Columnas
2006-07-30
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Manuel Riesco
Especial para G-80

El desmantelamiento de la educación pública (II)

Tras el golpe, las remuneraciones del profesorado en general se redujeron a una tercera parte, como se ha mencionado, mientras las del resto de los trabajadores del país bajaban más o menos a la mitad. Sin embargo, hacia 1990, mientras las segundas habían recuperado aproximadamente el 70% de su poder adquisitivo anterior al golpe, las del magisterio se mantenían en alrededor de un 28% del mismo. A pesar que la importante recuperación de los años noventa prácticamente las triplicó en moneda constante, como se mencionado, todavía están aproximadamente en un 80% de su valor anterior al golpe, nivel que fue superado por las remuneraciones promedio del resto de los trabajadores del país en diciembre de 1999.

Esta situación es velada, en parte, por estar constituido el magisterio en un 70% por mujeres y no haber discriminación de sueldos por sexo en el sistema, situación que no se da en el resto de los sectores. Por así decirlo, todo el magisterio gana sueldos de mujer, los cuales, como se sabe, son inferiores en aproximadamente un tercio, a los de los hombres de igual calificación.

A partir de 1981, la municipalización finiquitó la adscripción del magisterio al servicio civil de Estado, permaneciendo desde entonces en un estado laboral ambiguo. No se logró imponer en forma completa su sujeción a las normas que rigen los contratos laborales privados, especialmente debido a la fuerte resistencia del Colegio de Profesores, lo que se tradujo en la aprobación del Estatuto Docente a principios de los años 90, mejorado posteriormente en forma sucesiva. Por su parte, los contratos del profesorado de colegios privados está regido por el código del trabajo, sin embargo, las negociaciones salariales del magisterio establecen aumentos de las subvenciones destinados específicamente a aumentos de remuneraciones también de este sector, según las normativas del Estatuto docente, las cuales, por otra parte, no se fiscalizan allí adecuadamente.

Estos son, más o menos, los términos gruesos de la crisis del magisterio. Para más remate, como si los durísimos golpes a los que ha sido sometido a lo largo de estos años fueran pocos, hoy día cualquier “opinólogo” estima de buen tono acusarlos públicamente de la crisis de la educación, y se sugiere a cada rato que la solución de la misma pasa por mayores exigencias y evaluaciones. Las constantes reestructuraciones a que ha sido sometido a lo largo de estos años han estado inspiradas en las “teorías” de los gurús de turno, y ejecutadas muchas veces por jovencitos inexpertos –formados normalmente como economistas y que dependen usualmente del Ministerio de Hacienda-, que nunca han conocido el servicio civil del Estado, hacia el cual manifiestan además una poco disimulada animadversión. Nada conocen acerca de su estructura y principios que le son propios, y menos de la ciencia que lo estudia, la que resume una experiencia que a estas alturas es milenaria. Poco conocen asimismo, acerca de lo que son las bases de la ciencia de las RRHH. Sus concepciones, estrechas y vulgares, reducen el Estado a una suerte de empresa que provee servicios y a los ciudadanos a simples consumidores, y sus “soluciones” se remiten siempre a “simular el funcionamiento del mercado,” y ligar “resultados” a insignificantes incentivos monetarios.

¿Que se debe hacer ahora al respecto? En primer lugar, asumir un diagnóstico completo, que no eluda los elementos esenciales de la crisis actual que atraviesa el magisterio, derivados de los hechos históricos antes referidos. En segundo lugar, la restitución plena al profesorado del sistema público de su carácter de servidores del Estado, en el marco del gran proyecto de reconstrucción del sistema de educación público. En otras palabras, trabajar en la perspectiva que en lo sucesivo pasen a regirse, más o menos, por el estatuto administrativo que rige a los EEPP, sin embargo, éste a su vez debe ser reformado sin tardanza.

Existe una necesidad urgentísima de abordar la reconstrucción del servicio civil del Estado en su conjunto, el que también se ha visto sometido a un continuo desmantelamiento a lo largo de tres décadas, asimismo brutal y deliberado durante la dictadura, más velado y relativo en años siguientes. Las tendencias más actuales –ver por ejemplo, “Desmantelando los Estados Democráticos,” escrito el 2004 por Ezra Suleiman, director de la escuela de políticas públicas de la Universidad de Princeton -, apuntan a corregir estas distorsiones, bajo la premisa que cualquier Estado democrático requiere un servicio civil profesional, altamente calificado, independiente de los gobiernos de turno, con carreras de por vida, remuneraciones y jubilaciones adecuadas, y una acendrada ética de servicio. Algo así logramos construir como país hasta 1973 y parece el momento de reiniciar su reconstrucción.

Finalmente, cabe hacer mención que la reforma previsional en curso puede ser un elemento relevante para ayudar a superar la actual crisis del magisterio, en la medida que aborde la reparación plena del daño previsional que hoy día afecta muy especialmente al profesorado, al menos en dos categorías. Por una parte, todos los jubilados por AFP están obteniendo aproximadamente un tercio de las jubilaciones de sus colegas que permanecieron en el INP, pero esta situación afecta asimismo a los jubilados por el INP previos a la ley denominada “Foxley” de 1993, que restableció la remuneración total como base para efectos previsionales.

El enfoque descrito parte de la premisa que corregir el sesgo de la actual política educacional significa ni más ni menos que aprovechar la inmensa fortaleza que significa el sistema de educación pública. Del mismo modo, sin embargo, nada de lo anterior implica desconocer la fortaleza que a su vez representa el importante sector educacional privado. Éste se ha expandido significativamente durante las últimas décadas, precisamente en virtud del sesgo antes señalado – ello constituye, por así decirlo, el aspecto positivo del mismo.

El corregir un sesgo dañino no significa introducir el sesgo opuesto, ni menos desmantelar lo avanzado. Muy por el contrario, lo que se requiere precisamente es redefinir una política educacional general que restablezca un equilibrio sensato, que permita mejorar la calidad de la educación sobre la base principal de reconstruir un sistema público nacional, moderno, de alta calidad, mientras al mismo tiempo se apoya en el desarrollo alcanzado por el sector privado, debidamente regulado e integrado en un nuevo sistema nacional de educación, bien balanceado.

El país debe enfrentar la crisis educacional utilizando todas sus fortalezas y ciertamente, una de ellas son las instituciones privadas de educación, que hoy día atienden casi la mitad del alumnado y ocupan casi la mitad de los profesores y una parte significativa de los investigadores. La mayor parte de las mismas recibe subvención pública – ello ha sido extendido el año pasado a toda la educación universitaria privada, mediante la ampliación del llamado “crédito universitario.” Esta situación no se daba en el pasado sino muy parcialmente, y el nuevo concepto de educación pública ciertamente debe considerar la nueva situación y reconstruir sobre todo lo existente. Muchas instituciones particulares de educación deben continuar siendo apoyadas por el Estado, como siempre lo fueron en Chile. Claro, deben ser objeto de subsidios públicos sólo aquellas que acrediten adecuadamente su calidad de tales. No parece suficiente para ello con acreditarse como empresas comerciales con “sostenedores” con educación media y sin antecedentes penales, como ocurre en la actualidad. Más bien, la tradición chilena que reserva este sitial a instituciones privadas sin fines de lucro y con objetivos de bien público claramente determinados, parece muy adecuada.

De hecho el concepto mismo de educación “particular,” no es sinónimo de “privada,” sino que se origina en que la institución respectiva agrega determinada “particularidad” al programa general de educación, por ejemplo formación religiosa o similar, nacional, o una metodología pedagógica especial. En el pasado, sin embargo, la educación particular con financiamiento mayoritariamente público estaba remitida casi exclusivamente a las universidades privadas del Consejo de Rectores – las cuales dependieron tradicionalmente del aporte fiscal, situación que acertadamente consolidó y extendió el proceso de reforma de los años 1960.

Ello constituye un muy buen ejemplo, sobre cuya base se puede concebir un esquema general de educación particular con subsidio principal del Estado, que coexista en forma armónica con el sistema de público, en todos los niveles educacionales. Buena parte de la educación privada subvencionada nacida en estos años, sin embargo, ha crecido al amparo del subsidio fiscal, sin pretensión de particularidad ninguna, simplemente con fines de lucro. Esta situación ha adquirido una dimensión mayor con los enormes subsidios – que suman cientos de miles de millones de pesos al año -, entregados a personas y empresas privadas, para construir inmuebles destinados a la jornada escolar completa.

Al respecto, cabría preguntarse acerca de la posibilidad de crear un tipo de establecimiento intermedio, en los cuales, por ejemplo, el profesorado y la gestión educacional formasen parte del servicio público, pero se mantuviera un sistema similar al de concesiones, para los terrenos, edificios, mobiliario, servicios y otros aspectos no propiamente docentes. Algo así pudiese dar cabida a una participación del sector privado en el sistema educacional con financiamiento público, que no fuese la propiedad y gestión total, como ahora. Tal esquema pudiera abrir un camino de transición para que muchos de los colegios privados subvencionados actuales migrasen ordenadamente al sector público.

Al mismo tiempo, en muchos colegios públicos se puede considerar –en el marco del amplio plan de desarrollo antes descrito-, la externalización de diversas funciones, avanzándose de esta manera, hacia un sistema nacional de educación público unificado, que supere positivamente, hacia adelante, la dualidad del sistema actual. Ello duplicaría, de inmediato, el alcance del plan nacional de reconstrucción del sistema educacional público, puesto que extendería de inmediato su acción directa al conjunto de la educación privada subvencionada que optase por un camino como el propuesto. Por otra parte, ampliaría las posibilidades de mejoramiento rápido de los actuales colegios municipales, al abrir la posibilidad de participación del sector privado en su ampliación y mejoramiento, reservando la gestión docente. Finalmente, resolvería de inmediato, en l fundamental, la situación laboral ambigua del conjunto del magisterio financiado por el Estado.

En cierta medida, lo logrado durante años recientes con la reforma del sistema judicial constituye un precedente interesante respecto de lo que se puede lograr cuando el moderno Estado chileno se propone reconstruir y proyectar al futuro uno de sus servicios fundamentales. Lo primero en dicha reforma consistió en establecer un amplio consenso nacional respecto de la crisis del sistema y la necesidad de reconstruirlo sobre bases renovadas. En segundo lugar, ningún fanatismo ideológico se interpuso ante la evidencia que el nuevo sistema debería ser público y parte, pionera quizás, de un renovado servicio civil del Estado en general. Se destinaron los recursos humanos y materiales requeridos y se hicieron las reformas legales necesarias, estableciéndose un plan nacional de reconstrucción. Éste se ha cumplido más o menos puntualmente, bajo la mirada atenta y el respaldo continuado de las instituciones y actores que lo promovieron primer lugar. Algo así es lo que requerimos para reconstruir el sistema de educación público, ni más ni menos.

Ello implica, desde luego, abandonar las visiones ideológicas que han predominado al respecto y que han impedido hacerlo hasta ahora, así como superar la resistencia de sectores que defienden intereses particulares que se oponen al interés general en esta materia. Es fácil imaginar el impacto que un programa como el descrito tendría sobre la calidad de la educación.

Manuel Riesco es economista de Cenda



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