Editorial
2015-04-27
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Coordinador Movimiento Generación 80, G-80


No se trata de adaptar las instituciones, es necesario cambiarlas

El impacto político de los casos Penta, Caval y SQM ha alcanzado la categoría de tsunami. El cuestionamiento a la institucionalidad que gobierna el país es cada vez más grande, aun cuando el tono y la forma que este cuestionamiento alcanza no se manifiesten de igual manera en todos los sectores.

Para algunos, los que no forman parte de los círculos del poder, es una muestra más de la forma en que las instituciones favorecen siempre a los mismos. Para otros no es más que un paso en falso de los muchos que ha habido en estos 25 años de democracia tutelada por los poderes fácticos. El caso MOP Gate es el más conocido pero la gente no olvida la destrucción de Ferrocarriles, Kodama, colusión de la farmacias, de las empresas de pollo, de los buses interprovinciales en fechas de fiestas/fines de semana largos y, yendo más atrás, Digeder, desmalezamiento de la Refinería de Concón, caso Coimas, y muchos otros.

Si la poca participación en las elecciones del año 2013 mostraron el afianzamiento de la desafección con la política de una mayoría de la población en edad de sufragar, la evidencia de que una parte importante de los electos para representar al pueblo han aprovechado su condición para enriquecerse y miran más a quienes los financian que a sus representados, amenaza con destruir la poca base social que da sustento al modelo de democracia que se ha impuesto en Chile. Más aun cuando el programa de la nueva mayoría buscaba reencantar a parte del electorado con reformas políticas y sociales en la línea de lo que se había instalado como las necesidades de una sociedad desigual e injusta. El primer año de gobierno de Bachelet buscó afanosamente reponer el vínculo emocional representado en la consigna de “la alegría ya viene”, esta vez dando respuesta a las demandas más sentidas de la población por educación para todos y derechos sociales conculcados. La constatación del estrecho vínculo entre políticos y empresarios lleva ahora la relación entre la nueva mayoría y el pueblo a su punto más bajo, en particular pues la base social que le dio el triunfo a Bachelet en la última elección presidencial forma parte de este sector del país que creyó que la actual mandataria rompería el amurallado que rodea las decisiones en la mayoría de los temas que les impactan directamente. El involucramiento de su hijo en las mismas máquinas de beneficio establecidas alrededor del estado, ha sido un balde de agua fría en las expectativas de cambio de buena parte de la sociedad.

Para la derecha, esa que había construido un ethos en la denominación popular y que creía superada su historia como representante de los poderosos, esta situación crítica la ha hecho retroceder 30 años de historia política. Recuperar el espacio de negociación con el que habían conseguido mantener la estructura del modelo neoliberal debe ser imposible, sin que medie un cambio radical en su constitución y en la configuración de sus liderazgos.

Por ello es que, tanto los partidos políticos de gobierno como de la derecha, ya han puesto en marcha la máquina que maquillará el sistema para proteger la institucionalidad del populismo o de la dictadura (ver entrevista en Reportajes de La Tercera del 15 de marzo a Mahmud Aleuy http://www.papeldigital.info/ltrep/2015/03/15/01/paginas/006.pdf)

Comprendemos, desde nuestra experiencia, que existe en Chile una crisis del sistema democrático, expresada crudamente en los últimos escándalos que remecen a los partidos políticos al desnudar su involucramiento con el poder económico y que han podido salir a la luz por el agotamiento de un modelo de representación que ha escondido el maridaje entre representantes y poderosos (civiles y empresarios), amparados en un modelo que los protege a nombre de una estabilidad política y social pactada que no es más que la estabilidad del sistema de privilegios construido por la dictadura cívico militar. Lo que observamos es el imperio de la ética del privilegio personal, aquella que se ampara en la legalidad de los actos estableciendo una separación con la legitimidad de los mismos.

Esta crisis del modo de representación democrática que se ha construido a partir del fin de la dictadura cívico militar, se produce al mismo momento en que culmina el destierro de la ciudadanía del ejercicio del poder. Es esta conciencia de derechos la que ha retomado fuerzas en estos últimos 10 años y que ha puesto en tela de juicio el modelo de desarrollo construido sobre las ideas y principios de quienes apoyaron el golpe y dibujaron el Chile de privilegios de hoy.

Creemos que la Corrupción es constitutiva de la forma en que hoy se construyen y ejecutan las políticas públicas, aquellas que debieran propender al bien común. El sistema de privilegios involucra hoy transversalmente a la política y está en el ADN de quienes buscan una posición de poder en la sociedad chilena. Erradicar la corrupción, es decir “uso y abuso del poder público para la generación de riqueza privada” tal como lo define el profesor José Zalaquett, erradicar el derecho de unos pocos por sobre los demás, requiere de un cambio en la institucionalidad política, en la forma en que se genera y delega el poder y de la forma en que se ejerce control social sobre ésta. Se requiere reponer el imperio de la ética de lo público por sobre lo privado. Se requiere no sólo del acto de admitir las responsabilidades, es necesario pedir perdón por lo obrado en contra de la comunidad y de la reparación del daño causado.

En esta misma línea, la comisión nombrada por el gobierno para proponer medidas de combate a la Corrupción y el Tráfico de Influencias, tiene como objetivo corregir los errores de la actual institucionalidad. No está en sus alcances el reformar esta para corregir de fondo los factores que permiten que la democracia sea capturada por los poderes fácticos. Aun cuando en el discurso de presentación de la comisión la Presidenta dejó en claro el diagnóstico (“hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social”, “Está en juego la Democracia, pues su fortaleza descansa en la confianza de los ciudadanos”) las medidas que se pueden elaborar en el marco propuesto están lejos de ser las que se requieren para cortar los vasos comunicantes entre el poder político y el poder económico empresarial. Se trata de un entramado homogéneo de beneficios que arranca desde el final de la dictadura, cuando las grandes fortunas del país entendieron que les era más conveniente un cambio en el sistema político para el aumento de sus beneficios, un sistema político eso si tutelado, restringido a los sectores que, en ese momento histórico, decidieron transar. Lo que se perdió en ese acto de entrega es la soberanía popular.

Ahora no se trata de adaptar las instituciones, es necesario cambiarlas. Esto es lo que hemos ido a declarar a la comisión, en un esfuerzo por dejar en claro que el debate no puede restringirse a tímidas reformas y el aumento de la penalidad y los delitos relacionados con la corrupción. Lo que debe resultar de este debate, si es que de verdad se quiere avanzar a la solución del maridaje entre política y sectores privilegiados es el de la participación popular.  El gran ausente en estos años de larga transición entre la dictadura militar y un sistema político que represente a todos, ha sido el pueblo organizado. Lo que se tiene que terminar son los acuerdos en la cocina de los Zaldivar, los Walker, los Silva, para pasar a tomar decisiones desde los involucrados. Son innumerables los casos, no de ahora, desde hace mucho, sólo baste recordar el conflicto en la represa de Ralco en el Biobío que terminó con cientos de Mapuches desplazados a la cordillera en pos del desarrollo nacional. Ahora las comunidades esperan que el gobierno los escuche a ellos en primer lugar, esperan que los beneficios que se discutan sean sus beneficios y no el de las trasnacionales. Efectivamente estamos hablando de un cambio radical en la forma de hacer y pensar, en cómo se van a medir los resultados del desarrollo. Lo de Penta es sólo una muestra de cómo se han manejado las decisiones de políticas públicas en los últimos 25 años. El problema no es la sólo relación entre el dinero y la política, esto es una consecuencia de un problema más básico, la comprensión de los actores políticos de que al ser elegidos reciben un permiso especial para gobernar por sus representantes. Esta cesión de derechos les permite actuar al margen de sus representados, opera como una carta blanca que permite, por ejemplo, el enriquecimiento personal mientras dura su cargo de representación. Esto es lo que se debe terminar.

Entonces estamos hablando de toda la institucionalidad democrática. Estamos hablando de que la reforma electoral recién aprobada por el congreso no es lo que necesita Chile. Se requiere un cambio en la forma de gobernar que de poder a quienes son los originadores de éste. El problema de fondo es que el pueblo, el soberano, no puede (y a veces no quiere) auditar a sus representantes (incluyendo la presidencia de la república) y coherente con ello, si es que hay razones, recuperar su poder. Esta ausencia de una auditoría popular es parte de un diseño político que está incluido en la constitución de 1980 y que asegura los privilegios de los más poderosos. Lo que proponemos son medidas que apunten en la dirección correcta. Se debe legislar sobre el plebiscito popular para todas aquellas medidas en las que se ve afectado el beneficio público, desde la forma que debe tomar el sistema educacional, si es un delito el aborto, si se debe firmar un tratado comercial con otro país, etc. Y por supuesto, si se debe cambiar la constitución. Para algunas de estas decisiones se deberá consultar con más detalle al pueblo, por ejemplo para los contenidos de la nueva constitución, mediante una asamblea constituyente.

Se debe legislar para la revocatoria de mandato de los representantes populares que no cumplan con su cometido. Esta revocatoria debe ser aplicada hasta el cargo de presidente de la república, de manera que sea el pueblo el que ratifique su mandato.

El comité para la descentralización que ha emanado un informe hace pocos meses ha propuesto trasladar hacia las regiones un conjunto de decisiones y capacidades que en definitiva se traducen en dar mayor poder a las autoridades locales. Esto es correcto y este es el momento en que se haga efectiva la descentralización. Esta es una medida que apunta justo en la dirección de impedir que la gran concentración del poder económico y político en Santiago permita precisamente la colusión de los poderes fácticos. Más poder en las regiones, en las comunas, en las comunidades permitirá un mayor control sobre las decisiones de políticas públicas.

Se trata entonces de una nueva definición de la Democracia, una en la que quepamos todos en igualdad de oportunidades y capacidades.

Las comunidades en conflicto han dado muestras de lo importante de escuchar a todos los involucrados. Este debe ser la esencia del cambio que se debe comenzar a construir.

Coordinador Movimiento Generación 80, G-80

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