Columnas
2010-04-09
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Arturo Alejandro Muñoz
especial para G80

Agotamiento y fracaso del neoliberalismo obliga a preguntarse, ¿vendemos el país, o lo rescatamos?

El neoliberalismo no satisfizo las necesidades de la población. Chile deberá dilucidar si tendrá un Estado macizo y eficiente o un Estado enano. Este antiguo artículo revive en la coyuntura actual.

UNA VEZ MÁS el tema salta  al tapete, pero en esta ocasión la crítica apunta en sentido contrario al que tuvo años atrás. Las situaciones originadas por la elección del especulador financiero Sebastián Piñera como Presidente de la república revivieron la vieja discusión. ¿Estado enano o Estado macizo?

Durante medio siglo los dueños del capital financiero, junto a sus referentes políticos, impetraron con vehemencia una reducción significativa del aparataje estatal en beneficio del crecimiento voluminoso de la actividad privada en casi todos los ámbitos del quehacer nacional. La última gran ‘pelea’ que se recuerde (respecto del tema) se produjo durante el gobierno de Salvador Allende, con los resultados que todos conocemos.

A partir de la instalación en Chile de una dictadura militar, el empresariado comenzó  a recoger las redes que había tendido y el tamaño del Estado inició  su camino de debilitamiento.

Fue así  que, desde Pinochet hasta el último gobierno concertacionista, nuestro país ha contado con un sistema económico que privilegia una macroeconomía sólida sustentada en la actividad de grandes consorcios empresariales y, como efecto inmediato, un fuerte y sostenido debilitamiento de los sectores mayoritarios de la nación.  
 
Si pudiésemos trasladarnos al futuro, encontraríamos que los historiadores del año 2100 calificarán a este largo período de nuestra Historia como ‘la época del empresariado gobernante’.

Las últimas cinco administraciones que se instalaron en La Moneda (1973-2009) dan fe de lo anterior con sus actuaciones más relevantes, y la actual, la del derechista Sebastián Piñera, ni hablar, pues los empresarios se han sentado por fin -democráticamente- en el apetecido sillón de O’Higgins para legislar en beneficio de sus intereses particulares.

Esos mismos intereses económicos de los actores sociales pudientes han sido responsables directos de los principales acontecimientos políticos experimentados por Chile desde el momento mismo de su independencia como nación soberana.  
 
En los pasados cuarenta años tales intereses lograron posicionarse como mandantes exclusivos, defenestrando cualquier iniciativa tendiente a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los dieciséis millones de chilenos. Pero el fracaso es, a todas luces, evidente.

Fueron esos intereses económicos los que dieron término a las ‘utopías’ e idealismo latinoamericano, derribando las intentonas subcontinentales de estructurar un mercado regional, pues desde los pasillos de la Universidad de Chicago dirigieron la carreta economicista que tiraban bueyes elegidos por los empresarios transnacionales, quienes impusieron condiciones feroces a los primeros gobiernos post-dictadura, y demostraron que su fuerza era suficiente para ahondar la brecha económica a su amaño e interés, y administrar el país desde las sombras, sin dar explícitamente la cara y dejando la responsabilidad social en manos de tiendas políticas que bajaron el moño ante el poder del dinero.

Lo mencionado en la líneas anteriores ya había ocurrido antes del retorno de la democracia; Chile pudo constatarlo cuando la Banca nacional entró en crisis gravísima – casi quiebra absoluta- y la dictadura pinochetista, dirigida por los ‘Chicago Boys’ de la época, solicitó un préstamo internacional de miles de millones de dólares que entregó graciosamente a las entidades bancarias, el cual fue pagado por los sufridos ciudadanos. Allí comenzó a fraguarse la máxima de los empresarios chilenos: capitalistas en las ganancias, socialistas en las pérdidas.

Paso a paso,  el empresariado no sólo supo rebajar drásticamente el tamaño del Estado sino, además, volcó a su favor, en forma dramática para las mayorías nacionales, las resoluciones que el país había adoptado históricamente.  
 
Es así que, por ejemplo, la nacionalización del cobre –votada favorablemente por la unanimidad del Congreso Nacional durante el gobierno de Salvador Allende- ha derivado en una nueva ‘privatización’ del metal rojo, ya que sólo los minerales de Codelco siguen en manos del Estado, pero el 70% de los actuales minerales en explotación pertenece a empresas privadas, criollas y/o transnacionales.

Si Codelco reconoce oficialmente que durante la gestión operativa en un año calendario obtiene una utilidad que supera los nueve mil millones de dólares, ¿cuál es entonces la verdadera utilidad económica alcanzada por los capitales privados en ese ámbito, y cuál su verdadero aporte en materia impositiva, tecnológica, ambiental y de producción agregada, habida consideración que ellos poseen el 70% del cobre nacional, y pagan un royalty ridículamente bajo e impuestos porcentualmente inferiores a los que tributa cualquier ciudadano chileno? Todos los actores políticos chilenos escabullen el cuerpo a esta pregunta.

Por otra parte, la crisis del gas -en los años 2005/2009- permitió desnudar la maraña empresarial y sus turbios intereses, pues el entonces ministro argentino de energía (Julio Miguel de Vido) emplazó al gobierno de Bachelet a través de la ministra Karen Poniachick –sin titubeos ni espuria caballerosidad- a detener las ansias devoradoras de los empresarios chilenos dedicados a la distribución de ese combustible, ya que estos compraban cada BTU de gas a cinco dólares y lo vendían a los consumidores chilenos a un precio que superaba los veinte dólares. Los argentinos, en cambio, compraban gas a Bolivia pagando cuatro dólares por cada BTU y lo vendían a sus ciudadanos a un precio inferior a los nueve dólares.

“Es que en Argentina gobierna el Gobierno, y no los empresarios”, manifestó el Presidente Néstor Kirchner en aquella ocasión. Buena palmada. Desde ese momento, las pataletas y griteríos empresariales chilenos por el asunto del gas pasaron a un extraño y silente oscurantismo. Pero los distribuidores privados siguieron vendiendo a los consumidores nacionales el combustible a veinte dólares el BTU. Hasta ahora (año 2010), parece que no hay cascabel para ese gato.

Los graves e insoportables tropezones del ‘Transantiago’ apuntaron en la misma dirección. La idea del gobierno de Bachelet fue, sin dudas, buena, necesaria y civilizada. Mejorar sustancialmente el paleolítico sistema de microbuses a granel que Santiago soportaba desde siempre, era por cierto una iniciativa que merecía apoyo total. Sin embargo, ello hirió las billeteras de algunos empresarios ‘históricos’ del transporte urbano, los mismos que extraña e increíblemente habían sido aceptados por el gobierno de Ricardo Lagos en el nuevo Plan.

A poco andar, esos empresarios colocaron las primeras grandes piedras a la marcha del nuevo transporte; escatimaron responder a lo acordado por contratos y mantuvieron a cientos de máquinas en sus parques de estacionamiento, dejando a miles de santiaguinos sin locomoción y con un cuello más largo que el de los cisnes. No contentos con lo anterior, uno de esos ‘patrones’ (de apellido Navarrete) obligó a sus conductores a firmar contratos en blanco, mientras que otros dueños de buses estipularon salarios por bajo el mínimo acordado con el gobierno.  
 
La idea, entonces, era y sigue siendo el regreso de la ‘selva’ microbusera que tantos réditos económicos les ha dado. Otro gato que hasta ahora no cuenta con cascabel.

Hoy, el ochenta por ciento de las actividades industriales, extractivas, comerciales y de servicios está en manos de un empresariado que sigue pujando por conseguir el veinte por ciento restante. El gas, el agua potable, el sistema de redes de alcantarillado, la luz eléctrica, la telefonía, el sistema previsional, la minería, la pesca, la riqueza forestal, la agricultura, las aguas de ríos y lagos, el transporte público, las rutas y principales carreteras del país, los cementerios, las otrora florecientes industrias creadas por CORFO, las universidades y la educación en su casi totalidad (al igual que la Salud), la capacitación laboral, los glaciares, las hoyas hidrográficas, e incluso los gobiernos ‘democráticos’ y el propio Congreso Nacional, además de un largo etcétera, se encuentran en poder de empresarios privados.

Por ello, habida consideración de lo descrito, la hora del empresariado es ya suficientemente extensa, pero –digámoslo sin ningún temor a equivocarnos- ese empresariado y esa hora han sido incapaces de satisfacer las necesidades de la mayoría de los chilenos.  
 
Es momento de comenzar una redistribución justa, equitativa y digna que, por cierto, no desmedre ni ponga en riesgo la actividad privada pero que, en razón de la justicia, dé respuesta positiva a las demandas de la población.

En buen romance y palabras simples, hay que dilucidar si tendremos un Estado enano e insignificante, o un Estado adecuado a los tiempos, macizo y eficiente.

Se trata, entonces, de uno de los temas de mayor significación en el momento actual, y la clase política deberá ocuparse con seriedad de él…a menos, claro, que los chilenos –informados y usando su soberanía- una vez más, torpemente, estimen lo contrario, lo cual también podría ocurrir ya que la mayoría de nuestro pueblo está preocupada principalmente en saber quién ganará el último ‘realitie’ televisivo, o qué canal de TV encabeza el ranking de telenovelas.

Arturo Alejandro Muñoz

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