Columnas
2006-05-03
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Manuel Riesco
Especial para G-80

Vaca Lechera

La privatización del sistema de pensiones, en 1981, significó una suerte de embargo sobre las contribuciones a la seguridad social, que constituyen uno de los flujos financieros más importantes de la economía, en perjuicio de los adultos mayores y en beneficio de los grandes conglomerados económicos, principalmente. El destino futuro de dicho enorme, y establemente creciente, caudal de dinero, constituye la pugna principal detrás del actual proceso de reforma previsional.

En todo el mundo, los sistemas de pensiones descansan sobre tres pilares principales: el derecho a una pensión básica, financiado por el Estado, y dos pilares que se financian con descuentos a los salarios, uno mediante el ahorro o capitalización de parte de éstos, y el otro con su reparto anual. Las proporciones de cada pilar varían de país en país, sin embargo en todas partes, el más importante es el último, es decir, el mecanismo mediante el cual las pensiones se financian directamente con las cotizaciones previsionales. Es decir, alrededor del mundo, el grueso de este flujo financiero se destina a pagar pensiones, mientras una parte menor se destina al mercado de capitales. Sólo en el sistema chileno, las pensiones dependen exclusivamente, en la práctica, de la capitalización, lo que significa que la totalidad de los descuentos previsionales se destinan al mercado de capitales, y a mantener las propias AFP.

El mecanismo de reparto constituye la base principal de los sistemas de pensiones en todo el mundo, porque ha demostrado ser capaz de entregar a los jubilados beneficios definidos y crecientes, en forma sostenida, a lo largo de más de un siglo. Ello es posible, porque su base de recaudación es asimismo definida, y se asienta sobre las dos variables económicas más estables, y que son al mismo tiempo aquellas que crecen de manera más consistente: el número de trabajadores asalariados ocupados, y el nivel medio de salarios.

Como es bien sabido, todos los parámetros económicos presentan una elevada variabilidad, la cual es por lo general cíclica. La tasa de interés y las bolsas de valores, por ejemplo, que constituyen la base del sistema de AFP y de los mecanismos de capitalización en general, son las más fluctuantes de todas. Es usual que la tasa de interés se multiplique por dos, por tres, o más veces, a partir de un nivel dado, y asimismo, como ha ocurrido en años recientes, adopte valores negativos, a veces durante décadas. Las bolsas de valores, por su parte, presentan fluctuaciones constantes, que a veces asumen proporciones catastróficas. Su efecto sobre las jubilaciones basadas en este mecanismo es altamente incierto, y suele ser devastador. Por ejemplo, la fuerte baja de las tasas de interés internacionales en años recientes han afectado seriamente las pensiones de los jubilados chilenos por el sistema de AFP, quiénes han las visto disminuir significativamente, por este motivo. Como es sabido, las tablas en base a las cuales se determinan estas pensiones dependen de las tasas de interés, puesto que las mismas determinan en parte el rendimiento anual de los fondos que financian estas pensiones.

Es verdad, que a lo largo de muchos años, dichas variables logran, en promedio, tasas de crecimiento parecidas a las del PIB. Sin embargo, ello se asienta como el promedio de constantes fluctuaciones, a veces muy violentas. Por ejemplo, entre su máximo anterior a la crisis de 1929, y su punto más alto previo a la crisis del 2000, el afamado índice accionario Dow-Jones creció 41 veces, mientras el IPC de USA aumentó 10.07 veces, descontado lo cual, el índice bursátil se multiplicó por 4 en 71 años, lo que equivale a un promedio inferior al 2.0% anual. Entre 1970 y el 2006, el índice Standard&Poors 500 (S&P), que es el más representativo de la bolsa de valores de Wall Street, aumentó 15 veces, mientras el índice de precios a consumidor (IPC) de los EE.UU. aumentaba 5.15 veces, es decir, una vez descontada la inflación, el índice S&P aumentó 2.9 veces en treinta y seis años, lo que equivale a un 3.0% anual en promedio. Sin embargo, dichos promedios resultan de alzas y bajas constantes, algunas de ellas muy pronunciadas. Entre el 2000 y fines del 2001, por ejemplo, dicha bolsa cayó en más de un 70%, y todavía hoy, seis años después, no recupera los valores previos a la crisis. Ello afectó en forma catastrófica a los fondos de pensiones de los trabajadores estadounidenses, parte de los cuales perdió proporciones similares. Algo parecido aconteció poco antes a los fondos de pensiones de los trabajadores del Reino Unido, buena parte de los cuales estaban invertidos en los mercados del sudeste asiático, que se derrumbaron en la crisis de 1997. Sin embargo, sólo una parte de esos fondos de pensiones estaban invertidos en bolsas, lo que aminoró dicho impacto. Más importante, el grueso de las pensiones de dichos trabajadores no dependía del mecanismo de capitalización, sino del reparto de las cotizaciones previsionales, las que, desde luego, no se vieron afectadas significativamente durante la crisis.

En el caso chileno, el fondo denominado A, está invertido en un 80% en acciones, y ha crecido casi un 70% desde sus inicios, hace tres años. Parece evidente que en el largo plazo, el crecimiento de dicho fondo no superará los promedios de Wall Street a lo largo de muchas décadas, por lo cual cabe esperar en algún momento una o más caídas, muy fuertes, que amortigüen su crecimiento inicial desmesurado. Algo así aconteció en octubre del 2005, mes en el cual los fondos de las AFP perdieron el equivalente a 3.000 millones de dólares de hoy, cifra similar a un año de cotizaciones. Lo que parece francamente insensato, es que en Chile, el 100% de las pensiones depende del fondo de pensiones, por lo cual el efecto de dicha inevitable caída será letal. Es fácil imaginarse la desesperada situación de aquellos trabajadores que están próximos a jubilar precisamente en momentos en que se producen estos derrumbes periódicos.

En contraste con la variabilidad de las tasas o las bolsas, el número de trabajadores asalariados ocupados crece en forma casi constante. En Chile, aumentaron en más de un tercio entre 1990 y 2004. Si se los mide por el mejor indicador disponible para estos efectos, que es el número de cotizantes totales en las AFP – dicha estadística mide a todo el universo de los asalariados formales ocupados en un mes dado, identificados con nombre, apellido y RUT -, su número creció de 2,642,757 en diciembre de 1990, a 3,571,864 en diciembre del 2004, lo que arroja un aumento total de 35%, que equivale a un crecimiento de 2.2% anual. Cabe destacar que este período incluye una recesión económica de proporciones, que se prolongó entre 1998 y 2003. Sin embargo, el número de asalariados ocupados, representados por los cotizantes totales en las AFP, sólo disminuyó levemente en 1998, y el 2001 su número ya había superado el de 1997. A lo largo de todo el pasado siglo, el número de trabajadores asalariados ocupados disminuyó significativamente sólo en dos oportunidades: durante las crisis de 1929 y 1982. Aún entonces, sin embargo, la disminución de la masa de asalariados ocupados nunca superó el 20%, y su número se recuperó al cabo de pocos años. Durante todo el resto del tiempo, su número creció en forma más o menos constante, sujeta naturalmente a las fluctuaciones de los ciclos económicos. Durante las recesiones, por ejemplo, el crecimiento del número de asalariados ocupados se hace más lento, por lo cual no es capaz de absorber los nuevos trabajadores que año a año ingresan a la fuerza de trabajo, y la cesantía aumenta considerablemente.

Algo parecido ocurre con los salarios reales, es decir, corregidos por el IPC. El nivel de salarios reales crece en forma más o menos sostenida, aunque por cierto más rápidamente durante los períodos de auge económico, para estancarse relativamente e incluso caer levemente durante las recesiones. En todo el siglo, sin embargo, sólo en una ocasión se ha verificado en Chile una baja significativa del nivel de salarios reales, y ella se produjo en los meses posteriores al golpe militar de 1973. En ese momento, como es sabido, la dictadura falsificó el IPC, reconociendo oficialmente solo la mitad del fuerte incremento de precios ocurrido entre octubre y diciembre de 1973, cuando se liberaron todos los precios, hasta entonces sujetos a control estatal. Ello ocasionó una baja en el nivel promedio de salarios reales de aproximadamente 50%, la que se acentuó posteriormente en algunos grupos de trabajadores, como los EE.PP. por la imposición de la escala única de remuneraciones. Durante todo el resto del tiempo, sin embargo, el nivel de salarios reales crece en forma consistente. Entre diciembre de 1990 y diciembre de 2004, el salario medio imponible de los cotizantes en las AFP ha crecido de $203.321 a $341.298, lo que arroja un total de 67.9%, que equivale a un 3,8% anual, en promedio. Dicho crecimiento se hace más lento, pero no se interrumpe significativamente durante la recesión de 1997 -2003. El INE, en base a una muestra mucho menor, pero que incluye los trabajadores informales, estima que el promedio de remuneraciones reales por hora, durante el mismo período ha crecido en 54.3% en el mismo período, con un promedio anual de 3.1%.

De esta manera, en base al crecimiento constante de la masa de asalariados ocupados y del nivel de remuneraciones, el 10% de descuento de la masa salarial destinada al fondo de pensiones manejado por las AFP ha crecido de $643.799 millones en 1990 a $1.462.884 millones el 2004, ambas cifras expresadas en moneda de diciembre del 2004. Es decir, en 14 años, la masa de contribuciones previsionales netas ha crecido desde aproximadamente 0.65 a 1.5 billones de pesos anuales, en moneda del 2004. Ello arroja un aumento total de 2.7 veces, lo que equivale a un 6% anual, en promedio. Como se puede apreciar de las cifras anteriores, actualmente, cada 1% descontado a los salarios representa un monto aproximado de 150.000 millones de pesos anuales, y ese monto crece alrededor de 6% anual, en virtud del aumento vegetativo de la masa salarial. Cabe recordar, por otra parte, que en Chile los adultos mayores crecen a una tasa de largo plazo de apenas 2.6% anual. Es decir, la masa de descuentos a los trabajadores activos crece el doble de rápido que el número de trabajadores pasivos, aún manteniendo constante el porcentaje de descuento. Ello desmiente en forma categórica las apreciaciones catastrofistas a este respecto, que usualmente difunden quiénes pretenden descalificar la viabilidad del sistema de reparto, para sostener el régimen de capitalización individual. Las cifras mencionadas demuestran sin lugar a dudas la factibilidad y sustentabilidad del sistema de reparto como mecanismo de financiamiento de pensiones definidas. Dicho mecanismo, que ha demostrado su validez centenaria en países con poblaciones adultas mayores mucho más numerosas, es especialmente eficaz en Chile, país muy joven y que continuará siéndolo por décadas.

Otro antecedente interesante que se desprende de las cifras anteriores, es la relación entre las cotizaciones de los trabajadores asalariados activos y las jubilaciones que perciben los pasivos que en su momento fueron a su vez cotizantes. El monto de cotizaciones al fondo de pensiones, que actualmente suma aproximadamente 1.5 billones de pesos anuales, como se ha mencionado, equivale casi exactamente al costo de las pensiones de los jubilados del INP, quiénes constituyen el grueso de los asalariados pasivos, incluyendo a todas sus sobrevivencias. Por otra parte, como se ha visto, las jubilaciones del INP tienen una tasa de reemplazo de alrededor de 3/4, es decir, equivalen a las tres cuartas partes de los salarios de los trabajadores activos, en promedio. En otras palabras, un 10% de descuento a los salarios de los activos equivale al costo financiar de pensiones de los pasivos que alguna vez cotizaron, por un monto de 75% de los salarios. Es decir, la relación entre unos y otros es de 1:7.5 o, lo que es lo mismo, un 1% descontado a los asalariados activos, permite, en promedio, financiar una pensión de 7.5% de los mismos salarios a los trabajadores pasivos.

Por otra parte, el daño previsional afecta actualmente a las 134,000 personas que reciben pensiones de vejez de las AFP, aunque la mitad de ellas percibe ya garantía de pensión mínima. A ellas hay que agregar a los EE.PP. que jubilaron por el sistema público antes de la ley 19,200, ya mencionados. En promedio, dichas personas reciben aproximadamente la mitad de lo que hubiesen percibido de jubilar por el INP con las reglas actuales. En otras palabras, para corregir el daño inferido, hay que duplicar sus pensiones, aproximadamente. Puesto que el promedio de sus pensiones es actualmente de $114,696 (2006), el costo anual de duplicar sus pensiones equivale a poco menos de 1,5 millones de pesos anuales, por persona afectada, en promedio. Por lo tanto, la reparación del daño provisional general de los actualmente jubilados por AFP significa un costo aproximado inferior a 200,000 millones de pesos por año. Considerando otros grupos afectados por otros motivos, la igualación de derechos de todos los jubilados a aquellos que obtienen los beneficiarios de pensiones contributivas del INP con posterioridad a la ley 19,200 – que constituye el piso mínimo de la actual reforma -, tiene un costo que debe bordear los 300,000 millones de pesos anuales, lo que equivale aproximadamente a 600 millones de dólares, es decir, a dos puntos porcentuales de descuento de los salarios.

Sin embargo, dicho costo será absorbido en parte significativa, por el piso establecido por la redefinición del pilar público no contributivo. Esto se puede clarificar con un ejemplo, como los hay por miles. Supongamos una persona que jubiló por AFP con una pensión de $200,000, y que, recalculada ésta por las tablas del INP, corregidas por las menores cotizaciones, le resulta una pensión de $400,000. En este caso, la pensión básica no contributiva de $100,000 reparará la mitad del daño, quedando la otra mitad a ser cubierta por el fondo solidario.

De lo anterior se puede concluir que el destinar inicialmente algunos pocos puntos porcentuales de la actual cotización de 12,5% al fondo solidario, permitirá, junto a la redefinición del pilar no contributivo, restablecer el daño provisional ocasionado a los chilenos por la imposición de las AFP. Hacia el futuro, a medida que aumenten las personas que van jubilando por AFP, incluyendo aquellas que hoy reciben pensión anticipada y que pronto cumplirán la edad legal de jubilar, será necesario destinar puntos adicionales de la cotización al pilar solidario. Inicialmente, ello puede hacerse redestinando a este pilar parte de lo que actualmente se destina al ahorro individual, sin necesidad de incrementar el descuento de 12.5%. En algún momento, sin embargo, será necesario empezar a aumentar éste gradualmente, naturalmente con cargo a cotizaciones patronales y con destino al fondo de nominado solidario o de reparto. De esta manera, se restablecerá gradualmente un diseño equilibrado, puesto que el sistema previsional quedará apoyado sólidamente sobre tres pilares bien equilibrados y de dimensiones parecidas a las que tienen en los sistemas más desarrollados.

Finalmente, cabe hacer mención a la necesidad de remozar el método de cálculo de beneficios utilizado por el INP, basado al promedio de los últimos sueldos y el número de cotizaciones efectuadas. Actualmente en la mayoría de las cajas del INP, la pensión se calcula en base al promedio de los cinco últimos años de sueldos, dividido por 35 años y multiplicado por el número de años de servicio debidamente acreditados. En el caso de los afilados a la caja de EE.PP., se utiliza por lo general el promedio de los últimos 3 años de remuneraciones, y se divide por 30 años. Es decir, una persona que cumple los años de servicio requeridos, jubila aproximadamente con el 100% de sus últimas remuneraciones. Hay un requisito mínimo de diez años de servicio, en todas las cajas, y solamente a los varones de la ex SSS se exige el doble, como se ha mencionado, lo que debe ser corregido por la reforma. Existen asimismo un tope inferior, la pensión mínima, y superior, que actualmente está establecido en aproximadamente $770.000 mensuales.

La reforma del sistema de pensiones sueco de los años 1990, ofrece asimismo en esta materia un ejemplo interesante de estudiar. Antes de dicha reforma, las pensiones se calculaban allí parecido a como lo hace el INP, sin embargo, dicho método se cambió por otro que considera la totalidad de la vida laboral de cada contribuyente, la cual se registra con un sistema de cuentas individuales, parecido al de capitalización individual. A cada trabajador se le lleva una cuenta con todas las cotizaciones efectuadas, las que se van actualizando año a año por el índice de remuneraciones general. Ello arroja, al momento de jubilar un monto dado de cotizaciones, sumadas y actualizadas de esta manera. Agregados todos estos montos, para todos los jubilados, ello arroja un monto total, del cual el monto registrado en la cuenta de cada jubilado constituye una parte alícuota o proporcional. El fondo de reparto, entonces, el cual está determinado de antemano por el porcentaje de descuento a las remuneraciones de los trabajadores activos, se reparte entre los pasivos según las proporciones que representan las partes alícuotas referidas.

En otras palabras, este mecanismo garantiza que si un trabajador contribuye durante su vida el doble que otro, ello le da derecho a una jubilación el asimismo dos veces mayor. El monto de una y otra, sin embargo, se determina por el tamaño del fondo de reparto, el cual no depende de las cotizaciones pasadas, sino del número de trabajadores asalariados activos, su nivel de salarios medio y el porcentaje de descuento. Existen asimismo otras disposiciones que establecen que el Estado alisa las fluctuaciones cíclicas del fondo de reparto, con un mecanismo similar al “superávit estructural,” tan difundido en Chile, es decir, el Estado ahorra parte de las cotizaciones en años de auge, para gastar dicho monto en años de recesión.

Naturalmente, durante la transición al nuevo método, éste no podrá significar perjuicios para ninguna persona concreta, es decir, si el cálculo de su pensión de acuerdo al método actual del INP resulta superior, deberá prevalecer este último.

De esta manera, volviendo a introducir un pilar contributivo de reparto, y redefinir el pilar público no contributivo y el contributivo de capitalización individual, el nuevo sistema previsional chileno se asentará sólidamente en los tres pilares que soportan de manera equilibrada los modernos sistemas previsionales en todo el mundo.

Manuel Riesco, mayo 2006
mriesco@cep.cl



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