Columnas
2010-05-11
2286 lecturas

Angel Saldomando
especial para G80

Crisis de Honduras: segundo round

La normalización política de Honduras tiene significativos obstáculos, tanto nacionales como internacionales. La crisis que produjo el golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, no se ha cerrado con la elección de Porfirio Lobo como nuevo presidente.  La lectura de la situación generada en Honduras tiene diferentes intereses que trascienden a los propios actores locales, su análisis sigue revelando las posiciones que se disputan en la región, no todas consecuentes con el objetivo de la democratización.

Un golpe de estado internacionalizado

La caída del presidente Zelaya mediante un golpe de fuerza propulsó la crisis política hondureña hasta ese momento, doméstica y larvada, al escenario internacional.

Las justificaciones golpistas sostenían que el derrocamiento de Zelaya estaba avalado por un mandato tanto judicial como legislativo que respondía a su comportamiento inconstitucional, ilegal por lo tanto,  de buscar reformar la constitución con afanes continuistas prohibidos. Los argumentos de los zelayistas respondían que el golpe de estado era ilegal y antidemocrático, hecho por  una coalición conservadora que impedía el cambio mediante una consulta ciudadana sobre la eventual reforma de la constitución.  

Lo cierto es que en Honduras había una crisis política derivada de un enfrentamiento entre grupos de poder atrincherados en las instituciones, de Zelaya y sus opositores. La crisis no estaba en las calles, la gente esperaba las elecciones y el país estaba en campaña electoral.

Pero ante el bloqueo institucional y  la búsqueda de soluciones de hecho, los grupos de poder atrincherados eliminaron la política, la negociación y las instituciones. El conflicto se volvió un enfrentamiento abierto para dirimir la correlación de fuerzas y Zelaya perdió la pulseada. El golpe trasladó la crisis intra institucional a la calle con su correlato de enfrentamientos y represión.

Este cuadro clásico de crisis entre grupos de poder dominantes y no entre proyectos políticos, revolucionario y reaccionario como lo pintaron algunos interesados, adquirió sin embargo características particulares que lo convirtieron en un test latinoamericano y ahora está entrampado en el, aunque no inmovilizado.

El golpe no fue negado por sus autores, fue explicado como una interrupción necesaria y que se respetaba tanto el calendario electoral y el resultado de las elecciones por venir.

La resistencia zelayista se posicionó como frente a un golpe clásico donde los militares toman el poder, clausuran todas las instituciones, los partidos, la represión es masiva y se desencadena un proceso de enfrentamiento.

Los actores externos se posicionaron en base a lecturas muy distintas. Chavez y sus aliados, dieron apoyo directo de Zelaya pretendieron presentar las cosas no solo como un golpe anti democrático sino que como el inicio de un ataque a los gobiernos de izquierda en la región.

Veían entonces una amenaza directa y en sus momentos más delirantes Chávez habló hasta de intervenir militarmente. Los gobiernos electos fuera de la órbita chavista también percibieron el peligro que un gobierno democrático fuera derrocado, cualquiera fuera la justificación, para luego aceptar nuevas elecciones como que no hubiera pasado nada.

Brasil, Argentina llevaron la voz cantante en esto. La OEA y otros países como Costa Rica buscaron una solución intermedia, facilitar un arreglo, restituir a Zelaya y normalizar la situación con las próximas elecciones. Los Estados Unidos, actor de peso principal, avaló la tesis golpista y le dio oxigeno para llegar hasta las elecciones, como solución final.

La trascendencia de la crisis hondureña se constituyó entonces en un revelador de aspectos críticos, hasta ese momento ignorado, en el marco de la euforia creada por la sucesión de de gobiernos electos en la región, algo inédito.

En primer lugar se vio que la posibilidad de golpes y derrocamientos no ha desparecido completamente y que en muchos países fuerzas de facto condicionan el desarrollo democrático. En segundo lugar quedó en evidencia que ser electo y gobernar democráticamente son dos cosas distintas, por último se revelaron las divergencias entre los países latinoamericanos ante situaciones de este tipo.

El camino tortuoso de la normalización

El desarrollo de las elecciones, el reconocimiento del nuevo presidente y la desaparición del gobierno de facto de Micheleti se presentaron como el inicio de la normalización política. El nuevo presidente Porfirio Lobo asumió con un discurso de apertura política y de reconciliación.

Sin embargo tanto en el frente interno como en el externo el camino se ha hecho difícil.

La instalación de la comisión de la verdad, el retorno de Zelaya y un dialogo nacional son las condiciones internas. La primera acaba de ser instalada pero desde ya con fuertes criticas. Se le acusa de recoger 230 casos contra el movimiento de resistencia y sólo 7 casos de la represión oficial. Los asesinatos de periodistas y otros actos de apremio son también señales negativas para la normalización.

El reconocimiento externo también ha sido problemático. Estados Unidos, Perú, Colombia, El Salvador están por reconocer el nuevo presidente. México Brasil y Argentina manifiestan reticencias, mientras que Venezuela, Bolivia Ecuador están en contra. Otros países oscilan según la situación. De hecho esto ha obligado al presidente Lobo a una suerte de zigzag para evitar los repudios y asistir allí donde es bienvenido.
 
Las diferentes posiciones le dejan un camino estrecho a Honduras, la cuestión es que tanto contribuyen a la democratización del país.

Si bien el antecedente del golpe es un hecho, la normalización política no se puede bloquear por ello. De ser asi muchas transiciones políticas en América latina que se realizaron en un contexto dictatorial, en particular la chilena y otras, no podrían haber sido reconocidas.

Lo importante ahora es identificar los componentes y el itinerario de un proceso democratizador, esto es lo que no está claro. Ese proceso es el que debería ser monitoreado y evaluado interna y externamente, abriendo un espacio político y no poniéndole obstáculos, bloqueando la situación.

Las fuerzas políticas tradicionales en Honduras se habían encargado de ir esterilizando reformas políticas democratizadoras, Zelaya no supo dinamizarlas y los golpistas suspiraban por restaurar el statu quo. Sin embargo una agenda prometedora se había perfilando en torno a la lucha contra la corrupción, la elección de cargos en la corte suprema, el aumento de la transparencia, los espacios de participación, la descentralización por citar algunos. La agenda democratizadora puede recomponerse, la cuestión más de fondo es si hay fuerzas que pueden jugar un papel en ello y se comprometan.

Eso pasa por un ejercicio de lucidez política y de abandono tanto de posiciones ideologizadas fuera de contexto como de posiciones formalistas que se comprometan solo con el papel y no con la letra de la democracia.

Angel Saldomando
Mayo 2010

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