsión social impuesto bajo la dictadura militar de refundación capitalista, que se arquitectura en la capitalización individual, la especulación financiera, y la concentración oligopólica de la propiedad de la administración del ahorro forzoso de los trabajadores. Bachelet ni siquiera hizo alusión a que, en la práctica, la “iniciativa” aumenta por razones absolutamente economicistas y no integrales, la edad de jubilación de las mujeres más pobres. La reforma en cuestión elimina las pocas restricciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) que quedaban respecto de la liberalización de sus inversiones (con recursos de los trabajadores, claro está), las cuales quedan excluidas del sistema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y pueden colocarse enteramente en negocios extranjeros. Por su parte, los menos pobres o, poéticamente, la llamada “clase media”, continúa al arbitrio de las Administradoras, las que se embolsan uno de cada tres pesos que el trabajador impone para su vejez, mientras los otros dos son presa de la glotonería de las corporaciones financieras y sus turbulencias internacionales. Asimismo, la reforma no fija un tope a las comisiones de las AFP’s y sus compañías de seguros relacionadas. Después de los anuncios multimediales de la Presidenta, los chilenos y chilenas no son menos pobres. Simplemente su miseria se ordena jurídica y económicamente de acuerdo a la consolidación de una de las claves del patrón de acumulación capitalista en el país en los tiempos de la hegemonía del capital financiero y especulativo, esto es, la privatización de un derecho básico tan elemental y central como es el sistema de Seguridad Social.

3. Según la Dirección del Trabajo del Gobierno (o impotente Departamento de Recursos Humanos del bloque en el poder), cada trabajador chileno está endeudado en  $ 3 millones de pesos (más de 6 mil dólares), en un país donde los salarios promedian $ 250 mil pesos (500 dólares) y el salario mínimo 300 dólares. Más del 50 % de los trabajadores no cuenta con contrato ni estabilidad laboral. Sólo un 14 % de la fuerza de trabajo está sindicalizada y de ella, apenas un 8, 7 % puede negociar colectivamente. Más de un 90 % de los más de 6 millones de personas que viven de un sueldo, permanecen al arbitrio del precio a su trabajo que resuelva la patronal. Como punto de comparación, la OCDE –a la cual desea ingresar la Concertación por todos los medios- exige a los países miembros que cuenten con un 50 % de la fuerza de trabajo sindicalizada y que un 25 % tenga facultades para negociar colectivamente, entre otros requisitos. Las aspiraciones de cobrar mayor estatus internacional por parte del Ejecutivo se rompen la cabeza contra los estándares de vida de los países más desarrollados del globo, y no sólo en esta dimensión.

      Como si fuera poco, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que durante el trimestre marzo-mayo de 2008, la cesantía aumentó hasta un 8 %, sobre todo entre los jóvenes (20 %). De esta manera, el desempleo crece invariablemente por octavo mes consecutivo, lo cual, según algunos economistas, ya puede considerarse una tendencia. Las autoridades gubernamentales, agrediendo la inteligencia pública y haciendo alarde de sofismos de poca monta, señalaron que el problema no es que haya disminuido la oferta laboral, sino que “ahora hay más gente que busca trabajo por primera vez” (!). Casi 600 mil desocupados existen en el Chile del bicentenario independentista. En las regiones de Arica-Parinacota (norte) y Valparaíso (centro), las cifras superan con creces el 10 %.

      Por eso, los números del sueldo mínimo cobran una relevancia estratégica para la sobrevida de los trabajadores. En los países que gozan de altos niveles de sindicalización, el salario es materia de negociación colectiva y, lejos, supera los montos del sueldo mínimo, el cual allí es apenas una referencia. En cambio en Chile, la baja y dispersa fuerza de los trabajadores organizados, condena de un 20 % a un 30 % de  casi 6 millones de personas, a vender su empeño y sus horas productivas al precio del salario mínimo fijado por arriba, con el agravante de ser rubricado por el propio Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y militante de gobierno, Arturo Martínez. Al respecto, por esto y otras materias sustantivas –como la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda- es una condición de arranque modificar la actual composición de la dirección político sindical de la CUT, ubicando sus motores en la independencia política de los intereses de la clase trabajadora, la movilización y organización creciente, y la lucha frontal contra los intereses del capital. De lo contrario, la recomposición política y orgánica destacada para las grandes transformaciones populares en el país, se posterga, se distrae, no deja de ser funcional al poder y escasea de sentidos.  

4. Sectores significativos de estudiantes secundarios, universitarios y profesores mantienen la lucha consignada como “No al Lucro” en el área de la enseñanza ante la inminente aprobación de la Ley General de Educación (LGE) patrocinada por el gobierno y que debe ser sancionada en algunas semanas más por el Senado, luego de su ratificación por la Cámara de Diputados hace algunos días. La LGE es producto de un acuerdo al interior del bloque en el poder, obligado por la multitudinaria movilización escolar de 2006, que busca modificar cosméticamente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de Pinochet. La LGE postula una mayor fiscalización a la educación privada subvencionada (que ya se empina sobre un 40 %), y plantea la ganancia en el ámbito educativo como giro exclusivo de los privados involucrados (lo cual es un escollo salvable fácilmente para el capital en Chile). En otros artículos se ha planteado que sin la incorporación sustantiva de los trabajadores en general al combate por la restauración de la Educación Pública como viga maestra del sistema escolar y universitario, las fuerzas hasta ahora en movimiento, resultan insuficientes. Al respecto, ya algunos dirigentes magisteriales se han pronunciado en un sentido favorable a una lógica de constelación superior de fuerzas e instalación de la protesta a escala país. Sin embargo, todavía la consigna convocante (“No al Lucro”) se presenta de manera relevante, pero de fondo, indirecta y escasamente propositiva. En esa dirección, el movimiento estudiantil y magisterial, y mañana de los trabajadores, está emplazado a definir el horizonte nuclear reivindicado sobre una demanda tan concreta como que la enseñanza, al igual que en la mayoría de los países del planeta, sea de propiedad social y administración y financiamiento estatal. El objetivo del movimiento, tanto para aumentar su tonelaje político social, como su nitidez pública, debe perder ambigüedades y revelarse como una ofensiva de alcances y fundamentos estratégicos. Incluso, si en el actual ciclo de luchas ligadas al derecho básico de contar con un sistema educacional de propiedad social y administración estatal, en todos sus niveles, no se alcanza u obtiene sólo reformas parciales, debe quedar fijada en el complejo nacional la solución propuesta por abajo. Sólo de este modo, la reivindicación central se constituye en plataforma de lucha venidera, y se ancla como eje y punto de llegada en la pelea dura de recomponer las pistas e ideas fuerza de una futura hegemonía política de los intereses de los trabajadores y el pueblo. El resto es posibilismo, miopía política, falta de conducción y convicción, o mera conveniencia coyuntural.

Andrés Figueroa Cornejo
Miembro del Polo de Trabajador@s por el Socialismo

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