Columnas
2010-07-09
2455 lecturas

Roberto Ávila
especial para G80

La responsabilidad del Estado en el procesamiento ilegal de un ciudadano

Con ocasión de la detención y exhibición ante la prensa de un ciudadano bajo imputación de graves delitos sexuales, que en definitiva resultó ser inocente, se reinstaló la interrogante en cuanto a que responsabilidad le cabe al estado en situaciones como esta.

La responsabilidad jurídica es la posibilidad legal de dirigir una sanción en contra de un sujeto de derecho, persona natural o jurídica..

Se distingue entre: a.- responsabilidad civil; que se traduce en la obligación de indemnizar económicamente un perjuicio, b.- responsabilidad penal; que se expresa en lo esencial  en la suspensión del derecho constitucional a la libertad, c.- responsabilidad administrativa o funcionaria; que se hace efectiva como una limitación o  la pérdida de la carrera funcionaria y  d.- la responsabilidad política que habitualmente se manifiesta en dejar consignado un actuar político reprochable que será juzgado por los ciudadanos en las elecciones y muy excepcionalmente puede implicar también  la destitución del cargo.

Nos estamos interrogando sobre que sanción se puede dirigir en contra del estado y sus funcionarios por el procesamiento injusto e ilegal de una persona con todo lo que ello conlleva.

Nuestro estado se organiza en razón de nuestra historia republicana como un estado democrático y así lo consigna el artículo 4   de la Constitución. Ello implica que todas las autoridades ejercen sus funciones en razón de un mandato inmediato de la ciudadanía o de un mandato de estas a través de procedimientos o instituciones legales. El soberano es el pueblo, aunque el artículo 5 hable de La Nación. No hay autoridad alguna que tenga soberanía propia, todas tienen atribuciones y potestades por delegación ergo todas son susceptibles de  responsabilidades así se deduce claramente de los artículos 6,7 y 8 del texto constitucional..

Si  alguien fuera sometido a proceso en razón de resoluciones judiciales manifiestamente injustas y dolosamente inspiradas es decir “con la conciencia de la significación del hecho para el derecho (Franz List) nos encontramos en presencia de la figura penal de la prevaricación que genéricamente podríamos definir como “la torcida administración de justicia”, es decir llevar adelante un proceso  sabiendo que el imputado es inocente y con el sólo afán de perjudicarlo.

Esta situación es bastante poco frecuente, y esta penalizada en los artículos 223 y siguientes del Código penal, que reglamentas la actuación de los jueces, el Ministerio Publico, los abogados y hasta las autoridades de la administración pública en general.  Lo que aquí se sanciona es la deslealtad con la justicia en general.

Pero puede darse otro caso, mucho más frecuente, que es el actuar poco prolijo o negligente (no doloso) de la administración de justicia (jueces y/o ministerio publico) que tenga como resultado un encausamiento judicial a un inocente. Esto se da muchas veces porque los ciudadanos somos impacientes y no tenemos conciencia de las dificultades investigativas que presentan algunos hechos delictuales y exigimos resultados a la mayor prontitud. No siempre los funcionarios del estado soportan esta presión y a veces apresuran conclusiones que después resultan erróneas. Claro esta, que esta explicación es un intento de compresión sico/sociológica  y no una exculpación jurídica.

Para este tipo de situaciones de responsabilidad civil, no penal, la Constitución Política ha dispuesto en su artículo 19 numero 7 letra I “ Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”

Existe entonces un derecho a ser reparado civilmente de las resoluciones que sean declaradas por la Corte Suprema injustificadamente erróneas o arbitrarias.

Sin embargo, esta garantía constitucional no señala el procedimiento a través del cual pueda tramitarse esta acción quedando entonces a criterio de la propia Corte. Esta calificación de admisibilidad previa es perjudicial también al estado, pues que juez se atreverá a contradecir a la Corte Suprema?,  si esta ya ha dicho que la resolución  es injustificadamente errónea o arbitraria.

Por último esta garantía constitucional tendrá poca influencia en la conducta funcionar culposa, aunque no dolosa, en la medida en que no se produzca un efecto directo en la carrera del empleado público negligente.

Como en todo ámbito de cosas tenemos una institucionalidad perfectible, pero los ciudadanos no estamos en la indefensión de las resoluciones injustificadamente arbitrarias o erróneas que la administración de justicia y sus coadyudantes puedan dictar en nuestro perjuicio.

ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado
Profesor universitario
Robertoavila82@atinmail.com

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