Columnas
2006-05-28
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Manuel Riesco


Quiénes se beneficiaron con la privatización de los fondos de pensiones (II)

¿Quién ordeña la vaca lechera?

Como es bien sabido, todos los parámetros económicos presentan una elevada variabilidad, la cual es por lo general cíclica. La tasa de interés y las bolsas de valores, por ejemplo, que constituyen la base del sistema de AFP y de los mecanismos de capitalización en general, son las más variables de todas. El que el sistema de pensiones chileno descanse exclusivamente en la capitalización constituye no sólo un problema para la mayoría de menores ingresos, quiénes no tienen capacidad de ahorro suficiente, y quedan por tanto al margen de la cobertura del sistema. El mecanismo así concebido significa asimismo un serio problema para quiénes si tienen dicha capacidad de ahorro – es decir, para los asalariados de ingreso superior al promedio - , puesto que sus pensiones presentan un grado de incertidumbre inaceptable. Adicionalmente, dicho mecanismo condena a las mujeres a pensiones inferiores a los hombres, puesto que jubilan antes y viven más, y deben por tanto sostener más años con el mismo fondo.


¿Cuál es entonces la fuente de financiamiento del mecanismo de reparto, que ha permitido a los principales países del mundo – incluido Chile hasta 1981 -, a lo largo de más de un siglo, garantizar a sus poblaciones pensiones definidas y crecientes al ritmo de los salarios, y a las mujeres condiciones similares a los hombres?

En contraste con la variabilidad de las pensiones que dependen de la capitalización, el mecanismo de reparto constituye la base principal de los sistemas de pensiones en todo el mundo, porque su base de recaudación es asimismo definida, y se asienta sobre las dos variables económicas más estables, y que son al mismo tiempo aquellas que crecen de manera más consistente: el número de trabajadores asalariados ocupados, y el nivel medio de salarios. En Chile, el flujo de cotizaciones previsionales es muy sustantivo, más que suficiente para pagar pensiones equivalentes a las del INP, y crece constantemente a una tasa que duplica el crecimiento de los adultos mayores.

Dicho flujo se origina en los descuentos previsionales a los salarios y al 2005 totalizó 1.940.844 2 millones de pesos (1,9 billones), equivalentes a 3.500 millones de dólares, aproximadamente. Ha crecido de 859.253 millones (pesos 2005) en 1990, es decir, se ha multiplicado por 2.3 veces en quince años, lo que equivale a una tasa de crecimiento de 5.6% anual, en promedio. El 10% destinado al fondo de pensiones, y que las AFP traspasan inmediatamente hacia los grupos económicos destinatarios, principalmente, el 2005 alcanzó a 1.578.141 millones de pesos (aproximadamente 1,6 billones). A ello hay que agregar las comisiones que cobran las AFP y sus cías. de seguros coligadas, las que en el mismo año promediaron 2.3% de los salarios y sumaron 362.703 millones de pesos.

Como referencia, el costo total de las pensiones no asistenciales pagadas por el INP alcanza actualmente a poco más de 1.5 billones de pesos anuales, incluyendo los beneficios que reciben los pensionados, las sobrevivencias y los inválidos, además de algunas pensiones no contributivas, como reparaciones y otras. En otras palabras, los descuentos previsionales actualmente destinados al fondo de pensiones podrían solventar perfectamente las pensiones públicas no asistenciales. Dichas pensiones cubren actualmente a tres de cada cuatro adultos mayores, aproximadamente, y su tasas de re reemplazo promedio se acerca al 70% de los salarios medios.

Como se ha mencionado, por otra parte, en Chile los adultos mayores crecen a una tasa de largo plazo de apenas 2.6% anual, y en los últimos quince años dicho ritmo ha sido del orden de 3% anual. A ese ritmo, se requieren veinte y cuatro años para duplicar el número de adultos mayores, mientras las contribuciones salarias más que se duplicaron en quince años, como se ha visto. Es decir, la masa de descuentos a los trabajadores activos crece casi el doble de rápido que el número de trabajadores pasivos, aún manteniendo constante el porcentaje de descuento. Ello desmiente en forma categórica las apreciaciones catastrofistas a este respecto, que usualmente difunden quiénes pretenden descalificar la viabilidad del sistema de reparto, para sostener el régimen de capitalización individual. Las cifras mencionadas demuestran sin lugar a dudas la factibilidad y sustentabilidad del sistema de reparto como mecanismo de financiamiento de pensiones definidas.

El impacto regresivo del sistema de AFP sobre la distribución del ingreso

Prácticamente todas las cotizaciones previsionales se han traspasado a los emisores de instrumentos financieros adquiridos por las AFP y Cías de seguros, y a estas últimas empresas. Entre 1990 y 2005, los beneficios previsionales totales recibidos por los afiliados a las AFP han sumado 4.461.648 millones, mientras los bonos de reconocimiento traspasados por el fisco a las AFP han totalizado 4.402.156 millones (ambas cifras en pesos del 2005). Es decir, los bonos de reconocimiento han financiado prácticamente todas las pensiones pagadas por las AFP y sus Cías de seguros relacionadas, durante estos años.

Es interesante hacer el ejercicio de considerar en conjunto a las AFP y las Cías de seguros que intervienen en el sistema previsional. Si se las puede considerar como un sistema al cual los afiliados aportan sus cotizaciones previsionales totales, las que el fisco complementa con bonos de reconocimiento, y del cual perciben pensiones de diverso tipo, incluidas las de invalidez. Por otra parte, adquieren derechos sobre el fondo de pensiones manejado por dicho sistema.

Visto de esta manera el sistema, entre 1990 y 2005, el fondo de pensiones ha crecido desde 4.492.298 millones a 37.897.036 millones, ambas cifras en pesos del 2005. Es decir, el fondo acumulado ha crecido en 33.604.738 millones. Por otra parte, los afiliados han recibido beneficios en el período que suman, como se ha mencionado, 4.461.648 millones. De esta manera, los haberes de los afiliados, por así decirlo, suman 38.066.386 millones en el periodo. Por otra parte, los mismos afiliados han contribuido con 22.978.944 millones en cotizaciones totales, y el fisco les ha traspasado un subsidio de 4.402.150 millones, ya referido, en bonos de reconocimiento. Adicionalmente, la revalorización neta del fondo por intereses y ganancias, además del saldo neto de cotizaciones voluntarias y otras, ha sumado 10.685.286 millones. Todas las cifras anteriores están en pesos del 2005, como se ha mencionado.

Expresadas las cifras anteriores como porcentaje de los haberes totales de los afiliados en el período, es decir, los beneficios recibidos más los aumentos del fondo, resulta que las cotizaciones dan cuenta de un 60.4% de los haberes, los bonos de reconocimiento un 11.6% de los mismos, y la revalorización del fondo un 28.1%, lo cual suma el 100% de los haberes (cuadro). Finamente, si se considera el flujo financiero de los afiliados con el sistema en su conjunto, se aprecia que estos aportan en forma neta, año tras año, la suma de las cotizaciones más los bonos de reconocimiento, menos los beneficios recibidos. Adicionalmente, aportaron el fondo inicial. Como resultado de este esfuerzo de ahorro, tienen derechos sobre el fondo final. Entre 1990 y el 2005, los aportes netos así definidos sumaron 22.919.452 millones, el fondo inicial en 1990 era de 4.292.298 millones, y el fondo final el 2005 sumaba 37.897.036 millones. Todas estas cifras en pesos del 2005. Si se calcula la tasa interna de retorno de todos estos flujos anuales, resulta una rentabilidad de 3.5% anual promedio, en el período considerado.

En otras palabras, en el período considerado, los asalariados han traspasado a los grandes grupos económicos, y a las AFP y Cías de seguros relacionadas, cotizaciones por un total de 23 billones de pesos, equivalentes a 43.671 millones de dólares, a una tasa promedio de 3.5% anual. Por su parte, las AFP han traspasado parte de esas cotizaciones, a grandes grupos, principalmente, y también al Estado, a la tasa de rentabilidad del fondo, que se aproxima al 10% anual, en promedio. Sin embargo, la mayor parte de dicha rentabilidad se diluye para los afiliados, puesto que como se ha mostrado, la rentabilidad neta de las cotizaciones totales, descontados los beneficios y el aumento del fondo, no excede el 3.5% anual. La diferencia se la embolsan las propias AFP y las Cías de seguro relacionadas, así como otros intermediarios que prestan servicios a estas industrias, como los corredores de bolsas y otros intermediarios financieros, entre otros.

Independientemente de quiénes son los principales beneficiarios, si los grupos que reciben las inversiones, las AFP y Cías de seguros u otros intermediarios, lo relevante es que la tasa efectiva que reciben los asalariados es muy baja. De esta manera, se produce un traspaso de recursos muy cuantiosos desde este grupo social hacia los grandes empresarios, principalmente. Puesto que la cifra traspasada es muy significativa –equivale al 40% del PIB, aproximadamente, en los últimos quince años -, el impacto de este mecanismo sobre la distribución del ingreso es muy regresivo.

A lo anterior hay que agregar, como se ha mencionado en trabajos anteriores (Cenda 2006, INP-Cenda 2005 a,b) el efecto de los cuantiosas franquicias tributarias que benefician a los sueldos más elevados en las AFP, las que suman el doble de lo que el fisco gasta en pensiones asistenciales para adultos mayores.

Cabe mencionar que cualquier incremento en la tasa de cotizaciones, o en la edad de jubilación, o en las obligaciones de cotizar para los independientes, se traduce necesariamente en un agravamiento de este mecanismo de redistribución regresiva del ingreso que representa el sistema privado de pensiones. En particular, un incremento en la tasa de cotización significa además una transferencia entre las PYMES – a las cuales les incrementa el costo salarial -, y los grandes grupos, puesto que las primeras no obtienen ni un solo peso del fondo de pensiones. Todo ello reclama el restablecimiento de un mecanismo de previsión de reparto, en el cual el destino de las contribuciones salariales no sean los grandes grupos, sino directamente los jubilados. Ello contará con una mucho mayor legitimidad social.



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