Columnas
2009-12-12
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Jorge Bustos
Se denuncian la suma de irregularidades de Empresa Portuaria Valparaíso

AYER SE PRESENTÓ ANTE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO PETICIÓN PARA VERIFICAR TRANSPARENCIA EN ADJUDICACIÓN A MALL PLAZA

La petición está planteada, por una suma de irregularidades, a lo menos acciones cuestionables llevadas a delante por Empresa Portuaria Valparaíso, EPV, en la consecución de sus objetivos comerciales, según nuestra opinión, que están fuera de su propia legalidad.

El documento en suscinto, plantea:

1.- La acción concertada de EPV, por impedir que los terrenos del eje Barón – Edward, puedan ser ocupados en el uso portuario, primario y secundario.

2.- Las  acciones  paralelas de licitar: una oferta de negocios  que se adjudico, South Andes Capital  y licitar la ejecución misma del proyecto que se adjudico Consorcio Plaza Valparaíso.

3.- Que contando con equipo jurídico EPV contrata por aproximadamente 1.500 millones de pasos, a South Andes Capital.

4.- Que existen dos contratos sobre parte de un mismo terreno, VTP (Valparaíso Terminal Pasajeros) y Consorcio Mall Plaza Valparaíso, teniendo uno de ellos que ser indemnizado por término de contrato.

5. Venta de precio Vil de los terrenos en contrato suscrito por EPV y  Consorcio Mall Plaza.

Y otras joyitas legales, que podrán leer en documento a continuación:

Jorge Bustos
Presidente
CONGEMAR

Valparaíso, 11 de Diciembre 2009.-

Señor(a)

Carlos Mackenney Urzúa, Eduardo Urrejola González, Clara Szczaranski Cerda, Álvaro Quintanilla Pérez, María Eugenia Manaud Tapia, René Moreno Monroy, Paulina Veloso Valenzuela, Rodrigo Quintana Meléndez, María Inés Horvitz Lennon, Ana María Hübner Guzmán, Jaime Varela Aguirre,

Honorable Consejo de Defensa del Estado

Presente

De mi consideración:

El compareciente, amparado por los artículos 1º inciso final, 4 y 19 Nº 14 de la Constitución Política, en ejercicio del derecho de participación democrático en relación con el derecho de efectuar peticiones a la autoridad pública y a los art. 3 y 8 de la Ley 18.575, de Bases de la Administración del Estado., y de conformidad a lo dispuesto en el DFL Nº 1/ 1993 Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, DS 1383/1980 Justicia, Reglamento Orgánico del Consejo de Defensa pongo en conocimiento de los Honorables Consejeros los hechos que a continuación se señalan, fin resuelva el organismo pluripersonal por vosotros dirigidos la pertinencia de ejercer acciones correspondientes a  su ámbito de competencia, a saber:

1.- Empresa Portuaria Valparaíso, empresa pública regida por la ley 19.542, adoptó la decisión de cambiar el uso del recinto portuario de su propiedad, entre los ejes Barón y Edwards de la ciudad de Valparaíso, que es portuario conforme la citada ley, fin destinarlo al uso turístico e inmobiliario, de manera tal de impedir en ese territorio no sólo el uso portuario secundario (bodegaje, acopio de container, servicios de aduana, SAG, etc.) sino también el uso portuario primario, esto es, la posibilidad misma de establecer un puerto, con sus molos o muelles de atraque.

Sin embargo, las aguas que bordean el territorio del recinto portuario  entre los ejes Barón y Edwards son precisamente las que actualmente y en el futuro pueden ser destinadas al uso portuario primario, por lo que impedir tal uso, está expresamente prohibido por la ley 19.542, la que sólo faculta, previo acuerdo del directorio de la empresa y autorización presidencial, desafectar el recinto portuario si las aguas no puedan destinarse a tal uso, lo que no acontece en la especie.

Cabe considerar que los puertos en general, y los recintos portuarios  de propiedad de las empresas públicas creadas por la ley 19.542 son lugares estratégicos, en razón del comercio internacional y la seguridad nacional.

2.- Sin previamente desafectar el recinto portuario entre los ejes Barón y Edwards –lo que difícilmente podría hacer, dado el tenor de la ley 19.542- Empresa Portuaria Valparaíso, sucesivamente ha gestionado ante distintos órganos de la administración del estado modificaciones y autorizaciones sectoriales, sin que fueren modificados los instrumentos de planificación territorial, obteniendo del Gobierno Regional la modificación del Plan Intercomunal de Valparaíso en las zonas P1 y P2, y de la Municipalidad de Valparaíso la modificación del Plan Regulador Comunal mediante seccional Borde Costero Barón, y sus Enmiendas posteriores.

Los referidos instrumentos de planificación lo fueron para incorporar el uso turístico e inmobiliario en el recinto portuario entre los ejes referidos, así como prohibir el uso infraestructura, que es el que expresamente señala la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción se requiere para habilitar un puerto con sus molos y muelles de atraque, esto es, en términos reales, impedir el uso portuario primario.

Más allá de la discutible legalidad de impedir el uso portuario fijado por la ley 19.542 sobre el territorio del recinto portuario mediante la modificación de los instrumentos de planificación territorial, actos administrativos, el hecho es que Empresa Portuaria Valparaíso inició paralelamente dos procesos sucesivos: uno, licitar la oferta de negocios para ejecutar un proyecto de negocios turístico e inmobiliario en el lugar, que se adjudicó la sociedad South Andes Capital S.A. y dos, licitar la ejecución misma del proyecto, que se adjudicó el Consorcio Plaza Valparaíso S.A.

3.- Por el contrato que suscribiera Empresa Portuaria Valparaíso con South Andes Capital S.A., se pactó una suma de dinero, ascendente aproximadamente a 1.500.000 (mil quinientos millones de pesos).

Previniendo no soy experto en la materia, ni menos he tenido acceso a la información que me ha sido permanentemente negada (la ley 20.285 sólo se aplica a esta clase de empresas en lo referido a transparencia activa, mas no pasiva), lo cierto es que dado los antecedentes judiciales a los que he tenido acceso en juicio civil, de acceso público, la llamada oferta de negocios de South Andes Capital S.A. estaba redactada en términos coloquiales, y hasta con fotografías obtenidas de Google Earth, sin perjuicio que incluyó, además, la redacción del contrato de concesión entre Empresa Portuaria Valparaíso y el Consorcio Plaza Valparaíso S.A., en circunstancias que dicha empresa cuenta con una unidad jurídica especializada.

Atendida la cuantía pactada, el contrato no contó con autorización de la Contraloría General de la República ni del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, como lo exige la ley 19.542, y tal conclusión la avalo de la lectura de la información de la causa civil que se siguió al respecto.

En efecto y he aquí el motivo de mi comparecencia ante los Honorables Consejeros, en razón que Empresa Portuaria Valparaíso no pagara oportunamente las cuotas pactadas, South Andes Capital S.A. la demandó de pago de honorarios, en juicio seguido ante el Primer juzgado Civil de Valparaíso, Rol Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso 2399-2007, Rol Excelentísima Corte Suprema 2651-2008, siendo en definitiva condenada a pagar.

Sin ser letrado el compareciente, no deja de asombrar, mediante información que obtuvimos de la Web del Poder Judicial, que luego de la vista de la causa ante la Excelentísima Corte Suprema ésta, en uso de sus facultades, convocó a las partes a dos audiencias de conciliación, a la primera comparecieron ambas manifestando ante el Excelentísimo Tribunal su voluntad de conciliar, y a la segunda, no comparecieron, esto es, en términos reales, no concurrió ni el interesado en que le paguen (South Andes Capital S.A.) ni el interesado en obtener facilidades de pago o rebajar la cuantía de lo debido (Empresa Portuaria Valparaíso).

El resultado final, es que Empresa Portuaria Valparaíso deberá pagar el total de lo adeudado en un solo acto (en vez de cuotas como lo pactó), y que ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrán objetar dicho pago, pues existe resolución judicial del Supremo Tribunal de la República que lo ampara.

El hecho, como resulta prístino, es burlesco a los ojos ciudadanos, pues nos resulta difícil de comprender cómo se invierte y se paga tan elevada cantidad de recursos públicos sin ningún control, con la carga de sólo poder observar pasivamente como se sigue adelante con este proceso, sin tener la legitimidad activa para reclamar, que corresponde al Honorable Consejo por vosotros dirigido.

4.- A su vez, y como lo anunciara, Empresa Portuaria Valparaíso suscribió un segundo contrato, esta vez con el Consorcio Plaza Valparaíso S.A., ante el Notario de la ciudad de Valparaíso don Marcos Díaz León, con fecha 10 de Noviembre del año 2006, anotado en su repertorio con el número 6340.

Consta en el referido instrumento, que en una excentricidad jurídica inédita  a todas luces simulación de contrato de compraventa Empresa Portuaria Valparaíso suscribió con su socio Consorcio Plaza Valparaíso S.A. contrato de “concesión portuaria” por 30 años para la ejecución de un proyecto turístico e inmobiliario, en los terrenos del recinto portuario, de su propiedad, sin desafectarlos de la manera como lo señala la ley 19.542, sino en razón de la modificación de los instrumentos de planificación territorial referidos.

A la vez,  consta en la página 44 del contrato que Empresa Portuaria Valparaíso pactó utilidades del negocio inmobiliario antes dicho, en la parte construcción de edificios de departamentos, el 10 % de la venta de las "viviendas  construidas", extravagancia asombrosa que se permite una empresa del Estado, que suscribe un contrato con un socio privado para efectuar un negocio inmobiliario, en circunstancias que su objeto social es portuario, fijado por la ley 19.542. 

En la página 43 del mismo contrato y he aquí otro motivo de comparecencia ante los Honorables Consejeros, consta que habiendo suscrito contrato de “concesión portuaria” por 30 años para la ejecución del  proyecto turístico inmobiliario según se ha dicho, se fija el valor del metro cuadrado de terreno que es recinto portuario en 2,5 UF para los efectos de la posterior venta al Consorcio Plaza S.A. una vez éste ejerza su opción de compra según consta en las páginas 40, 41, 42 y 43 de la escritura pública, en circunstancias que el valor de mercado, comercial, es mínimo 18 UF el metro cuadrado, con evidente perjuicio al patrimonio público.

No somos los ciudadanos los convocados directamente por la ley a defender el interés patrimonial comprometido, sino el Honorable Consejo de Defensa del Estado, ante quien comparezco en este acto.

5.- Agrava lo señalado, la circunstancia que Empresa Portuaria Valparaíso, a sabiendas, suscribe el contrato de concesión sobre el recinto portuario entre los ejes Barón y Edwards con el Consorcio Plaza Valparaíso S.A., en circunstancias que parte del mismo que corresponde al área de la Bodega Simón Bolívar- ya estaba concesionado a Valparaíso Terminal de Pasajeros VTP, empresa del giro turístico, contrato suscrito ante el Notario de Valparaíso don Ricardo Maure Gallardo, con fecha 22 de noviembre del año 2002, anotado en su repertorio con el número 2891.

Esto significa que sobre el mismo territorio hay dos contratos de concesión vigentes, que por el objeto y fin de los mismos, así como plazos de ejecución de proyectos, son inconciliables e incompatibles entre sí, lo que necesariamente implica que a uno de ellos se le pondrá término anticipado, presumiblemente el de Valparaíso Terminal de Pasajeros, pues es la única forma de dar cumplimiento a los plazos del contrato suscrito con el Consorcio Plaza Valparaíso S.A.

Lo anterior, previsiblemente generará el pago de indemnizaciones por  parte de Empresa Portuaria Valparaíso, con recursos públicos, teniendo el Honorable Consejo de Defensa del Estado el interés y legitimidad activa para accionar.

Conforme lo expuesto, el  compareciente tiene la percepción del abuso en la inversión de los recursos públicos, de la ineficiencia en la gestión de los organismos del Estado competentes,  situaciones de irregularidad para las que, además, carezco de la legitimidad para intervenir en defensa del interés común, que en definitiva, motiva mi comparecencia ante el Honorable Consejo, a fin que ejerza las acciones legales que de conformidad al ordenamiento jurídico le competen.
 

Sin otro particular, y a la espera de sus atentas noticias, les saluda fraternalmente,

Jorge Moisés Bustos Bustos
Trabajador Portuario
Presidente
Confederación de Gente de Mar
CONGEMAR
 
José Tomás Ramos N°170  Valparaíso Chile   -   Fono: (032)  2257580
Mail: congemar@tie.cl    - Pág.:  www.congemar.cl


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