Editorial
2009-08-14
5486 lecturas

Coordinador Movimiento Generación 80, G80


INTIFADA MAPUCHE


Alex Lemún PRESENTE
Matías Catrileo PRESENTE
Jaime Mendoza PRESENTE

Resuena, en la Araucanía y en los corazones de todos los que luchan por la justicia, la democracia y la libertad, los nombres de estos valientes mocetones que enfrentan con boleadoras y chuecas al Estado chileno.

El calificativo de “conflicto mapuche” es tendencioso y refleja desde dónde se pretende abordar la temática. La expresión supone que el conflicto es de los mapuche y no uno que nos involucra a todos como país y sociedad. Es una expresión de la mala leche, de ninguneo elaborada por el aparato político institucional.


LAS DEMANDAS DE LA ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

1.- Derechos Territoriales

a) Devolución del Territorio Mapuche desde el río Bíobío al Sur, a partir del reconocimiento explicito que el Estado hace sobre su existencia en el Tratado de Tapihue de (1825), Art. 19.

b) Fin a los Mega- Proyectos dentro del Territorio Mapuche (represas, hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, mineras, forestales, pesqueras, vertederos, etc.) y todas aquellas instalaciones empresariales instaladas en Territorio Mapuche que contaminan nuestro medio ambiente.

2.- Derechos Político / Jurídicos

a) Derogación de la racista Ley Nº 18.314 (Antiterrorista) y todas aquellas leyes que afectan nuestra existencia como Pueblo, especialmente del ámbito de los recursos naturales (agua, aire, ecosistemas, wigkul, etc.)

b) Libertad inmediata a todos los Presos Políticos Mapuche, encarcelados por recuperar nuestro territorio.

c) Indemnización a todos los Presos Políticos Mapuche y familiares de nuestros hermanos(a) asesinados y desaparecidos (clandestinos) en la lucha por la recuperación de nuestro territorio desde 1990.

d) Desmilitarización del Territorio Mapuche en su totalidad. Es decir, retiro inmediato de la policía militar chilena del entorno de nuestras comunidades que cuidan los intereses de latifundistas y forestales.

e) Reconocimiento al derecho a la Autonomía y la Autodeterminación, para la búsqueda de mecanismos de representación propia e interlocución política con el Estado.

Finalmente, planteamos que para la materialización de estas demandas, nuestro planteamiento busca INTERLOCUCIÓN DIRECTA y urgente con la Jefe del Estado de Chile, Presidenta Michelle Bachelet, sin intermediario alguno que dificulte la adecuada búsqueda de mecanismos de solución a un conflicto que los Mapuche no iniciamos y del cual hoy somos víctimas.
Se enmarca en la tradición oligárquica de larga data en el país que con la mal llamada "Pacificación de la Araucanía" implementada en el siglo XIX se pretendió arrasar con el pueblo mapuche llevando a cabo un verdadero genocidio en su contra. La expresión “pacificación”  fue el nombre propagandístico utilizado para ganarse a la opinión pública chilena  y así validar la  usurpación de las  tierras al sur del Bio-Bio. En realidad fue la ocupación de la Araucanía.

El conflicto es de antigua data, pero con la instauración del neoliberalismo ha adquirido otros ribetes. Frente a la enorme presión de las transnacionales forestales,  salmoneras, mineras y energéticas el Estado cede y cede sin claudicar.

Hoy nos encontramos frente a una situación no muy distinta a la que padece el pueblo palestino, es decir nos enfrentamos a un proceso de negación de un pueblo, el no ser reconocidos como nación, con todo los que esto conlleva.

La inconsecuencia del gobierno de Bachelet en esta materia es total, por un lado, proclama a cuatro vientos en los foros internacionales la dignidad y justicia de las reivindicaciones del pueblo mapuche, firma tratados y convenios que nunca cumple, y  por otro militariza la zona de la Araucanía para contrarrestar la violencia supuestamente imputable a comunidades mapuche.

Por la TV estatal sólo nos enteramos de “la ocupación ilegal de predios particulares”, o de la existencia de uniformados con lesiones en el cumplimiento del deber (esto es carabineros de fuerzas especiales con armamento de guerra que se enfrentan a mapuches con boleadoras).

Nada se informa sobre la militarización de la zona con la utilización de elementos de guerra disparados desde helicópteros contra las comunidades alzadas, hombres armados desplazándose por la zona, a semejanza de los paramilitares colombianos.

Ahora, el trasfondo de estos hechos, debe buscarse en la responsabilidad pasada y presente que tiene el Estado chileno frente a las comunidades mapuche para reconocer sus legítimas reivindicaciones históricas.
Los mapuche están haciendo uso del derecho de todo pueblo a la rebelión contra un orden injusto por medio de todas las formas necesarias. Esta legitimidad se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Dumanos(1) .

Las comunidades mapuche históricamente han utilizado múltiples mecanismos para defender y demandar respeto por sus derechos. Decenas de veces pactaron con representantes del Estado chileno y una y otra vez fueron engañados. Que frente al desposeimiento descarado de sus tierras por parte de empresas avaladas por el poder del Estado se revelen  resulta algo natural.

La legitimidad de las demandas de estas comunidades ha sido reconocida en numerosas ocasiones por el propio Estado. Fue reconocida por el gobierno al aprobar con su voto, el 2007, la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, donde se  reconoce el derecho a "la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado." (Artículo 28.1).

La actual acción de rebeldía de muchas comunidades difícilmente puede entenderse si no se tiene en consideración la dilación del Estado en atender a sus demandas de tierra y reconocimiento. La constatación de la propiedad ancestral que las comunidades tenían sobre los predios que reclaman y el proceso de desposeimiento al que fueron sometidas, a través de mecanismos fraudulentos, de sus tierras a manos de quienes hoy los detentan o por sus antecesores en la propiedad, está más que probado.

Por otra lado, la cantidad de gestos efectuados durante los últimos 20 años por el pueblo mapuche para llegar a algún grado de entendimiento con las instancias estatales son innumerables. Un claro ejemplo de la disposición a dialogar, es el reciente viaje de un centenar de representantes de comunidades mapuche coordinados en una Alianza Territorial a Santiago con el fin de entrevistarse con la Presidenta o sus representantes en la Moneda. La entrevista no sólo no se verificó, sino que además en la ocasión la delegación mapuche fue objeto de abierta discriminación por parte de efectivos policiales, los que no dejaron a la comitiva acercarse al palacio presidencial.  

La determinación de las comunidades que hoy hacen ocupación de los predios que reclaman e históricamente les pertenecen, sólo puede entenderse como su legítimo derecho.

Todo el aparato mediático del Estado se ha puesto al servicio de los usurpadores, los  hechos de violencia acaecidos han sido ejercidos fundamentalmente por carabineros. La certeza de que la utilización de la fuerza bruta es responsabilidad de las fuerzas policiales se demuestra por la cantidad de heridos y lesionados en los  enfrentamientos. Esta es la opinión de observadores independientes, como los informes de las ONU que sería absurdo catalogar de “pro mapuche”.

La violencia policial en contra de comunidades mapuche es un fenómeno habitual, sólo en lo que va corrido del año 2009 y antes del asesinato del joven Jaime Mendoza Collío, han sido denunciadas 15 de estas situaciones de violencia innecesaria en contra de personas o bienes de los mapuches. Este es un tema  que ya se denunciaba ante la comunidad internacional en la reciente revisión de la que Chile fue objeto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en mayo pasado.  En la oportunidad el Consejo recomendó a Chile fortalecer el control frente a las situaciones de abusos policiales, y asegurar su investigación y sanción, de modo de poner término a estas prácticas violatorias de derechos humanos, recomendación que de los dientes para afuera fue aceptada por el gobierno.

Como se puede ver, esta es la continuidad de la política denominada de Pacificación  que en realidad siempre fue una burda Ocupación a la fuerza de las tierras mapuche. Es una lucha de siglos, que incluso se agudizó con el establecimiento de la independencia.

Se registró una situación excepcional en el breve período de la Reforma Agraria, especialmente durante los años del gobierno de Allende, cuando sí se dieron pasos significativos de respeto a las demandas del pueblo mapuche. Pero fue un período breve y truncado.

El término de las situaciones de violencia policial que han afectado a los mapuche requiere de reformas políticas, jurídicas y de reparación histórica. La típica condena y rechazo de "los hechos de violencia, vengan de donde vengan", expresión hueca del Subsecretario Rosende, es inaceptable. El gobierno de la Presidenta Bachelet debe comenzar condenando la violencia desde donde se origina, vale decir de la usurpación de los capitalistas inescrupulosos y de los uniformados.

Un mínimo gesto de dignidad exige fiscalizar administrativamente hechos de violencia policial como los ocurridos en estos días en la Araucanía, y para perseguirlos ante la justicia.

El fondo del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, entre ellos, el de las tierras, no será resuelto, sin embargo, sin abordarlo políticamente. Se requiere por tanto que el gobierno priorice la estrategia política por sobre la estrategia policial.

Lo mínimo que se espera de la Presidenta es enviar al sur al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas e iniciar la apertura de espacios para un diálogo sobre los temas que generan los conflictos. Pero si insiste en anunciar el refuerzo del contingente policial en comunidades, y acciones legales en contra de los mapuche –incluída la ley (anti)terrorista, deberá tener conciencia que apaga fuego con bencina y su discursividad democrática se hará polvo.

El Convenio 169 de la OIT, que en septiembre entra en vigencia plena, establece lineamientos relevantes que podrían orientar un diálogo entre el mundo mapuche y el Estado para buscar soluciones a los problemas de fondo detrás de los conflictos; el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; el derecho a ser consultado, de buena fe y con miras a llegar a acuerdo, cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

En definitiva lo que el establichment llama “conflicto mapuche", excede con mucho el marco de un problema de "minorías discriminadas", en realidad se trata de un problema de soberanía que requiere debatir y acordar un verdadero estatuto de autonomía para una solución real. Chile es un Estado plurinacional. El pueblo mapuche es una nación, cuando dos naciones tienen conflictos, deben sentarse a negociar. Lo que corresponde es iniciar negociaciones entre la nación chilena y la nación mapuche, con miras a resolver el tema de la tierra y de la autodeterminación de los pueblos originarios.

Nos estamos acercando a una verdadera intifada en la zona mapuche y los verdugos paradójicamente serán "socialistas". El doble discurso de la Concertación en esta materia ya se le está dando vuelta. La izquierda debiera asumir plenamente esta dimensión de la lucha social sin pretender subordinar la demanda del pueblo mapuche. No hay espacio en esta materia para medias tintas.

Es necesario poner en el centro no solamente las demandas territoriales. Igual que el Pueblo Palestino, nuestro Pueblo Mapuche necesita soberanía y un estatuto de autonomía. Ningún pueblo ocupado puede demandar menos. Los terratenientes y empresas en la tierra de los mapuche deberían convertirse en tributarios de las comunidades y pagarles las contribuciones e impuestos a los soberanos ancestrales y legítimos de esos territorios, no al Estado ocupante chileno.

(1 “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas

Coordinador Movimiento Generación 80, G80

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