Editorial
2010-03-25
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Coordinador Movimiento Generación 80, G80


FRENTE A LAS CATÁSTROFES VIVIDAS POR NUESTRO PUEBLO, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN POPULAR

Al pueblo de Chile le llueve sobre mojado. Como si no hubiese sido suficiente castigo el triunfo electoral de la derecha en la segunda vuelta de la elección presidencial, ha debido soportar las consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero. Como siempre en estos casos, la catástrofe afectó mucho más a los sectores más pobres, y carenciados.

La fuerza desatada por la naturaleza se vio agravada por la inoperancia e irresponsabilidad del gobierno de la Concertación. Quedó en total evidencia que para gobernar no basta sólo con alambicadas maniobras comunicacionales. En las primeras horas luego del desastre, cuando el liderazgo político era más necesario que nunca, Bachelet y Piñera, se enfrascaron en una disputa mediática, en donde era más importante robar cámaras que tomar decisiones. A ello se sumó una incomprensible soberbia de las autoridades, que las llevó primero a minimizar los efectos de la catástrofe, y luego incluso a rechazar la ayuda internacional.

La responsabilidad mayor en el abandono que sufrieron millones de chilenos luego del terremoto, sin duda le corresponde al gobierno de Michelle Bachelet, en todos sus niveles. La catástrofe desnudó la vacuidad de su liderazgo, y dejó de manifiesto que su administración no fue más que un espejismo construido a punta de manipulaciones mediáticas sobre una población políticamente infantilizada,  producto de la destrucción y cooptación que por años han hecho  los gobiernos concertacionistas de las organizaciones sociales de base.  

El episodio más lamentable, y en donde quedó de manifiesto la esterilidad de la Concertación como proyecto de consolidación democrática y superación de la dictadura, fue el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas más amagadas por la catástrofe. Cuando correspondía conducir la fuerza militar bajo un liderazgo democrático claro, poniendo todos sus medios materiales y humanos al servicio de la protección y colaboración  con la población afectada, se optó por movilizarlas como una fuerza principalmente represiva, en traje de guerra, puesta al servicio de la protección de los intereses económicos de los empresarios y sectores más acomodados. La imagen de vehículos blindados tripulados por personal de ejército apuntando con sus armas a la población civil, es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática. La tortura y asesinato del poblador David Riquelme Ruiz en la comuna de Hualpén, Región del Bío Bío, a manos de infantes de marina durante el toque de queda, nos retrotrae a épocas que suponíamos superadas para siempre, y nos demuestra de manera categórica, que el respeto irrestricto por los derechos de los ciudadanos es una materia todavía pendiente al interior de nuestras Fuerzas Armadas.

Asimismo, y abandonando toda sutileza y toda pose democrática, los medios de comunicación alentaron y justificaron sin reservas la respuesta represiva implementada por el Gobierno.

En ese contexto, en medio  de las secuelas del terremoto, asumió el mando del ejecutivo Sebastián Piñera, quien con su proverbial oportunismo, decidió dar un giro programático de carácter estratégico a su gobierno, pretendiendo transformarlo en una suerte de “Gobierno de la Reconstrucción”. Es claro que Piñera aprovechará la cobertura política que le da el terremoto, para profundizar de forma más o menos subrepticia, la implementación de las políticas neoliberales de su gobierno. Los anuncios de eventuales ventas de lo que queda de las empresas públicas, o las declaraciones del Ministro de Energía señalando la conveniencia de contar con el proyecto eléctrico Hidroaysén como respaldo a la matriz energética nacional apuntan en esa dirección.

En definitiva, a la política clientelista y asistencialista desarrollada por los gobiernos concertacionistas, Piñera va a agregar el protagonismo de las grandes empresas privadas como los actores más relevantes de la reconstrucción, que bajo el pretexto de “la urgencia de la reconstrucción” se preparan para desarrollar suculentos negocios, lucrando con las necesidades de nuestros compatriotas más pobres.

Frente a este estado de cosas, los militantes de la izquierda debemos responder con la solidaridad de clase y organización popular desde la base.

Cientos de iniciativas han sido desplegadas en esa dirección, desde el momento mismo de la catástrofe, bajo la orientación común de impulsar la organización desde debajo de los sectores populares afectados, para convertirlos en sujetos activos, capaces de desarrollar sus propias actividades de solidaridad, y a la vez exigir y demandar organizadamente del poder político, ser considerados a la hora de definir los mecanismos de solución de sus problemas, en lugar de ser meros receptores pasivos de la caridad empresarial.

Sin duda será esa una tarea muy compleja y demandante,  pero que de seguro permitirá iniciar la construcción de un sujeto nuevo dentro de la política chilena, el pueblo unido y organizado desde su base.  

Las iniciativas de Partido Igualdad-Herramienta de los Pueblos, MPT,  FECH y decenas de otras organizaciones políticas y sociales  –incluyéndonos los propios militantes de G80–  nos han permitido recorrer las calles, villas, poblaciones, pueblos y ciudades de las regiones afectadas, llevando el mensaje democrático y subversivo de la solidaridad, de la unidad y de la organización de los de abajo,  son sin duda un buen inicio en ese camino.

Pero a la solidaridad y organización del pueblo, debemos sumar también la necesidad de instalar en el debate público, los grandes temas que oponiéndose al consenso de las elites dominantes, sean capaces de movilizar a los sectores populares y a las fuerzas democráticas. Es así como debemos movilizarnos para exigir se establezca un royalty a las grandes mineras, y derechamente la total renacionalización del cobre como el mecanismo principal para financiar los gastos de reconstrucción. Es el momento de exigir que los servicios públicos estratégicos como el agua, la energía y las comunicaciones  dejen de ser una fuente de lucro para  los privados, y vuelvan a manos del Estado. Es el momento de exigir la redefinición profunda del rol de la fuerzas armadas,  que en una sociedad democrática deben estar siempre dispuestas a colaborar con el pueblo, y no a reprimirlo. Debemos exigir la implementación de programas de planificación participativa en el desarrollo de los centros urbanos, no dejando el desarrollo de las ciudades a los dictados de las decisiones de los grandes capitalistas inmobiliarios.

La tarea actual y urgente de las organizaciones y colectivos de izquierda, es colaborar en la articulación de la solidaridad popular, potenciar las redes y construir sin sectarismo una plataforma que desde la base se constituya en una alternativa al modelo neoliberal.

Terremoto y tsunami en Chile #terremotochile

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